La Defensoría del Pueblo dio a conocer su más reciente informe de conflictividad social en Colombia, correspondiente a los datos de protestas sociales y manifestaciones ocurridas en el año 2025. Según la entidad, durante ese lapso se registraron 4.039 eventos en 536 municipios de los 32 departamentos del país. Un aumento del 4% frente a las cifras del 2024.
El informe hace parte de una iniciativa que adelanta la Defensoría desde enero de 2022, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, para monitorear las manifestaciones de la sociedad civil en pro de la defensa de derechos, garantías y libertades, que dan cuenta de problemas públicos no solucionados por parte del Estado y de sus autoridades competentes
Desde que la Defensoría del Pueblo empezó a llevar este monitoreo, el 2025 ha sido el año en el que más eventos de este tipo se han presentado. En 2022 hubo 1.427 manifestaciones, en 2023 fueron 2.046 y en 2025 se registraron 3.832 eventos de este tipo. Los conflictos laborales representaron el 18% de las manifestaciones sociales en el año anterior.
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Un 13% correspondió a manifestaciones relacionadas con la prestación de servicios públicos, 12% fueron protestas sobre el acceso a la educación como derecho y las protestas sobre la salud y sobre riesgos o afectaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad representaron cada una el 11% del total de las manifestaciones en el país
Las elecciones legislativas y presidenciales, según la Defensoría, tuvieron un rol clave en el escenario de las manifestaciones en Colombia. “El 2025 estuvo marcado por la continuidad de tensiones políticas entre los sectores que apoyan la gestión del actual Gobierno Nacional y los que se oponen. Todo esto en el marco del proceso electoral que se adelanta en 2026″, dice el informe.
Para la Defensoría del Pueblo, estas manifestaciones ocurridas en 2025 no están relacionadas solamente con viejos problemas expuestos por movimientos sociales. Tienen, por el contrario, una relación directa con problemas que se han presentado históricamente, que son estructurales y que no han sido resueltos cuando la ciudadanía los ha expuesto.
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“Fue un año en el que persistieron las dificultades para cumplir los acuerdos suscritos en el marco de conflictos sociales por la actual y las anteriores administraciones nacionales y territoriales, lo que generó la reactivación de diversas tensiones sociales en las que fueron protagonistas, entre otros, los mineros informales, arroceros, transportadores de carga, parameros”, detalla.
Sobre los mecanismos de manifestación social, el 41% correspondió a bloqueos o cortes de rutas viales, el 39% fueron plantones y concentraciones, el 5% correspondió a marchas o movilizaciones y un 15% restante correspondió a otros tipos de protesta social. Hubo también 384 espacios de diálogo social y 56 acuerdos de seguimiento para atender estas situaciones.
En cuanto a la distribución geográfica de las manifestaciones, el informe detalla que la mayoría de estos eventos ocurrieron en departamentos y municipios de la región Caribe (30%), seguida por la Andina (30%) y por el Pacífico (14%). Bogotá concentró el 11% de las manifestacione; la Orinoquía y la Amazonía registraron el 8% y el 3%, respectivamente.
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“La ciudadanía en general representó el mayor porcentaje (25%), la comunidad educativa representada en estudiantes, docentes y padres de familia (15%), los usuarios de empresas de servicios públicos (11%), los trabajadores y sindicatos (10%), los usuarios de servicios de salud (6%), los transportadores (5%), las comunidades indígenas (5%), el sector agropecuario o campesino (4%), los trabajadores del sector salud (3%), las mujeres (3%), los comerciantes (2%) y los usuarios de transporte (2%)”.
Otro de los puntos claves en las manifestaciones del 2025 en Colombia es lo relacionado con asuntos de género. “Si bien las mujeres son parte de los diversos actores involucrados en los conflictos sociales, hay asuntos en los que son exclusivamente los colectivos de mujeres los que se movilizan para exigir el reconocimiento y garantía de sus derechos”, detalla el informe.
Agrega: “Para el 2025, las principales demandas de las mujeres en los conflictos sociales estuvieron relacionadas con condiciones laborales y el derecho al trabajo (40%), violencias de género (35%) y derecho a la salud (17%)”. Y en cuanto a la comunidad LGBTIQ+, la Defensoría detalla que solo adelantaron 15 manifestaciones y que el 86% estuvieron motivadas en “el rechazo y exigencia de justicia ante diferentes tipos de violencia homicida de la que fueron víctimas miembros de esa población”.
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El informe concluye con una serie de recomendaciones a entidades del orden nacional y regional, para garantizar el derecho a la manifestación social. Pero, sobre todo, para atender las demandas estructurales de la ciudadanía. Al Ministerio del Interior, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo la instó a coordinar con las entidades competentes para que no dejen de lado los acuerdos a los que llegan con la ciudadanía en mesas de diálogo.
Le pide “realizar las articulaciones con las entidades del Gobierno Nacional y los entes territoriales para establecer y aplicar lineamientos, metodologías y procedimientos uniformes para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que suscriben las entidades en los espacios de diálogo con las comunidades y las organizaciones sociales”, concluye el informe.
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