La Corte Suprema de Justicia acaba de dejar en firme el llamado a juicio contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá. Aunque el alto tribunal precluyó una de las investigaciones que se adelantaban contra el alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro por hechos que habrían ocurrido en 2008, confirmó las pesquisas por actos que habrían tenido lugar en 2009.
El alto investiga y decide sobre los hechos que ocurrieron entre 2008 y 2009, cuando el hoy jefe de cartera era Concejal de Bogotá y habría intervenido ante el entonces alcalde Samuel Moreno Rojas para el nombramiento de algunos gerentes de hospitales públicos de Bogotá. Lo que revisa la Sala de Primera Instancia de la Corte son las presuntas movidas ilegales de Sanguino, quien habría actuado en favor suyo, y del empresario Héctor Julio Gómez, condenado en 2014 a 10 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción.
Aunque se adelantaba la investigación por hecho de los dos años (2008 y 2009), la Corte evidenció que los sucesos que pudieron haber ocurrido en 2008 ya habían prescrito, y debía cerrarse esa investigación. En concreto, lo que no seguirá bajo la lupa de la Corte es que, supuestamente, Sanguino, cuando era concejal, “intervino ante el alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y ante el secretario distrital de salud, Héctor Zambrano Rodríguez, con ocasión del proceso de selección y nombramiento de los gerentes de los hospitales públicos de Bogotá, específicamente en el del Hospital de Usme”. Dicha persona habría sido Liliana Patricia Paternina Macea, quien se quedó con el cargo en esa época.
La razón detrás de esa supuesta presión para el nombramiento de Paternina aparentemente era “tener el control del citado hospital, especialmente de la contratación que este debía adelantar”. Lo que sí quedó en firme fue el llamado a juicio por los hechos que habrían ocurrido en 2009, cuando ya la mujer estaba al frente del hospital. Según el expediente, “entre los meses de enero y noviembre de 2009, el exconcejal habría utilizado su posición para obtener un beneficio personal, consistente en la adjudicación de un contrato de obra para la construcción y dotación de una nueva sede del Hospital de Usme al contratista Héctor Julio Gómez González”.
Para esa obra, señalan las pruebas, se obtendría un beneficio ilegal “consistente en el pago de una comisión por valor del 10 % del valor total del contrato de obra, la cual ya había sido pactada entre Antonio Sanguino Páez y Héctor Julio Gómez González”.
El proceso en contra de Antonio Sanguino inició desde octubre del año pasado, cuando, ante el Juzgado 34 Penal Municipal de Control de Garantías, la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público. El caso pasó a manos de la Corte Suprema en marzo de este año, debido al fuero de Sanguino como ministro de Trabajo del gobierno de Gustavo Petro.
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