Al largo listado de enredados por el contrato de 67.000 millones de pesos, que se adjudicó irregularmente a la empresa Unión Temporal Transporte Ambulatorio en 2009 para que prestara el servicio de ambulancias en Bogotá, hoy se le sumó el nombre de Samuel Moreno. La Fiscalía anunció que le imputará el delito de cohecho propio porque el exalcalde habría recibido una generosa comisión por favorecer al contratista. El fiscal Eduardo Montealegre declaró que tiene evidencias para considerar que Moreno y otros intermediarios obtuvieron una comisión del 9% del contrato, es decir, más de $6.000 millones de pesos.
El nombre de Samuel Moreno ya había sido salpicado por el excontratista Emilio Tapia, el exsecretario de Salud Héctor Zambrano y el exconcejal Hipólito Moreno, los testigos estelares de este capítulo del saqueo a Bogotá. En el marco de los preacuerdos a los que llegaron con la Fiscalía, los tres contaron que el exalcalde también había reclamado su pedazo del contrato de las ambulancias. Este ha sido el caso que más avances ha tenido en la Fiscalía, por el número de implicados, sus relaciones con el Concejo y por los ventiladores que terminaron prendiendo los mismos imputados.
El contrato amañado que contribuyó al desfalco de Bogotá ya tiene dos condenados: el exconcejal Hipólito Moreno y Federico Gaviria, quien estructuró dicho negocio. Sin embargo, la condena del primero fue apelada porque la pena –seis años de cárcel– le pareció insuficiente a la Procuraduría, a las víctimas y al Tribunal Superior de Bogotá. Además, la Fiscalía abrió investigaciones contra el exsecretario de salud Héctor Zambrano y el exsubsecretario Juan Eugenio Varela Beltrán; el contratista Emilio Tapia; el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi y los concejales Wilson Duarte, y Ómar Mejía. Cada testimonio que ofrecen en las diligencias judiciales terminan salpicando a alguien más.
Así fue cuando Emilio Tapia decidió colaborar con la Fiscalía en 2011 y empezar a contar todo lo que conocía por haber participado en el robo del erario público. De sus testimonios se conoció que el exconcejal Hipólito Moreno estaba implicado. Mencionó los nombres de Héctor Zambrano y Federico Gaviria, que después salieron a relucir en el proceso del exconcejal Moreno. El excontralor Miguel Ángel Moralesrussi empezó a ser investigado porque el exsecretario de Salud Zambrano aseguró que en dos entregas le había dado $350 millones de pesos.
Sin embargo, las irregularidades por el contrato de las ambulancias no fue el único hecho que desangró la alcaldía de Bogotá, entonces en cabeza de Samuel Moreno. En empresas como el IDU se adjudicaron contratos a dedo. Liliana Pardo, exdirectora de la entidad, enfrenta un proceso por haber utilizado su cargo para modificar los pliegos de millonarias licitaciones y seguir amañando los contratos. Al respecto, no se ha proferido ninguna condena. Igualmente el caso del excontralor Moralesrussi anda muy lento. Los juicios de ambos ajustan casi dos años.
En cambio el proceso en donde más han resultado salpicados distintos funcionarios y contratistas es el de las ambulancias. Muchos se preguntan por qué la Fiscalía se ha concentrado tanto en este expediente, o por qué avanza tan rápido. Poco se ha investigado sobre la mano larga del cartel en entidades como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la Secretaría de Integración Social, el Fondo de Vigilancia, el Instituto de Recreación y Deporte y hasta el mismo Concejo. Cálculos preliminares de los investigadores tasan el saqueo en $1 billón. El contrato de las ambulancias apenas ronda los $67 mil millones.
Al margen de las cifras y los cálculos, lo cierto es que el exalcalde de Bogotá, que tiene a cuestas dos expedientes más por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en la fase III de Transmilenio y Malla Víal, ahora tendrá que explicarle a la justicia si, como dicen sus acusadores, recibió millonarias coimas para favorecer al contratista Unión Temporal Transporte Ambulatorio, que además sigue prestando los servicios de ambulancia y recibe unos dineros por este negocio.