El exsenador del Partido Liberal, Mario Alberto Castaño Pérez, fue el líder de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), como lo denomina la Fiscalía, en el que se direccionaban contratos en varios departamentos del país a cambio de quedarse con parte del dinero. Según la Corte Suprema, los tentáculos de esta organización llegaron hasta municipios de Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca y permearon entidades como el Ministerio del Deporte y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Hasta el momento, la Fiscalía ha revisado 114 contratos cuyo valor asciende a 112.000 millones de pesos. Esta son sus principales caras.
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Por Jhordan C. Rodríguez
