El primero de mayo de 2007, Martha Sánchez, de 16 años, fue capturada cuando atacó por la espalda con un cuchillo a Julio Esparza, de 77 años, quien sufrió una herida en el pulmón izquierdo que le produjo una incapacidad de 35 días con lesiones definitivas. Al día siguiente, un Juzgado Penal para Adolescentes inició un proceso por homicidio agravado que derivó en un internamiento preventivo de 18 meses en el Hogar Femenino ‘Luis Amigó’.
Es apenas uno más de los miles de casos judiciales en los que se ven involucrados los jóvenes en el país. Desde que entró en vigencia, hace 15 meses, el Código de la Infancia y la Adolescencia, se han realizado casi 19 mil audiencias en los juzgados penales para adolescentes en Bogotá, Cali, Medellín, Armenia, Manizales, Pereira y Buga. Dicho de otro modo, a diario se efectúan 62 audiencias a menores de edad por delitos de distinta índole.
Un informe del Consejo de la Judicatura, conocido por El Espectador, revela que el 68% de estas audiencias se relaciona con legalizaciones de capturas, imputaciones de cargos y medidas de aseguramiento. Un total de 112 jueces tienen la responsabilidad de procesar a los jóvenes. Curiosamente hay más jueces de menores en ciudades intermedias como Manizales, que tiene 54, que en la capital del país, que apenas cuenta con nueve, pese a que Bogotá es 14 veces más grande.
El documento contiene datos alarmantes: en la actualidad existen 1.365 menores con medidas de internamiento. El 75% de ellos se encuentran en Bogotá. Los delitos más recurrentes de los adolescentes son el hurto, con un 51%; el tráfico de estupefacientes, con el 13%; porte ilegal de armas, un 4%; lesiones personales, un 3%; defraudaciones a los derechos de autor, un 2%; delitos sexuales, un 1%, entre otros.
Generalmente los jóvenes que delinquen tienen patrones parecidos: crecieron en un ambiente familiar de maltrato o abandono; o fueron presionados por factores externos como pandillas de barrio que los empujaron al delito. Según el informe, a uno de cada cuatro adolescentes se les impone la sanción de libertad vigilada, que consiste en que el joven tiene que reportarse con frecuencia a las autoridades. Dependiendo de la gravedad de sus acciones, a un 20% de los menores se les afecta con la privación de la libertad.
Muchos de ellos tienen que prestarle servicios a la comunidad y cursos de reglas de conducta. Otra cifra que preocupa es que el 25% de las sanciones por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se presenta en niñas. Investigadores sostienen que las menores son utilizadas debido a su facilidad para pasar inadvertidas por las autoridades. Un 12% de las sanciones impuestas por los jueces por el delito de hurto corresponde a adolescentes.
Por último, registra el informe, en cuanto al porte ilegal de armas, una de cada cinco jóvenes mujeres fueron condenadas por este delito. En esencia, lo que revela el documento elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura es que la problemática juvenil se está convirtiendo en un círculo vicioso al que hay que prestarle atención con el fin de evitar que los adolescentes terminen tentados por bandas criminales o pandillas de barrio que lo único que hacen es ponerle cerrojo a sus oportunidades.
Por El Espectador
