En el limbo $26.000 millones

La paciente investigación que adelanta la Fiscalía por la inversión de recursos públicos de varias administraciones municipales y departamentales en los mercados bursátiles, que fueron entregados a la desaparecida firma Probolsa, conducen a estimar que en la actualidad se encuentran en el limbo $26.000 millones. El dinero que debía ser destinado para educación, saneamiento básico, un fondo de reserva para pago de pensiones o  salud en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Arauca, terminó en el sube y baja de las bolsas de valores, que debido a la caída de la economía mundial llevó a que los recursos se depreciaran.

Según el ente acusador, todo comenzó cuando la firma Probolsa ofreció rendimientos predefinidos sobre el capital invertido a Acuavalle E.S.P, los departamentos de Nariño y Cauca, el Hospital Francisco de Paula Santander de Quilichao, Incentiva, hoy Infituluá, y los municipios de Silvia y Arauca. Pese a que Probolsa no se encuentra sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, ni ha estado inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, lo que le impedía hacer operaciones en bolsa, utilizó a la firma comisionista Serfinco S.A. para efectuar los movimientos.

Pero de acuerdo con un informe de la Superfinanciera, no sólo  “los dineros eran consignados en la cuenta bancaria de Serfinco”, porque  en otros casos “los recursos eran depositados directamente a cuentas bancarias de Probolsa”. Hechas las consignaciones, uno de los mecanismos que utilizaba Serfinco era comprar, por cuenta de las entidades del Estado, títulos de deuda pública (TES) con vencimiento en el 2012 o 2014 cuyo vendedor era la propia Probolsa u otros agentes del mercado. Estas millonarias inversiones contrastaban con la austeridad o falta de recursos con las que las administraciones departamentales o municipales tenían que financiar rubros como salud, educación o saneamiento básico en términos de cobertura o calidad del servicio.

Pero el papel de Probolsa no terminaba ahí. A parte de pagar con los recursos propios  de las entidades públicas el valor del giro de la operación, que en algunos casos ascendía al 60% ó 70% del valor del TES, con el dinero restante realizaba otras operaciones de alto riesgo como comprar divisas que eran depositadas en bancos del exterior a nombre de esa firma. Aunque parte de los recursos se podrían recuperar debido a que fueron invertidos en TES, por ahora el faltante en la Gobernación del Cauca es de más de $8.000; en la de Nariño de más de $7.400 millones y en Acuavalle de más de $1.200 millones por sólo nombrar algunas que al final suman los $26.000 millones que rastrea la Fiscalía. La suma corresponde a la diferencia de los recursos entregados por las entidades públicas, que no fueron restituidos por Probolsa, y el valor a precio del mercado de las inversiones a 31 de diciembre de 2008.

Entidades como la Procuraduría, ya se habían apersonado de este tema e incluso abrió investigación contra el actual gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, al secretario Administrativo y Financiero de ese departamento, José Harold Casas Valencia, y a la ex tesorera, María Helena Ramírez Rengifo por haber invertido dineros de los excedentes temporales de liquidez del Sistema General de Participaciones y otros rubros cercanos a los $16 mil millones, en la firma Probolsa.

 El Ministerio Público emprendió las averiguaciones bajo el supuesto de que los funcionarios no hicieron “la inversión a través de un comisionista financiero vigilado por la Superintendencia Financiera y en condiciones normales de mercado, lo cual podría generar un detrimento patrimonial en contra de las arcas de la Gobernación del Cauca". Además la Superintendencia Financiera había formulado pliego de cargos contra Jairo Bonilla como representante legal y accionista mayoritario de Probolsa. Ahora la Fiscalía tiene la palabra.

Probolsa en liquidación

La firma Probolsa tenía su sede principal en la ciudad de Cali. Debido las operaciones irregulares que realizaba, como la inversión de recursos en mercados internacionales sin que sus clientes lo supieran, entró en liquidación en noviembre de 2008. Como consecuencia de la investigación, la Superintendencia Financiera también formuló pliego de cargos contra la firma Serfinco y tomó las declaraciones de los tesoreros o secretarios de Hacienda de las entidades territoriales involucradas. Asimismo se realizaron visitas a las sedes de Serfinco en Bogotá y Medellín y se informó de lo ocurrido a la oficina del zar anticorrupción. Probolsa adeuda además al municipio de Arauca más de $8.200 millones; al municipio de Silvia, Cauca, $500 millones; al  hospital Francisco de Paula Santander de Santander de Quilichao más de $ 280 millones y a la desaparecida Incentiva más de $500 millones.