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Aproximadamente a las 8 de la mañana del 19 de mayo de 1997, cuatro hombres en un Renault 9 blanco, vestidos completamente de negro y armados, entraron a la fuerza al apartamento de Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Fingiendo ser agentes del CTI de la Fiscalía, los hombres amordazaron al vigilante del edificio ubicado en el barrio Chapinero de Bogotá, además a un estudiante y un taxista que se encontraban al frente.
A disparos abrieron la puerta del apartamento en el que se encontraba la pareja, acompañados de su hijo Iván, de 18 meses, y de los padres de Elsa, Elvira Chacón y Carlos Alvarado. Mientras que Elsa logró esconder a su hijo en un closet, a su madre le dispararon de gravedad, a Mario lo mataron contra la pared, al padre de Elsa en la cama y a esta en su habitación. Antes de esa mañana, Mario Calderón y Elsa Alvarado habrían recibido intimidaciones por parte del Ejército. En un retén militar, miembros del Ejército les pidieron información personal.
Desde que ocurrió el triple homicidio, la justicia ha sido esquiva. Aunque desde hace años se sabe de la presunta participación de miembros de la Fuerza Pública en el crimen, la Fiscalía no ha vinculado a nadie oficialmente. Una de las personas que más podría saber del caso es Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. El exjefe paramilitar era el líder del grupo conocido como La Terraza, el brazo sicarial de los hermanos Castaño durante el conflicto en los años noventa. Esa misma alianza criminal es la señalada de estar detrás del homicidio de Mario Calderón y Elsa Alvarado.
Por eso, el testimonio de Don Berna podría clave para esclarecer este y otros hechos violentos. Desde agosto del año pasado, el exparamilitar ha incumplido su compromiso con la verdad y ha fallado en rendir testimonio desde una cárcel en Estados Unidos. Según la Fiscalía, estos nueve meses son una ausencia sin justificación que va en contra de su condición como postulado y del derecho de las víctimas de conocer la verdad. Así, la consecuencia de su incumplimiento sería su exclusión de la justicia transicional.
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Don Berna ha dado la información de manera pausada e intermitente. Juan Carlos González, alias El Colorado, ha sido el único condenado por el caso. La investigación contra los hermanos Castaño nunca comenzó. De los militares vinculados al proceso, ninguno ha sido llamado de nuevo a dar explicaciones a las autoridades. Cuatro supuestos integrantes de La Terraza “han muerto o fueron desaparecidos”, según Fiscalía, antes de vincularlos oficialmente a la investigación.
El coronel retirado, Jorge Plazas Acevedo, fue condenado por el secuestro y el asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari, y por el secuestro del empresario Wilson Martínez, mientras que solo en el 2019 se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su participación en el asesinato de Jaime Garzón y en el de Mario Calderón y Elsa Alvarado. Además de estos casos, el militar retirado también está en la justicia especial por su presunta participación en el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
Lo que dicen los representantes de las víctimas.
La Comisión Colombiana de Juristas, representante de las familias de Garzón y Elsa Alvarado, afirma que aún no constatan un aporte a la verdad por parte de los implicados, pero celebra la llegada de personajes como el coronel (r) Plazas a la Jurisdicción Especial de Paz. Los defensores esperan que se pueda esclarecer la identidad de los autores intelectuales e insisten en la necesidad de que se priorice un macrocaso que cobije los asesinatos a defensores de derechos humanos en esa época.
La Comisión realizó un informe que le entregará a la JEP en el que “permite profundizar en los patrones de sistematicidad, generalidad y gravedad de las agresiones y victimizaciones perpetradas por agentes del Estado contra defensores de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno”. En ese documento, se analizaron siete casos que, para la Comisión, “permiten referenciar las piezas procesales de las investigaciones y el material probatorio que se encuentra en expedientes y que pueden ser de utilidad”.
En el caso de Don Berna, la Comisión pide que se escuchen las versiones de los abogados del paramilitar extraditado, ya que tras su traslado a una cárcel de máxima seguridad en el estado de Indiana en Estados Unidos es posible que no se encuentre en condiciones óptimas para poder rendir declaraciones. Además, aseguran que para las víctimas es más riesgosa la expulsión del paramilitar antes de que pueda entregar toda la verdad y reparar a las víctimas. El 11 de agosto se conocerá la decisión del Tribunal Superior de Medellín.
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No solo ha hablado Don Berna
De acuerdo con Éver Velosa, alias HH, exjefe de seguridad de los hermanos Castaño, y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, Carlos Castaño tomó la decisión de asesinar a Calderón y Alvarado en junio de 1996 en la hacienda San Nicolás, en el noroeste antioqueño. Castaño estaba acompañado de su círculo cercano dentro de las AUC: Salvatore Mancuso, Doble Cero, y el propio Don Berna, quien fue el encargado de ordenar el crimen. Estos también declararon que, luego de los asesinatos, lo que se hacía era acabar con los sicarios para que no se pudieran conectar los hechos con los autores intelectuales.
Contraria a la versión de los paramilitares, a la Fiscalía llegó un anónimo en el que decía que en junio de 1996 se ordenó la ejecución de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña y “personalidades del Cinep” en una finca del Urabá, propiedad del paramilitar Nicolás Bergonzoli. En la reunión, decía esa misiva, se encontraban paramilitares, bananeros, políticos de la región y oficiales del Ejército. Don Berna declaró que la conexión con el Ejército se hizo a través del coronel (r) Plazas Acevedo, que para entonces era el jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército.
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Ya estaban en la mira
Antes del homicidio de Calderón y Alvarado, la pareja ya había sido víctima de otros hechos preocupantes. Mario Calderón tuvo que salir de Tierralta (Córdoba), después de que paramilitares asesinaran a su compañero de trabajo, Sergio Restrepo, en junio de 1989 por sus labores como defensor de derechos humanos en la región del Sinú. Mario Calderón había estado en esa zona, coordinando el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, al lado del padre Sergio Restrepo. Apoyaron procesos colaborativos de indígenas y campesinos, y construyeron bibliotecas en una región con permanente presencia paramilitar.
Después del asesinato de Restrepo, por decisión de la Compañía de Jesús, Calderón volvió al Cinep, abandonó el sacerdocio y se metió completamente en la lucha ambiental en la región del páramo de Sumapaz, donde fundó la Asociación Reserva Natural de Suma-Paz. Elsa Alvarado, por su parte, entró al Cinep cuando Calderón ya estaba en Bogotá. Allí lo conoció recién graduada de Comunicación de la Universidad Externado de Colombia y especializarse en Tecnología Educativa en la Universidad Javeriana. Más adelante realizó investigaciones sobre opinión pública, los medios y su poder, y democracia en la Comunicación.
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Antes de que la asesinaran, comenzó a trabajar en el Ministerio de Comunicaciones en temas de relaciones de las audiencias con los medios. Pero la pareja ya estaba en la mira. En 1995, un cable del DAS afirmaba que “hubo una reunión en el Cinep a la cual asistieron representantes de organizaciones sociales, en alianza con organizaciones no gubernamentales internacionales, y que son financiadas por la CGSB (Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar)”.
Dos años después, el 23 de febrero de 1997, el general Manuel José Bonnet, comandante del Ejército, dijo en El Espectador: “Esa historia de los derechos humanos nos ha hecho mucho daño. Sobre todo, por parte de los amigos y los apoyos obsecuentes de la guerrilla. Es el discurso de organizaciones como el Cinep.” Los asesinatos de Mario Calderón y Elsa Alvarado marcarían el inicio de una serie de asesinatos sistemáticos a defensores de derechos humanos, periodistas, investigadores y gestores de paz por parte de agentes del Estado y grupos armados a finales de los 90.
Dentro de estos están: el asesinato del periodista Jaime Garzón, los defensores de derechos humanos Darío Betancourt y Hernán Henao, los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle, además de ataques contra miembros del Cinep, la Universidad de Antioquia y organizaciones de Derechos Humanos. Ninguno de estos cinco crímenes ha sido resuelto por la justicia. La impunidad es la misma en el caso de Mario Calderón y Elsa Alvarado, cuyo trabajo en Tierralta, el que les costó la vida, y sus memorias, siguen vivas 25 años después de su asesinato.
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