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Colombia busca poner en el centro de la discusión un tema clave en la lucha contra el narcotráfico: la corresponsabilidad de los países en un asunto que dejó de ser exclusivo de este lado del mundo. Para ello, ante la comunidad internacional que se reúne anualmente en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro, la embajadora de Colombia en Viena, Marcela Tovar, y la jefa de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, harán un nuevo corte de cuentas y expondrán, una vez más, la estrategia en la guerra contra las drogas de la mano de otros países.
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Con una meta de sustitución de 42.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito para mayo de este año, Colombia espera, además, llevar un llamado de acción ante la comunidad internacional para que se sumen a la tarea. En entrevista con El Espectador, la embajadora Marcela Tovar explicó por qué la lucha antidrogas debe ser “descolonizada”. Además dejó en claro cuáles son las estrategias que actualmente aplica Colombia en esta materia.
¿Cuáles son los temas de la política de drogas que Colombia busca presentar ante la comunidad internacional?
Mi labor es llevar al ámbito internacional la discusión de lo que es la política de drogas, traerlo a un escenario multilateral para señalar temas relacionados con la corresponsabilidad de los países frente a un tema que es global. Colombia justamente ha intentado abordar el problema de maneras distintas, tratando de apostarle a algunos enfoques como el desarrollo territorial, la sustitución de cultivos, hacer un tratamiento diferencial a las personas más vulnerables y concentrar la fuerza y la interdicción hacia los más fuertes. Eso es lo que hemos venido tratando de jalar a nivel internacional. Este escenario es por excelencia el lugar para dar esa discusión.
Usted ha mantenido siempre una línea desde los derechos humanos, sobre todo en este tema de la política de drogas que en muchas ocasiones ha dejado de lado a las comunidades o no tiene en cuenta los costos humanos. ¿Cuál es la propuesta de Colombia ante la Comisión en este tema?
Colombia va a seguir con su línea donde la política de drogas debe estar basada en los derechos humanos. Para el gobierno y para el presidente Petro este es un eje fundamental. En ese marco hay muchas discusiones para dar, pero hay una que es fundamental: cómo estamos llevando la política, qué estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Colombia el año pasado también lideró, con mi predecesora, una resolución sobre un panel de expertos para que pudiera dar recomendaciones frente a la política de drogas. Adicionalmente buscamos seguir fortaleciendo la discusión sobre qué indicadores queremos y cómo queremos medir la política. Tenemos una política altamente compleja, con una cantidad de incertidumbres y dificultad para el levantamiento de información. Queremos saber qué está pasando y cómo podemos incluso medir estas acciones en el marco de los derechos humanos, viendo qué tipo de impacto tienen frente a los tránsitos de las economías ilícitas a las lícitas, entre otros.
Si bien el presidente Donald Trump aceptó una erradicación voluntaria y le pareció una buena idea, de todas maneras no se ha descartado la erradicación forzada y todavía sigue el tema de extradiciones, capturas y combates contra los grupos armados que tienen el control de esta economía ilícita. ¿Cómo poner a conversar los derechos humanos con estos temas?
Tener una política que pueda llevar a cabo estrategias de interdicción no significa que no se pueda tener una política también desde el otro ámbito, más centrado en las comunidades. Aquí también estamos hablando de temas relacionados con el medio ambiente y con lo que está pasando en el multilateralismo como un escenario para poder dirimir diferencias y dar conversaciones que son difíciles. Colombia ha sido muy importante en ese sentido. El hecho de que tengamos un panel aprobado a través de una resolución en Naciones Unidas muestra que ha habido un liderazgo. Colombia tiene toda la autoridad moral para hablar de política de drogas y la autoridad para pedirle al resto del mundo una corresponsabilidad. Esto es una discusión que va más allá del ámbito de drogas: toca los derechos humanos y hace intersección con muchas otras cosas dentro de los escenarios del multilateralismo.
Precisamente hace un año, el gobierno presentó ante esa Comisión varias estrategias para combatir el narcotráfico teniendo en cuenta el impacto ambiental, el enfoque de género y la reducción de daños. ¿Cómo van esos planes de trabajo?
Lo que ha puesto Colombia es una discusión global sobre los efectos que tienen las políticas de drogas y las necesidades que tiene el mundo, como una aldea global, de revisar qué estamos haciendo y qué impacto está teniendo en otras esferas de la vida de las personas. Colombia lideró una resolución sobre reducción de daños, que es un enfoque que va un poco más allá de la prevención y busca cuidar la salud pública. El panel de expertos apenas se va a implementar. Esta va a ser la comisión donde se comenzará su implementación con expertos independientes. No son funcionarios de gobierno, sino expertos que van a sentarse como una comisión de sabios sobre el tema de política de drogas a revisar y a generar recomendaciones.
¿Cuáles son las estrategias puntuales que está implementando este gobierno para la lucha contra las drogas?
La política de drogas de Colombia está pensada en dos ejes fundamentales: reconoce la necesidad de poder controlar desde la aplicación de la ley aspectos como las incautaciones y la persecución, pero entiende que hay actores altamente vulnerables que requieren un tratamiento distinto. Dentro de esta política hay un eje transversal: la diplomacia internacional. Entendemos clarísimamente que Colombia no puede estar sola en esto; debe liderar esta discusión a nivel global si queremos tener realmente un impacto y una manera de concebir la política que pueda cambiarle la vida a la gente. Lo que interesa es que la gente pueda vivir bien y necesitamos una discusión global en eso.
Hay algunos expertos en esta materia que señalan que en Colombia todavía no hemos encontrado la forma de luchar contra las drogas. Señalan que todavía nos enfocamos mucho en el tema de la erradicación, pero en realidad esto no soluciona el problema de fondo o que el tema de los cabecillas y las extradiciones tampoco solucionan los problemas de fondo. ¿Cuál es su opinión frente a esto?
La política de drogas es altamente compleja. Hay varios puntos de vista y maneras de verla. La política tiene impactos en lo ambiental, en la niñez, la juventud y los derechos humanos. Efectivamente, no puede ser medida únicamente por hectáreas o por toneladas; tiene que tener una visión mucho más comprensiva. Esa es la discusión que Colombia está liderando desde que empezó el gobierno y que ahora quiere consolidar dejando instalado un panel que pueda darle continuidad. Queremos poner sobre el escenario ejemplos y situaciones concretas que permitan hablar de otras maneras de medir y enfocarnos en cosas que nos permitan dar cuenta de realidades que algunos indicadores han cegado.
El presidente Gustavo Petro menciona la lucha antidrogas descolonizada. ¿De qué va esa estrategia?
Lo que está planteando el presidente Gustavo Petro es que durante décadas Colombia ha asumido una parte desproporcionada de los costos humanos de la economía ilegal. El país no solamente produce estadísticas, sino que también ha producido muertos luchando contra el narcotráfico. Por eso Colombia está planteando un debate internacional que busca avanzar hacia una corresponsabilidad global frente al problema de las drogas. Esta es una discusión global que tenemos que dar todos. El multilateralismo le ha dado una respuesta a Colombia a través de este panel de expertos, que va a generar recomendaciones y permitirá conversar con diferentes visiones.
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