En el corazón del cerco

Por una destapada y amarillenta carretera, y luego de pasar por 18 retenes del Ejército y la Policía, se llega al epicentro de la ofensiva armada del Gobierno contra las Farc. Una inhóspita región donde se dividen los caminos hacia Guainía y Vaupés, pero enclavada en el corazón del Guaviare, donde las Fuerzas Armadas intentan cumplir la orden presidencial de constituir un cerco militar para presionar la liberación de los políticos y militares que la guerrilla mantiene cautivos en esta misma zona, desde hace muchos años demarcada por las fronteras de la paz y la guerra.

La travesía empieza en San José del Guaviare, una pequeña y calurosa ciudad de 45.573 habitantes, hoy repleta de miembros de la Fuerza Pública vigilando minuciosamente cada paraje de la población, mientras la gente despliega con evidente afán su cotidianidad, entre el activo comercio, la proliferación de motocicletas y el movimiento de decenas de civiles hacia el puerto sobre el río Guaviare, donde se concentran las labores diarias de cargue y descargue de lanchas que llegan o salen atestadas de pescado, cerveza, gasolina, comestibles, bultos de plátano o víveres de primera necesidad.

Por la vía hacia el municipio de El Retorno, en medio de un paisaje de casas distanciadas que se van perdiendo una tras otra en el horizonte como una triste despedida, se llega a las gigantescas instalaciones del Batallón Joaquín París. Una estratégica guarnición militar rodeada de garitas, carpas y trincheras que se mantienen envueltas en largas mallas de alambre de púa. Un enrejado en el que además se advierten colgadas cientos de enmohecidas latas de cerveza, las cuales se agitan una y otra vez con las corrientes de aire que producen los helicópteros artillados que entran y salen de la unidad militar transportando tropas.

A pocos minutos del batallón, en medio de los cálidos ventarrones de polvo rojizo que dejan a su paso los vehículos que se dirigen hacia El Retorno, está situado el primer retén militar. Tras un breve diálogo con los oficiales, suboficiales y soldados que lo realizan diariamente, queda claro el primer objetivo de la Fuerza Pública en la zona: neutralizar cualquier movimiento o apoyo a los frentes 1º y 7º del Bloque Oriental de las Farc, una máquina de guerra además complementada por 25 destacamentos de guerrilleros y ocho columnas móviles.

Los dos frentes están bajo órdenes de Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias César, el hombre que, según versiones de los campesinos de la región y del propio Ejército, hoy desarrolla la logística para trasladar, de un lado a otro, a 16 de los 45 rehenes de las Farc, entre ellos, al ex gobernador del Meta Alan Jara y a los congresistas Jorge Gechem, Gloria Polanco y Orlando Beltrán. En opinión de autoridades civiles de la zona, Aguilar, perteneciente a las nuevas generaciones de jefes de las Farc, es además el hombre que maneja los contactos con la comunidad.

Por eso, la Fuerza Pública trata de monitorear en detalle sus movimientos y contactos. De hecho, desde el primer puesto de control, todo viajero está obligado a reportar su nombre y numero de cédula en libros semejantes a aquellos en los que antiguamente se llevaba la contabilidad y, asimismo, tiene que informar para dónde va mientras espera bajo el ardiente sol a que los soldados escarben sus maletas. Un ejercicio militar que aumenta el tiempo de recorrido de los 50 kilómetros que separan a San José del Guaviare de la población de El Retorno.

De ahí en adelante, la rutina es la misma: retenes y requisas por doquier y soldados averiguando quién llega y quién sale. Los habitantes de las veredas La Fuguita, Caño Tigre, La Leona, El Trueno, San Antonio, El Retiro o Cerrito ya están acostumbrados a los excesivos controles. Una dinámica que se sostiene hasta la polvorienta y población de El Retorno, a cuyo hospital llegó hace dos años  José Crisanto Gómez con un niño enfermo que resultó ser Emmanuel, el hijo de la liberada ex candidata a la Vicepresidencia de la República Clara Rojas.

A partir de El Retorno vuelven a bifurcarse los caminos: una senda que va hacia Calamar, antiguo emporio del jefe paramilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, y la vía que lleva a Tomachipán, donde el jefe de las Farc El Negro Acacio llegó a extender su dominio coquero. Después de pasar por la vereda La Momposina, con los consabidos retenes del Ejército y la Policía, se llega a la inspección de La Libertad, una especie de límite entre la avanzada de la Fuerza Pública y la contraofensiva de las Farc.

Unos 18 kilómetros más allá está la vereda La Paz, sitio en el que el pasado 10 de enero las Farc entregaron a la ex congresista Consuelo González de Perdomo y a Clara Rojas a emisarios del gobierno venezolano y a la senadora liberal Piedad Córdoba. Hasta esa vereda no existe una ocupación absoluta de la Fuerza Pública. Más bien entra y sale de la zona, porque sabe perfectamente que desde La Paz, pasando por Kuwait, hasta Tomachipán, puede haber unos 3.000 guerrilleros, entre ellos quienes se encargan de custodiar a los políticos y oficiales y suboficiales secuestrados.

En La Libertad

La Libertad es un pueblo de 1.200 habitantes y 40 años de existencia que, por estar ubicado en una zona de conflicto, guarda secretos de cementerios clandestinos, desplazamientos forzados e incesantes combates entre el Ejército, los paramilitares y la guerrilla. Una inspección que hoy representa la frontera imaginaria entre el territorio que el Ejército ha recuperado en desarrollo de las políticas de Seguridad Democrática del gobierno Uribe y las tierras en las que las Farc están atrincheradas tratando de resistir la presión militar.

Se estima que aproximadamente en la región participan unos 7.000 hombres de la Fuerza Pública, que hoy hacen parte de la Brigada 22, el Batallón Joaquín París, la Infantería de Marina, la FAC, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), la Policía Nacional, Antinarcóticos y Sijín. Por eso, lo primero que se advierte en sus calles es la discreción de sus pobladores, que saben perfectamente que tienen que vivir entre dos fuegos, súbitamente acrecentados desde hace dos semanas, cuando el presidente Uribe ordenó el cerco militar para presionar la libertad de los rehenes.

Aún así, sus habitantes ven pasar la vida sobreviviendo de sus cultivos de yuca y plátano o de una débil ganadería, pero añorando los tiempos en que la coca daba para todo. El negocio ilícito se vino a pique desde que empezó la ofensiva de la erradicación manual y aérea de los cultivos y, ahora, jugando billar mientras se escuchan lánguidas canciones en el taller de El Paisa, o esperando la pavimentación de la carretera entre los rumores de más de 20 menores de edad embarazadas, sus gentes aguardan que no sólo llegue la represión, sino también el desarrollo.

La constancia de esta realidad es de Dioselina Jaramillo, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Libertad, quien confiesa que la gente tiene miedo porque están aumentando mucho los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. Ella no olvida que el 6 de diciembre de 1990 terminó con un balazo en su pierna derecha y, al tiempo que exhibe la cicatriz de esa bala perdida que la sorprendió en su casa en medio de un feroz combate, comenta que no se acostumbra a la guerra, pero tampoco tiene para dónde emigrar.

Al igual que Dioselina, el resto de los 350 habitantes de La Libertad expresan otro temor: que sigan siendo estigmatizados por el Ejército o la guerrilla, sin que se diga más bien que los 53.460 kilómetros del departamento del Guaviare constituyen un emporio turístico aún inexplorado. Según el gobernador Óscar López Cadavid, lo que se busca es seguridad para la región y por eso se requiere la colaboración ciudadana. Pero la imagen constante de soldados mimetizándose como si fueran plantas o guerrilleros de civil atentos a cualquier descuido del Ejército, representa una tensión creciente que aumenta con el cerco.

Del otro lado de la frontera de guerra, paradójicamente desde la vereda La Paz, llegan noticias de que las Farc esperan al ejército y que mantienen bien custodiados a sus rehenes. En contraste, la tropa avanza poco a poco, porque su idea es llegar hasta Tomachipán y más allá. Es un pulso cotidiano donde cada río, camino o vereda constituye un punto de honor. Es la guerra real donde la comunidad sabe que su silencio es vital. La cotidianidad se mantiene, los paisanos van a misa, los niños juegan desprevenidos y más de un campesino ahoga sus penas en el licor. Pero detrás de la normalidad hay un fantasma que ronda la vida de todos y un cerco que quiere doblegar a la guerrilla de las Farc.

Operaciones militares desde 1964

Desde mayo de 1964, el Estado colombiano y sus presidentes han emprendido operaciones militares en busca de aniquilar la guerrilla más antigua del país: las Farc.

Una de esas la inició el presidente Guillermo León Valencia (1962-1966), quien envió 15.000 hombres a ejecutar la Operación Marquetalia, con la que se intentó aniquilar a la guerrilla y la llamada ‘República Independiente de Marquetalia’, en el sur del Tolima.

En mayo de 1984, el presidente Belisario Betancur (1982-1986) firmó un cese de hostilidades con las Farc. Pero un sector del país se opuso y volvió la guerra.

El gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) lanzó la estrategia de mano tendida y pulso firme, para obligar a los grupos armados a negociar la paz.

El 9 de diciembre de 1990, el presidente César Gaviria (1990-1994) creó la Operación Centauro para acabar con Casa Verde, en Uribe (Meta). El secretariado quedó intacto.

En el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998), el general Hárold Bedoya impuso las operaciones Destructor I y Destructor II, con las que pretendió desarticular esta guerrilla. Después del fracaso de los diálogos en el Caguán, el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) ejecutó la Operación Tanathos, sin resultados concretos, Y hoy, el presidente Uribe pasó del Plan Patriota al Plan Victoria, que desarrollaron, entre otras, la Operación 7 de Agosto en 2001, la Campaña JM en abril de 2004 y la Campaña Omega en diciembre de 2006.