En caso de Jesús María Valle no ha habido impunidad, asegura la Fiscalía
La familia del abogado, asesinado hoy hace 20 años, pidió al ente investigador que declarara este proceso de lesa humanidad. la Fiscalía, con su silencio al respecto, confirma que eso no ha ocurrido.
Redacción Judicial
Este martes 27 de febrero, día en que se cumplen dos décadas desde que fue acribillado en su propia oficina, en Medellín, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, la expectativa giraba alrededor de un interrogante: ¿declararía la Fiscalía el caso de lesa humanidad? La respuesta, por ahora, es no. Así lo acaba de confirmar el ente investigativo en un comunicado de prensa, en el que aseguró que en este caso no ha habido impunidad y que aún falta tiempo para que prescriba.
En ese documento, el organismo señaló que “frente al oprobioso asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, no ha existido impunidad”. En su criterio, la justicia ha operado porque se han logrado hasta ahora siete condenas: las de Álvaro Góez Mesa, Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, Carlos Castaño Gil, Isaías Montes Hernández y Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio.
La última condena a la que se refiere la Fiscalía, ratificada hace poco por el Tribunal Superior de Medellín, es particularmente importante porque en ella se pidió indagar la posible participación de agentes del Estado y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquia para la época en que se cometieron las masacres de El Aro y La Granja (zona rural de Ituango).
(Vea: Jesús María Valle, 20 años de un asesinato que dejó “infinita tristeza”)
Esos crímenes masivos se ejecutaron entre 1996 y 1996 y Jesús María Valle, nacido en Ituango, fue una de las principales voces de denuncia por lo ocurrido. Señaló, específicamente, a los militares de la Cuarta Brigada como cómplices de las masacres. Desde la Brigada y la Gobernación, de inmediato hubo rechazo a lo que Valle reportaba.
La justicia, ahora, quiere saber si Uribe o funcionarios cercanos a él, como Pedro Juan Moreno, su secretario de Gobierno, hicieron mucho más que rechazar los pronunciamientos de Valle. El senador Uribe, por su parte, ha sostenido que nada tuvo que ver con el asesinato de quien, para 1998, era el defensor de derechos humanos más reconocido de Antioquia.
Tal como contó este diario, la familia de Valle le pidió a la Fiscalía que declarara el caso de lesa humanidad, así como ya lo hizo con los de Eduardo Umaña, Mario Calderón, Elsa Alvarado y Jaime Garzón. Crímenes que tienen en común haber sido cometidos por sicarios de La Terraza, por orden de los hermanos Castaño Gil y con auspicio de miembros de la Fuerza Pública.
El comunicado de prensa de la Fiscalía omite por completo el asunto de la lesa humanidad, y resalta que este caso no prescribe hoy sino en seis años porque, “de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, el término de la prescripción penal para casos como el del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, se amplía hasta los 26 años”.
La Fiscalía agregó que “en lo que respecta a la presunta responsabilidad de agentes del Estado no opera el término de 20 años de prescripción de la acción penal, lo que permite a la Fiscalía avanzar certeramente en este aspecto de la investigación, teniendo en cuenta la compulsa que recibió el 27 de noviembre de 2017”. Es decir, con base en el fallo del Tribunal Superior de Medellín.
Vea más de nuestro especial de hoy sobre Jesús María Valle:
Palabras de Jesús María Valle en el décimo aniversario del asesinato de Héctor Abad Gómez
Veinte años sin Jesús María Valle Jaramillo
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En ese documento, el organismo señaló que “frente al oprobioso asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, no ha existido impunidad”. En su criterio, la justicia ha operado porque se han logrado hasta ahora siete condenas: las de Álvaro Góez Mesa, Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, Carlos Castaño Gil, Isaías Montes Hernández y Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio.
La última condena a la que se refiere la Fiscalía, ratificada hace poco por el Tribunal Superior de Medellín, es particularmente importante porque en ella se pidió indagar la posible participación de agentes del Estado y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquia para la época en que se cometieron las masacres de El Aro y La Granja (zona rural de Ituango).
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Esos crímenes masivos se ejecutaron entre 1996 y 1996 y Jesús María Valle, nacido en Ituango, fue una de las principales voces de denuncia por lo ocurrido. Señaló, específicamente, a los militares de la Cuarta Brigada como cómplices de las masacres. Desde la Brigada y la Gobernación, de inmediato hubo rechazo a lo que Valle reportaba.
La justicia, ahora, quiere saber si Uribe o funcionarios cercanos a él, como Pedro Juan Moreno, su secretario de Gobierno, hicieron mucho más que rechazar los pronunciamientos de Valle. El senador Uribe, por su parte, ha sostenido que nada tuvo que ver con el asesinato de quien, para 1998, era el defensor de derechos humanos más reconocido de Antioquia.
Tal como contó este diario, la familia de Valle le pidió a la Fiscalía que declarara el caso de lesa humanidad, así como ya lo hizo con los de Eduardo Umaña, Mario Calderón, Elsa Alvarado y Jaime Garzón. Crímenes que tienen en común haber sido cometidos por sicarios de La Terraza, por orden de los hermanos Castaño Gil y con auspicio de miembros de la Fuerza Pública.
El comunicado de prensa de la Fiscalía omite por completo el asunto de la lesa humanidad, y resalta que este caso no prescribe hoy sino en seis años porque, “de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, el término de la prescripción penal para casos como el del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, se amplía hasta los 26 años”.
La Fiscalía agregó que “en lo que respecta a la presunta responsabilidad de agentes del Estado no opera el término de 20 años de prescripción de la acción penal, lo que permite a la Fiscalía avanzar certeramente en este aspecto de la investigación, teniendo en cuenta la compulsa que recibió el 27 de noviembre de 2017”. Es decir, con base en el fallo del Tribunal Superior de Medellín.
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