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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó que, durante 2023, se han presentado 58 amenazas contra periodistas, ocurridas en 22 departamentos del país. “Esta cifra retrata un escenario preocupante sobre la seguridad de quienes ejercen periodismo en Colombia: un periodista es amenazado cada dos días”, expone la Fundación.
Adicionalmente, se registra que la mayoría de estas agresiones se presentaron en Bogotá y en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño; dónde muchas de estas intimidaciones estarían relacionadas con investigaciones sobre temas de seguridad, administración pública y conflicto armado.
De acuerdo con información de la organización, Bogotá es la ciudad en dónde más se han reportado amenazas con una suma de seis casos en 2023. “Esto se puede deber a que en la capital se concentra un gran número de medios de comunicación digitales, comunitarios, de prensa escrita, radio y televisión”, explica la FLIP, y añade, que la capital es una ciudad en la que la prensa suele recibir hostigamientos de personas desconocidas como represalia por el cubrimiento que hacen a temas de administración pública, política y seguridad.
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Sin embargo, analiza la FLIP, el panorama a nivel departamental es diferente: 26 de las 58 amenazas registradas provienen de grupos armados ilegales. “Del total de los casos registrados, 26 provenían de bandas criminales, disidencias y guerrillas, cinco casos más que en 2022. También hemos evidenciado que en zonas en las que estos grupos son más fuertes, como Arauca y Norte de Santander, se busca con más frecuencia atacar a periodistas que informan sobre conflicto armado, narcotráfico y asuntos de seguridad”, registra la Fundación.
Las formas de violencia en las que los periodistas son amenazados se dan de la siguiente manera, según la organización: los integrantes de grupos armados suelen abordar a los periodistas con panfletos que dejan en sus residencias y lugares de trabajo o les hacen llamadas desde números privados o desde celulares públicos; además de aquellas amenazas que se dan en entornos digitales, pues 20 de las 58 amenazas fueron hechas a través de las redes sociales. Tales actos de violencia digital suelen ir acompañados de emoticones (calaveras, ataúdes, cuchillos y cruces), de amenazas a familiares de los periodistas o fotografías de ellos en algún lugar público, para hacerles saber que están siendo vigilados, según la información documentada por la FLIP.
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Estos amedrentamientos en contra de periodistas tienen un profundo impacto en la democracia, “no solo impide el flujo de información para la ciudadanía, sino que, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inhibe a aquellos ciudadanos o ciudadanas que quieren denunciar abusos de poder, irregularidades, o actos ilícitos de cualquier naturaleza”, tal y como lo reflexiona la Fundación.
Además, en su informe, la FLIP le llama la atención al Estado para prevenir y sancionar la violencia en contra de la prensa y de todos aquellos que divulguen discursos para respaldar el trabajo de los medios de comunicación. “Las amenazas tienen un profundo impacto psicológico en las y los periodistas que, eventualmente, puede tener graves consecuencias psicoemocionales y llevarles a optar por la censura, el silencio o el desplazamiento”, se lee en el documento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
