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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la admisión de la demanda que presentó la Procuraduría General de la Nación en octubre de 2025 en la que pidió anular el convenio hecho entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes colombianos. Con esta reciente decisión del tribunal, el proceso de nulidad podrá continuar.
La demanda de la Procuraduría tiene que ver con un acuerdo entre las partes pactado en más de COP 1,3 billones que, según el órgano de control, tiene graves fallas relacionadas con su financiación. Por eso, el Ministerio Público pidió que los recursos que se hayan invertido regresen al país y se busquen otras alternativas para los pasaportes.
Los argumentos de la Procuraduría para pedir la nulidad del convenio
Uno de los principales problemas que identificó el Ministerio Público para la puesta en marcha del convenio es que no existen suficientes recursos para ejecutarlo. El numeral quinto de ese convenio señala que “no tiene recursos para su ejecución. Las entidades, si hay lugar a ello, para cada vigencia fiscal apropiarán los recursos que permitan suscribir los contratos derivados de la prestación del servicio”.
En ese contexto, la Procuraduría detalló que la firma del acuerdo se hizo siguiendo los lineamientos de la ley de contratación con organismos internacionales, pero no se habría cumplido a cabalidad. “Se verificó que los aportes de la Imprenta Casa da Moneda de Portugal solo correspondían al 21% del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50%”.
Y agregó que “se omitió adelantar un proceso competitivo, desconociéndose los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad”. De paso, el ente de control expuso que la Imprenta Nacional “no contaba con la capacidad técnica y operativa” para ejecutar el contrato. Su función sería la de recibir capacitaciones y realizar pagos, lo que obligaba a subcontratar a la entidad portuguesa.
Lo que la Procuraduría le está pidiendo al Tribunal es declarar “la nulidad absoluta del convenio con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación del 28 de julio de 2025, por valor fiscal de COP $1.308.034.931.250″. Además, solicita que se ordene “a la empresa extranjera contratista devuelva en su integridad las sumas de dinero que haya recibido como contraprestación por la ejecución del convenio”.
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