En Colombia hay más de 1.632 ancianos presos

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Foto: EFE - Mauricio Dueñas

Alexánder Valencia Arroyave tiene 93 años. Se encuentra recluido en la cárcel Bellavista de Medellín por cuenta de una condena a tres años de prisión por hurto. Jesús David González tiene la misma edad y cumple una sentencia a dos años de prisión por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego en concurso con hurto, en Jamundí (Valle). Ellos, en teoría, pueden ser beneficiarios de la casa por cárcel porque son adultos mayores y sus penas son inferiores o iguales a tres años. Pero sus jueces de ejecución de penas no les han dado la casa por cárcel.

Con un hacinamiento carcelario cercano al 53% y con una emergencia carcelaria recién anunciada por el gobierno, varias entidades como el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo les han pedido a los jueces de ejecución de penas mayor celeridad con casos como este. En Colombia hay 1.632 mayores de 65 años recluidos. De ellos 85 fueron condenados a penas inferiores o iguales a los tres años de prisión. Por ello podrían ser beneficiarios de la casa por cárcel.

Por su parte, del total de adultos mayores presos, hay 438 sindicados. Entre ellos hay 27 sindicados con más de 80 años y cuatro sindicados con más de 90 años esperando a que la justicia les defina su situación jurídica. Es el caso de Virginia Arango Vásquez de 93 años de edad y quien es investigada por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego o el de Luis Hernando Saldarriaga de 92 años de edad y procesado por este mismo cargo.

Todos ellos son adultos mayores que por su edad son proclives a problemas de salud y dificultades para su alimentación y su cuidado. Son personas en algunos casos en sus últimos días de vida y que pueden constituir una carga para el sistema penitenciario. Es por esto mismo que la ley les da la posibilidad de subrogados penales que son entregados por los jueces de ejecución de penas de forma discrecional.

Llamado a los jueces de ejecución de penas

Asimismo el Ministerio de Justicia ha propuesto que estudiantes de Derecho de último año le ayuden a los jueces de ejecución de penas a tramitar con mayor rapidez las solicitudes de libertad y de beneficios jurídicos. Por su parte el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Wilson Ruiz, les ha pedido a los jueces de ejecución de penas que “no tengan miedo de darle beneficios a los reclusos que lo merezcan”, entre ellos, los mayores de 65 años. Incluso el director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, se ha reunido con jueces de ejecución de penas para lo mismo: para agilizar la resolución de casos como el de Valencia y González.

Esta es una de las tantas medidas que se han propuesto para hacerle frente a la crisis carcelaria y que son analizadas por el Ministerio de Justicia junto con el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en el marco de la emergencia carcelaria anunciada por el gobierno. A esta iniciativa le han salido algunos detractores como el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, que ha dicho que la emergencia carcelaria no es suficiente y que lo que se requiere es que se declare la emergencia social. Cuestionamiento que ha sido replicado por algunas voces en el Congreso como la del senador del Mira Carlos Baena.

Al respecto la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo este martes que declarar la emergencia social es la última medida que le quedaría al gobierno y que las autoridades analizarán los resultados de la emergencia carcelaria antes de tomar una decisión como esa. En el marco de esta emergencia la ministra Correa aseguró que lo que “permite la emergencia penitenciaria es aligerar los trámites administrativos, remover obstáculos. Será posible hacer una contratación más rápida para ampliación de cupos. Además será posible contar con la colaboración de las entidades territoriales para enfrentar los temas de salud. Será posible hacer traslados de internos”.

Y agregó que “acabamos de salir de una reunión con el Ejército donde estamos finalizando ya cuál va a ser exactamente la naturaleza de esa construcción para construir 10 mil nuevos cupos en varias colonias agrícolas. Serán cupos de emergencia porque van a terminarse muy rápidamente. Estos 10 mil cupos podrían estar listos finalizando el año. Pero la entrega es paulatina. Tan pronto nos vayan entregando vamos a ir haciendo traslados”. El gobierno, además, está pendiente de que se apruebe el nuevo Código Penitenciario y Carcelario con el que pretende mejorar aún más la situación de un sistema al borde del colapso.

Ancianos sin beneficios

Por estos mismos delitos hay cerca de 251 adultos mayores sindicados y que se encuentran a la espera de que se les defina su situación jurídica. Ellos están recluidos porque el mismo Código establece que cuando un sindicado por delitos contra menores de edad es cobijada con la medida de aseguramiento está debe ser siempre en un centro penitenciario y nunca podrá ser en la casa por cárcel. Los jueces de ejecución de penas tampoco les podrán dar la casa por cárcel para cumplir con sus condenas.