La ong Temblores presenta este jueves su informe Trapitos al sol del autoritarismo, la política de seguridad durante la pandemia y sus efectos para la democracia. Con los datos que recopila El Espectador a continuación, la ong explica que los poderes adicionales que tuvo la Policía en 2020 para hacer cumplir las medidas sanitarias que buscaban ponerle un freno a la pandemia del COVID-19 tuvieron efectos nocivos: como los policías eran los encargados de determinar quién podía o no estar en el espacio público, hubo arbitrariedades que minaron la legitimidad de la institución en la calle y desataron la ira de la gente.
La copa se rebosó cuando acabaron las cuarentenas, en septiembre, y el país fue testigo del homicidio de Javier Ordóñez en un procedimiento policial. Las protestas que siguieron a su muerte estuvieron marcadas por la quema de CAI en los barrios y los disparos de armas de fuego de los uniformados. “Esas dos noches Bogotá vivió unas horas de mucho terror y de violencia desenfrenada, situación que puede ser leída como la explosión de una tensión que venía acumulándose poco a poco desde años atrás, pero que se impulsó con la política de seguridad ciudadana impuesta para contener la expansión de la covid-19″, sostiene el informe.
Estos son algunos de los hallazgos:
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Según Temblores, “para lograr un cambio sustancial en la policía y reducir la cantidad de violaciones de derechos humanos es necesaria una reforma estructural que reformule los principios institucionales desde sus raíces. Dicha reformulación incluye cambios institucionales y doctrinales, en los que el enfoque diferencial sea un eje fundamental en la formación policial”.
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