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El proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra del coronel en retiro Juan Carlos Figueroa acaba de tomar un nuevo rumbo. Está acusado por su presunta responsabilidad en más de 30 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, durante su comandancia entre enero de 2004 y julio de 2005. Sin embargo, la defensa del militar presentó un recurso de anulación del llamado a juicio, el cual acaba de ser aceptado para su estudio por una sección que conoce casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en la JEP.
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En noviembre del año pasado, la Unidad de Investigación de la JEP, más conocida como la Fiscalía de esa jurisdicción, presentó el llamado a juicio contra Figueroa, quien jamás ha aceptado culpas. Lo acusaron de permitir que algunos de los hombres que se encontraban bajo su cargo cometieran actos delictivos dentro y fuera de su jurisdicción, pues estos se movilizaron a otras zonas de la Costa Atlántica para traer a sus víctimas. Personas en su gran mayoría en condición de vulnerabilidad que fueron acribillados por miembros de la Fuerza Pública, para demostrar resultados operacionales.
Sin embargo, la defensa de Figueroa no estuvo de acuerdo y solicitó la nulidad del escrito de acusación. Aunque en un primer momento se lo negaron, este 28 de noviembre la JEP decidió estudiar de fondo el caso y, de llegar a tener razón el quipo de defensa del coronel en retiro, el llamado a juicio tendría que ser reescrito. En el caso de Figueroa, la Fiscalía de la JEP solicitó la máxima condena en el marco de la Jurisdicción, que corresponde a 20 años de prisión.
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Según la defensa del militar, en el escrito de acusación existe una “imprecisión, vaguedad, frente a los hechos juicamente relevantes, siendo este punto uno de los más importantes a estructurar, ya que, a partir de allí, no solo se deduce la calificación jurídica, sino que se determina la estrategia de defensa”. En palabras sencillas, que la teoría del caso de la Fiscalía de la JEP es tan poco clara que no sería posible ejercer mecanismos de defensa precisos.
Según el recurso de anulación, la Fiscalía de la JEP no determinó de manera precisa la manera en que el coronel (r) Figueroa habría omitido su deber de controlar las tropas. Tampoco habría especificado las medidas infringidas por el acusado en el Batallón, ni tampoco habría explicado de qué se trataba el “aparato organizado” al que se le atribuye una dirección.
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Entre otros argumentos, la defensa puso de presente que en el documento que determinó los hechos y las conductas del Batallón La Popa, de julio de 2021, a Figueroa lo señalaron de haber actuado en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el año pasado, cuando lo acusaron formalmente, cambió la calificación a una omisión sobre su tropa. “Lo que constituyo el plan de trabajo defensivo durante dos años largos, se debió modificar en un término de escasos cinco meses, situación que evidentemente afecto los derechos fundamentales de mi representado”, explicó la defensa.
Así las cosas, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad estudiará la nulidad presentada por Figueroa. Un militar que ha comparecido al proceso desde Emiratos Árabes y que tiene la puerta cerrada en Estados Unidos, por participar en “graves violaciones de derechos humanos” durante el conflicto armado.
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