En Bogotá solo hay 29 jueces y 58 empleados para resolver 2 mil amnistías e indultos

Los jueces de ejecución de penas de Bogotá están trabajando con las uñas. Esta fue una de las frases con las que voceros de sindicatos de este sector de la Rama Judicial explicaron la complicada situación que viven los juzgados en la capital. No hay manos suficientes para el trabajo que se está represando en sus escritorios, denunciaron los voceros y, además, aseguraron que si el Gobierno no hace nada al respecto, el sistema va a colapsar, no solo en Bogotá, sino en el resto del país. 

Para explicar por qué su llamado es urgente, los sindicatos expusieron una serie de números que les darían la razón. Según María del Pilar Arano, jueza y presidenta de Asonal Judical en Bogotá, en este momento los 29 jueces y 58 empleados en los despachos de la ciudad manejan 57.864 casos, cuando en realidad, para manejar esta cifra de procesos, necesitarían mínimo 100 empleados. “El año pasado el Gobierno asignó unos cargos de descongestión. Para eso, se dispuso $5 mil millones que puso el Consejo Superior de la Judicatura y no se ha repuesto ese dinero”, señaló Arango.

(Le podría interesar: “Queremos un sistema de procesos eficiente”: coordinador de servicios de Paloquemao)

“Encima de todo les hicimos un préstamo al Gobierno para suplir esos cargos porque eran absolutamente necesarios para el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en específico, lo que tiene que ver con los procesos de indultos y amnistías y libertades”, agregó la vocera del sindicato. Arango asegura que es humanamente imposible cumplir con la carga de los procesos. Una de sus compañeras de Asonal Judicial, Pilar Rey Molina, es otra de las voceras que tiene otras cifras que les sirven para demostrar la congestión que hay en el sistema. 

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Según sus cuentas, de esos más de 57.864 procesos, hay 16.000 que corresponden a personas privadas de la libertad y son 2.000 los que corresponden a exmiembros de las Farc que están solicitando libertades, amnistías, indultos o que sus casos sean enviados a la JEP de manera urgente. “Pero hoy solo tenemos a un notificador para los procesos relacionados con el Acuerdo de Paz. Más encima de todo, tenemos que atender el resto de casos, a las víctimas que presentan nuevos casos, tutelas y a los abogados de los procesos”, resaltó Rey Molina.

(Lea sobre las cinco ideas para salvar a la justicia aquí)

Aunque los voceros aseguran que han hecho todo lo posible por colaborar con la implementación del Acuerdo de Paz, no entienden por qué a la Rama Judicial no se les tuvo en cuenta a la hora de negociar temas que tienen que ver con su trabajo y por qué no se les dio el presupuesto para poder cumplir con sus tareas. “Tenemos un represamiento de miles de procesos pero no tenemos personal para resolverlos. No podemos con todo”, señaló uno de los voceros del sindicato. 

Se espera que la semana entrante los representantes de la Rama Judicial se reúnan con funcionarios del Ministerio de Justicia para explicarles la situación y pedir, nuevamente, un auxilio para poder resolver los casos de manera oportuna. 

Los jueces de ejecución de penas de Bogotá están trabajando con las uñas. Esta fue una de las frases con las que voceros de sindicatos de este sector de la Rama Judicial explicaron la complicada situación que viven los juzgados en la capital. No hay manos suficientes para el trabajo que se está represando en sus escritorios, denunciaron los voceros y, además, aseguraron que si el Gobierno no hace nada al respecto, el sistema va a colapsar, no solo en Bogotá, sino en el resto del país. 

Para explicar por qué su llamado es urgente, los sindicatos expusieron una serie de números que les darían la razón. Según María del Pilar Arano, jueza y presidenta de Asonal Judical en Bogotá, en este momento los 29 jueces y 58 empleados en los despachos de la ciudad manejan 57.864 casos, cuando en realidad, para manejar esta cifra de procesos, necesitarían mínimo 100 empleados. “El año pasado el Gobierno asignó unos cargos de descongestión. Para eso, se dispuso $5 mil millones que puso el Consejo Superior de la Judicatura y no se ha repuesto ese dinero”, señaló Arango.

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Según sus cuentas, de esos más de 57.864 procesos, hay 16.000 que corresponden a personas privadas de la libertad y son 2.000 los que corresponden a exmiembros de las Farc que están solicitando libertades, amnistías, indultos o que sus casos sean enviados a la JEP de manera urgente. “Pero hoy solo tenemos a un notificador para los procesos relacionados con el Acuerdo de Paz. Más encima de todo, tenemos que atender el resto de casos, a las víctimas que presentan nuevos casos, tutelas y a los abogados de los procesos”, resaltó Rey Molina.

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Se espera que la semana entrante los representantes de la Rama Judicial se reúnan con funcionarios del Ministerio de Justicia para explicarles la situación y pedir, nuevamente, un auxilio para poder resolver los casos de manera oportuna.