En el caso Jineth Bedoya, ningún juez se apartará como pidió el Estado colombiano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tomo una decisión respecto a la sorpresiva solicitud que hizo Colombia durante la audiencia del pasado lunes 15 de marzo, cuando se debatía el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien en mayo del año 2000 fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente por cuenta de sus trabajos periodísticos. Lo que ocurrió el día de la audiencia fue que, justo luego de que Bedoya terminara de rendir su testimonio, el representante del Estado, Camilo Gómez, pidió que cuatro de los jueces que evalúan el caso fueran apartados.

Según Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), los jueces “prejuzgaron” a Colombia durante el interrogatorio que le hicieron a la periodista y, en ese sentido, dijo, no representaban la imparcialidad e independencia que se requiere para impartir justicia. Inmediatamente después de anunciar esta solicitud de recusar a los jueces, Gómez abandonó la audiencia. A pesar de la ausencia de Colombia, ese día, la presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito, continúo con la audiencia y escuchó el testimonio del editor general de El Espectador, Jorge Cardona, llamado como testigo del caso.

Sin embargo, horas después de finalizada la audiencia, el máximo tribunal internacional de derechos humanos anunció que las audiencias –que estaban programadas para el martes 16 y miércoles 17 de marzo – quedaban suspendidas hasta que se analizara la solicitud del Estado y este miércoles se conoció la decisión de la Corte IDH. A través de un comunicado, el tribunal internacional declaró improcedente la recusación presentada por Colombia contra la presidenta Elizabeth Odio Benito, el vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y los jueces E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique. (Lea también: Tras retiro del Estado, Corte IDH suspendió audiencias por caso Jineth Bedoya)

Pero apartar a los jueces del caso no sería la única petición que el Estado le hizo a la Corte IDH. En su decisión, el alto tribunal también declaró improcedente la solicitud de Colombia de anular todo lo actuado a partir del momento en el que anunció la recusación contra los jueces. En otras palabras, Colombia pidió dejar sin efecto el testimonio que rindio Jorge Cardona en la audiencia del 15 de marzo, porque esta declaración fue tomada justo después de que el Estado se retirara de la diligencia. Pero, la Corte IDH también rechazó esta solicitud.

El alto tribunal de derechos humanos también negó que se excluyera del expediente internacional las preguntas que le formularon los jueces a Jineth Bedoya y que dieron lugar a la recusación por parte del Estado. Por último, la Corte IDH se negó a remitir la recusación de Colombia a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tal como lo había pedido el Estado. En ese sentido, la Corte declaró que la presidenta Odio Benito y los jueces Pazmiño Freire, Vio Grossi, Mac-Gregor Poisot, Zaffaroni y Pérez Manrique continuarán al frente del caso de Jineth Bedoya hasta su conclusión.

Poco antes de que se conociera esta decisión de la Corte, el Estado le propuso a Jineth Bedoya una solución amistosa. A través de un comunicado, Camilo Gómez explicó que el Gobierno “no quiere que los problemas procesales sigan demorando el cierre del caso” y, por tal razón, le prepuso a la periodista Jineth Bedoya sentarse a dialogar y buscar una “solución amistosa”, lo cual estaría permitido por el reglamento de la Corte IDH. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, hace varios años el Estado le propuso un arreglo a Bedoya, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

En respuesta a la petición del Gobierno, la periodista Jineth Bedoya y su defensa conformada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señalaron, a través de un comunicado que “los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado”. Además, agregaron que durante la tarde de este miércoles, la Agencia Jurídica envió una comunicación al correo personal de Bedoya y por distintos conductos “buscó forzar una respuesta inmediata”.

Entonces, para la periodista y sus abogados, el hecho de que la Andje publicara a través de sus redes sociales la comunicación privada que iba dirigida a Jineth, constituye un “acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso”. En ese sentido, indicaron que si el Estado desea aceptar su responsabilidad por los crímenes de los que fue víctima la periodista debe hacerlo a ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el marco del proceso que está en curso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tomo una decisión respecto a la sorpresiva solicitud que hizo Colombia durante la audiencia del pasado lunes 15 de marzo, cuando se debatía el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien en mayo del año 2000 fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente por cuenta de sus trabajos periodísticos. Lo que ocurrió el día de la audiencia fue que, justo luego de que Bedoya terminara de rendir su testimonio, el representante del Estado, Camilo Gómez, pidió que cuatro de los jueces que evalúan el caso fueran apartados.

Según Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), los jueces “prejuzgaron” a Colombia durante el interrogatorio que le hicieron a la periodista y, en ese sentido, dijo, no representaban la imparcialidad e independencia que se requiere para impartir justicia. Inmediatamente después de anunciar esta solicitud de recusar a los jueces, Gómez abandonó la audiencia. A pesar de la ausencia de Colombia, ese día, la presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito, continúo con la audiencia y escuchó el testimonio del editor general de El Espectador, Jorge Cardona, llamado como testigo del caso.

Sin embargo, horas después de finalizada la audiencia, el máximo tribunal internacional de derechos humanos anunció que las audiencias –que estaban programadas para el martes 16 y miércoles 17 de marzo – quedaban suspendidas hasta que se analizara la solicitud del Estado y este miércoles se conoció la decisión de la Corte IDH. A través de un comunicado, el tribunal internacional declaró improcedente la recusación presentada por Colombia contra la presidenta Elizabeth Odio Benito, el vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y los jueces E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique. (Lea también: Tras retiro del Estado, Corte IDH suspendió audiencias por caso Jineth Bedoya)

Pero apartar a los jueces del caso no sería la única petición que el Estado le hizo a la Corte IDH. En su decisión, el alto tribunal también declaró improcedente la solicitud de Colombia de anular todo lo actuado a partir del momento en el que anunció la recusación contra los jueces. En otras palabras, Colombia pidió dejar sin efecto el testimonio que rindio Jorge Cardona en la audiencia del 15 de marzo, porque esta declaración fue tomada justo después de que el Estado se retirara de la diligencia. Pero, la Corte IDH también rechazó esta solicitud.

El alto tribunal de derechos humanos también negó que se excluyera del expediente internacional las preguntas que le formularon los jueces a Jineth Bedoya y que dieron lugar a la recusación por parte del Estado. Por último, la Corte IDH se negó a remitir la recusación de Colombia a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tal como lo había pedido el Estado. En ese sentido, la Corte declaró que la presidenta Odio Benito y los jueces Pazmiño Freire, Vio Grossi, Mac-Gregor Poisot, Zaffaroni y Pérez Manrique continuarán al frente del caso de Jineth Bedoya hasta su conclusión.

Poco antes de que se conociera esta decisión de la Corte, el Estado le propuso a Jineth Bedoya una solución amistosa. A través de un comunicado, Camilo Gómez explicó que el Gobierno “no quiere que los problemas procesales sigan demorando el cierre del caso” y, por tal razón, le prepuso a la periodista Jineth Bedoya sentarse a dialogar y buscar una “solución amistosa”, lo cual estaría permitido por el reglamento de la Corte IDH. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, hace varios años el Estado le propuso un arreglo a Bedoya, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

En respuesta a la petición del Gobierno, la periodista Jineth Bedoya y su defensa conformada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señalaron, a través de un comunicado que “los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado”. Además, agregaron que durante la tarde de este miércoles, la Agencia Jurídica envió una comunicación al correo personal de Bedoya y por distintos conductos “buscó forzar una respuesta inmediata”.

Entonces, para la periodista y sus abogados, el hecho de que la Andje publicara a través de sus redes sociales la comunicación privada que iba dirigida a Jineth, constituye un “acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso”. En ese sentido, indicaron que si el Estado desea aceptar su responsabilidad por los crímenes de los que fue víctima la periodista debe hacerlo a ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el marco del proceso que está en curso.