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En 2022, al menos 26 personas habrían muerto por acciones de la Policía, denunció este jueves la ong Temblores, al publicar un informe sobre la violencia policial en 2022. Esta organización, dedicada a documentar y analizar la relación de la Policía con los ciudadanos, tiene cuenta de 341 casos de agresiones cometidas por uniformados a lo largo del año pasado, buena parte de los cuales ocurrieron en contextos de protesta. Ante ese escenario, le pidieron al Gobierno que se comprometa con una reforma de la institución.
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Según el Reporte de hechos de violencia policial de 2022, publicado este jueves, Temblores documentó y verificó que hubo 552 víctimas de diferentes tipos de violencia por parte de miembros de la Policía. Entre ellos, 26 casos de muertes, 16 de violencia sexual y 164 de violencia física. “Si bien desde junio veníamos registrando una disminución en los casos de violencia policial reportados, en octubre nuevamente registramos un aumento de estos hechos”, añadió la ong en el informe.
De las 26 muertes que tiene registro Temblores, 23 se dieron por impactos de bala. Los tres casos restantes ocurrieron por un politraumatismo, porque la víctima fue atropellada con un vehículo y por las cargas eléctricas de un taser. “Esta última pone en evidencia el carácter letal de las armas de letalidad reducida”, subrayó la ong, pues por este mismo mecanismo fue asesinado el estudiante de Derecho Javier Ordóñez en 2019, en hechos que derivaron en masivas protestas a las que se respondió con dura represión por parte de la institución.
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La mayoría de las muertes, a su vez, se dieron en contextos que Temblores llama “escenarios cotidianos”. Es decir, “trabajo en el espacio público, tránsito en el espacio público, actividades artísticas y comunitarias en el espacio público, ocio en el espacio público y habitancia en el espacio público”. Además, cinco personas murieron por acciones de la Policía en contextos de ocio en el espacio público, cuatro en retenes, tres en persecuciones policiales, tres en irrupciones a espacios privados, entre otros casos.
Frente al contexto de los casos, Temblores denunció que evidencian “que la interacción cercana, recurrente y cotidiana entre la policía y la ciudadanía en ocasiones puede llevar a que graves violaciones a los derechos humanos, como los homicidios, sean cometidas por parte de los miembros de la Fuerza Pública”. Asimismo, una persona perdió la vida en hechos de protesta en 2022, pese a numerosos pronunciamientos de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Suprema de Justicia, que han impartido instrucciones a la Policía para que ajusten su respuesta a las manifestaciones.
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No obstante, los contextos en los que Temblores más registró agresiones son los contextos cotidianos. “Allí se presentan prácticas como agresiones físicas, violencia verbal, violencia sexual y comparendos injustificados”, denunció la ong. Y añadió: “Hacemos un llamado para que la Fuerza Pública no intervenga de forma violenta en espacios que hacen parte de la cotidianidad de la ciudadanía y que la interacción policial con ciudadanías que hacen constante uso del espacio público no esté atravesada por la arbitrariedad”.
Finalmente, Temblores denunció que tiene registro de 16 casos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la Policía. Además, explicaron: “8 fueron hombres, es decir, un 50% de los casos, 6 mujeres (37,5%) de las cuales 1 es una mujer trans y 2 personas no binarias (12,5%)”. Algunos de estos casos, según la organización, ocurrieron cuando las personas acudieron a la Policía buscando ayuda porque habían sido víctimas de violencia sexual o de género por parte de un tercero, solo para ser agredidas nuevamente.
Ante este panorama, la ong le recordó al gobierno del presidente Gustavo Petro que ha prometido la reforma de la Policía. Según la organización, esa iniciativa debe ser estructural, y debe tener en cuenta las posturas de las víctimas y de la sociedad civil. Precisamente, esto lo subrayó la CIDH en su reciente visita a Colombia para presentar un diagnóstico del cumplimiento de las recomendaciones que había dado en medio del convulso paro nacional de 2021: si bien el organismo internacional reconoció algunos avances en la transformación policial, aún queda mucho por hacer. Y las víctimas han quedado relegadas.
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