El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, condenó de manera enérgica el asesinato del líder de la población desplazada de la comunidad de Cacarica (Chocó) Jesús Adán Quinto, a quien dos sicarios le quitaron la vida esta mañana en el municipio de Turbo (Antioquia).
"Es lamentable lo ocurrido con el líder de Cararica. Él contaba con medidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque así lo había planteado la Defensoría del Pueblo al Gobierno, pero según la información preliminar, en la mañana no se hicieron presentes sus escoltas y al salir de su casa fue ultimado", afirmó.
De la misma forma, durante la sesión abierta en la Asamblea del Valle del Cauca, en Cali, en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, Otálora Gómez instó a las autoridades para que investiguen y lleven ante la justicia a los autores del crimen.
En diciembre de 2013 la Defensoría tramitó ante la UNP una petición de Jesús Adán Quinto para la ampliación de las medidas de protección, ante el riesgo que significaba ser el representante legal del territorio colectivo del Cacarica y líder de la población desplazada de esa región chocoana que actualmente se encuentra en Turbo.
Vale la pena recordar que el pasado mes de enero el Defensor Otálora Gómez les solicitó a las autoridades nacionales y departamentales tomar medidas urgentes para asistencia y atención a 45 familias afrocolombianas de la comunidad La Honda del Consejo Comunitario de Cacarica que se desplazaron a los municipios de Turbo (Antioquia) y Riosucio (Chocó), por la presencia de hombres armados del frente 57 de las Farc en una zona de influencia de 'Los Urabeños'.
En una visita a la zona ese mismo mes, de una comisión de la Defensoría del Pueblo y de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se evidenció que existe una precariedad en la infraestructura de la comunidad, particularmente, en la escuela. La mayoría de las familias desplazadas se dedicaba a la pesca en ciénagas y ríos, en los que con frecuencia hacen presencia diferentes actores armados.
La situación de vulnerabilidad de la comunidad de La Honda no es nueva ya que el 21 de noviembre de 1997 fue víctima de un primer desplazamiento masivo en el marco del gran éxodo de cerca de 15.000 personas por las incursiones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a la zona del Bajo Atrato chocoano. La comunidad logró retornar en el año 2000, sobre la base de los acuerdos firmados por el Gobierno Nacional en 1999 en el coliseo de Turbo (Antioquia).
Más recientemente, la Defensoría del Pueblo ha registrado que en el transcurso de los últimos años se han presentado graves vulneraciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades de la cuenca del río Cacarica, así como de la población del Bajo Atrato (municipios de Riosucio y Carmen del Darién). Estas situaciones han sido documentadas desde el año 2009 en los informes de riesgo y notas de seguimiento elaborados por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría.
La Nota de Seguimiento 018 de noviembre 30 de 2012 y las comunicaciones escritas del 11 de septiembre de 2013 al Ministerio del Interior y a la Brigada 17 del Ejército Nacional, emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, han advertido la persistencia de los factores de riesgo de violaciones de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en la cuenca del río Cacarica por la dinámica de los actores armados ilegales, esto es, las Farc y los grupos armados ilegales post desmovilización que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños y Los Rastrojos.
Las acciones de las Farc en el Bajo Atrato buscan el control de los corredores estratégicos (frontera con Panamá) para el desarrollo de economías ilícitas asociadas a la comercialización de la coca y la regulación de la explotación ilegal de maderas, mientras que los grupos armados post desmovilización de las AUC intentan mantener el control armado sobre las zonas de producción ganadera y donde se concentran proyectos marítimos y fluviales como de explotación de recursos minerales.