En la reforma a la justicia no se puede improvisar: magistrado Luis Guillermo Guerrero
El jurista es el único integrante de la Corte Constitucional que participa en los debates de la reforma. En entrevista con El Espectador, asegura que Colombia tiene una larga tradición que dificultaría crear una única Corte como propone el Centro Democrático.
Alejandra Bonilla Mora / @AlejaBonilla
La reforma a la justicia que se apruebe terminará siendo revisada por la Corte Constitucional. ¿Por qué participa en los debates?
Estoy actuando a título individual. La Corte mantiene independencia sobre el tema, como quiera que le tocará pronunciarse luego sobre la reforma. En esta oportunidad consideré —y mis colegas aceptaron— que, habiéndose ya la Corte pronunciado en la reforma de equilibrio de poderes, era deseable que se interviniera en la formación del proyecto.
¿Qué opina de la reforma a la justicia que propone el Gobierno?
Los tiempos políticos nos impusieron premura para radicar un proyecto y eso hace que todavía subsistan diferencias. Ha habido relativo consenso sobre la necesidad de ajustar el Consejo Superior de la Judicatura. Se propone constitucionalizar la Comisión Interinstitucional de la rama judicial. Luego viene la estructura de gobierno dividida en dos partes. Una que es la Comisión de Carrera Judicial para la configuración de las listas de candidatos a magistrados del Consejo de Estado y Corte Suprema y para la administración de la carrera. Y hay una comisión para temas de presupuesto o el mapa judicial, que es independiente y tiene una gerencia.
¿Esta nueva forma de Gobierno pasaría el examen de la Corte Constitucional? La reforma de Equilibrio de Poderes creaba un Consejo de Gobierno Judicial que se cayó…
Yo sí creo que la articulación como se ha propuesto guarda correspondencia con lo que la Corte ha dicho debe ser ese diseño de autonomía. Yo ya quedé impedido en eso y ya será la Corte quién decida.
(Le puede interesar: Los puntos gruesos de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno)
¿Le gustó la modificación de las facultades electorales de las cortes?
Las cortes han expresado que no tienen apego a funciones electorales distintas de las que son internas de la rama. Si se considera que las cortes no deben participar, está bien, pero se llama la atención para que lo que resulte como alternativa sea un sistema que ofrezca transparencia. Por ejemplo, hay un tema que consideramos que ha funcionado bien: la elección del registrador. Es muy sensible, porque es un cargo que incide en el proceso electoral y confiarlo al Gobierno y al Congreso tiene su dificultad.
La reforma dice que si la Corte Suprema no elige fiscal un mes después de recibir la terna, será el presidente quien lo designe. ¿Este esquema cumple con esos requisitos que usted menciona?
Esa fórmula busca evitar los bloqueos en los nombramientos que van a hacerse. Creo que hay que buscar mecanismos para evitar bloqueos en la configuración de los órganos del Estado.
¿Es necesario modificar la tutela?
Yo participé con Juan Carlos Esguerra en la Constituyente en la configuración de lo que es hoy la acción de tutela y siempre ha sido un tema sensible la posibilidad de tocar la acción de tutela, pero a veces se requieren ajustes. Hay consenso sobre la necesidad de definir criterios de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Pero hay otros temas que más bien parecería que pueden debilitar o complicar el manejo de la tutela y eso sí genera mucha reserva.
(Le puede interesar: Las dudas sobre la reforma a la justicia que las altas cortes expresaron al presidente Duque)
¿Qué cambios no le gustaron?
La Constitución dice que cualquier persona puede interponer tutela. La reforma dice que “toda persona legitimada”. Es decir, se pone un tema que antes no estaba. Ya lo había introducido el proyecto de Cambio Radical, buscando eliminar las tutelatones. Realmente eso no da respuesta al problema y limita un poco el acceso. Luego, la Constitución dice “en todo momento y lugar”, y aquí le quitan eso, o sea que ya no se puede usar en todo momento y se abre la posibilidad de que se le ponga un límite.
Y, finalmente, la reforma señala que la tutela se reclama ante los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponde. Eso es complicado porque la tutela está prevista para que cualquier persona la use ante cualquier juez. Yo creo que es preferible en eso no tocar el artículo y se podría manejar ese tema por reparto y, aun así, podría recargar demasiado ciertas áreas de las jurisdicciones.
Si la reforma pasa, los fallos solo se conocerán cuando se hayan presentado los salvamentos y aclaraciones de votos…
Yo no creo que se deba supeditar la publicación de la sentencia a los salvamentos de votos. La Corte divulga sus decisiones de constitucionalidad a través de comunicados y eso ha generado muchas críticas. Si habiéndose ya votado, la sentencia no se puede comunicar, es un tema de transparencia complejo de manejar. Limitar esa posibilidad implicaría eventualmente la necesidad de alterar los tiempos y que, entonces, que la Corte no vote hasta que no tenga el texto definitivo.
(Le puede interesar: Alertan sobre supuesto “mico” en la reforma a la justicia del Centro Democrático)
La idea de una única Corte había quedado descartada y ahora el Centro Democrático propone suprimir las altas cortes...
El presidente Duque en la campaña había hablado de esa propuesta, pero que había otras, como la que finalmente se acogió, de fortalecer las primeras y segundas instancias sin alterar la estructura de la cúpula de la administración de justicia. El Centro Democrático ahora ha presentado esa propuesta señalando que es una alternativa para someter a debate y eso hace difícil el trámite en el Congreso, porque hay dos posturas disímiles y habría que decantarse por una.
¿Es conveniente que haya una única corte?
Sin conocer el texto, en principio advierto que en Colombia tenemos una larga tradición con las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa y luego, desde 1991, con la jurisdicción constitucional separada. No veo que sea tan fácil desconocer esa estructura de la jurisdicción en Colombia, pero habría que mirar en el articulado la propuesta.
¿Cómo ve el escenario en el Congreso?
Estamos ante un tema muy complejo y delicado. Yo habría preferido un escenario de debate más amplio previo a la presentación del proyecto. Ahora vamos a tener un escenario con varias iniciativas: la de Cambio Radical y la del Centro Democrático, y eso hará que el trámite sea más difícil. Yo insisto en que de lo que se trata es de reformar una de las ramas del poder público; eso tiene una incidencia sobre el acceso a la administración de justicia a la que aspiran los ciudadanos y en el sistema de pesos y contrapesos que tiene el Estado. Este es un tema en el que no se puede improvisar.
¿Por qué no crear un tribunal de aforados?
La idea de que los magistrados tengan fuero busca dar una serie de garantías frente a cualquier presión externa por las funciones que cumplen. Si se ponen instancias de coyuntura para juzgar a las cortes, se corre el riesgo de que, por esa vía, se proceda a deslegitimar los jueces, removerlos y sustituirlos por otros que sean más adeptos a los gobiernos o al Congreso. Por otro lado, pensar en un tribunal cuya única función sea tener la lupa puesta en lo que hacen los magistrados, y que van a tener la presión de que su trabajo se va a medir en función de las investigaciones exitosas que produzcan, no parece que sea lo que mejor garantice la independencia judicial. Lo que sí se requiere es que cuando haya esos casos, que los ha habido, se pueda actuar de manera drástica y rápida.
Pero el procedimiento actual sigue siguiendo muy lento…
La idea es fortalecer el procedimiento en la Comisión y simplificarlo. El sistema que existe hoy por hoy tiene una cierta ambigüedad, la idea es clarificarla. El Congreso tendría dos funciones, el antejuicio político en donde se va a juzgar sobre si hay mérito para iniciar una causa penal y, si es así, lo pasa a la Corte Suprema para que investigue. Y la otra es la responsabilidad disciplinaria que sí la ejerce el Congreso.
¿Por qué no están de acuerdo con el congelamiento de salarios?
La rama judicial tiene una estructura salarial piramidal, que tiene como referente a los magistrados de altas cortes. Luego vienen los magistrados de tribunal, los jueces de circuito y los jueces municipales. Los salarios están atados y si los salarios de los magistrados se congelan, pues también deberán disminuir los demás. El tema es problemático porque en la Constitución de 1991 se planteó la necesidad de dignificar la función judicial, atraer al ejercicio de esta función a personas suficientemente capacitadas, y para eso habría que ofrecerles unos niveles de remuneración mejores. Si queremos eso, no podemos diseñar una política que se traduzca en un desmejoramiento de esas condiciones.
(Lea: Arranca el pulso por la reforma a la justicia)
La reforma a la justicia que se apruebe terminará siendo revisada por la Corte Constitucional. ¿Por qué participa en los debates?
Estoy actuando a título individual. La Corte mantiene independencia sobre el tema, como quiera que le tocará pronunciarse luego sobre la reforma. En esta oportunidad consideré —y mis colegas aceptaron— que, habiéndose ya la Corte pronunciado en la reforma de equilibrio de poderes, era deseable que se interviniera en la formación del proyecto.
¿Qué opina de la reforma a la justicia que propone el Gobierno?
Los tiempos políticos nos impusieron premura para radicar un proyecto y eso hace que todavía subsistan diferencias. Ha habido relativo consenso sobre la necesidad de ajustar el Consejo Superior de la Judicatura. Se propone constitucionalizar la Comisión Interinstitucional de la rama judicial. Luego viene la estructura de gobierno dividida en dos partes. Una que es la Comisión de Carrera Judicial para la configuración de las listas de candidatos a magistrados del Consejo de Estado y Corte Suprema y para la administración de la carrera. Y hay una comisión para temas de presupuesto o el mapa judicial, que es independiente y tiene una gerencia.
¿Esta nueva forma de Gobierno pasaría el examen de la Corte Constitucional? La reforma de Equilibrio de Poderes creaba un Consejo de Gobierno Judicial que se cayó…
Yo sí creo que la articulación como se ha propuesto guarda correspondencia con lo que la Corte ha dicho debe ser ese diseño de autonomía. Yo ya quedé impedido en eso y ya será la Corte quién decida.
(Le puede interesar: Los puntos gruesos de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno)
¿Le gustó la modificación de las facultades electorales de las cortes?
Las cortes han expresado que no tienen apego a funciones electorales distintas de las que son internas de la rama. Si se considera que las cortes no deben participar, está bien, pero se llama la atención para que lo que resulte como alternativa sea un sistema que ofrezca transparencia. Por ejemplo, hay un tema que consideramos que ha funcionado bien: la elección del registrador. Es muy sensible, porque es un cargo que incide en el proceso electoral y confiarlo al Gobierno y al Congreso tiene su dificultad.
La reforma dice que si la Corte Suprema no elige fiscal un mes después de recibir la terna, será el presidente quien lo designe. ¿Este esquema cumple con esos requisitos que usted menciona?
Esa fórmula busca evitar los bloqueos en los nombramientos que van a hacerse. Creo que hay que buscar mecanismos para evitar bloqueos en la configuración de los órganos del Estado.
¿Es necesario modificar la tutela?
Yo participé con Juan Carlos Esguerra en la Constituyente en la configuración de lo que es hoy la acción de tutela y siempre ha sido un tema sensible la posibilidad de tocar la acción de tutela, pero a veces se requieren ajustes. Hay consenso sobre la necesidad de definir criterios de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Pero hay otros temas que más bien parecería que pueden debilitar o complicar el manejo de la tutela y eso sí genera mucha reserva.
(Le puede interesar: Las dudas sobre la reforma a la justicia que las altas cortes expresaron al presidente Duque)
¿Qué cambios no le gustaron?
La Constitución dice que cualquier persona puede interponer tutela. La reforma dice que “toda persona legitimada”. Es decir, se pone un tema que antes no estaba. Ya lo había introducido el proyecto de Cambio Radical, buscando eliminar las tutelatones. Realmente eso no da respuesta al problema y limita un poco el acceso. Luego, la Constitución dice “en todo momento y lugar”, y aquí le quitan eso, o sea que ya no se puede usar en todo momento y se abre la posibilidad de que se le ponga un límite.
Y, finalmente, la reforma señala que la tutela se reclama ante los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponde. Eso es complicado porque la tutela está prevista para que cualquier persona la use ante cualquier juez. Yo creo que es preferible en eso no tocar el artículo y se podría manejar ese tema por reparto y, aun así, podría recargar demasiado ciertas áreas de las jurisdicciones.
Si la reforma pasa, los fallos solo se conocerán cuando se hayan presentado los salvamentos y aclaraciones de votos…
Yo no creo que se deba supeditar la publicación de la sentencia a los salvamentos de votos. La Corte divulga sus decisiones de constitucionalidad a través de comunicados y eso ha generado muchas críticas. Si habiéndose ya votado, la sentencia no se puede comunicar, es un tema de transparencia complejo de manejar. Limitar esa posibilidad implicaría eventualmente la necesidad de alterar los tiempos y que, entonces, que la Corte no vote hasta que no tenga el texto definitivo.
(Le puede interesar: Alertan sobre supuesto “mico” en la reforma a la justicia del Centro Democrático)
La idea de una única Corte había quedado descartada y ahora el Centro Democrático propone suprimir las altas cortes...
El presidente Duque en la campaña había hablado de esa propuesta, pero que había otras, como la que finalmente se acogió, de fortalecer las primeras y segundas instancias sin alterar la estructura de la cúpula de la administración de justicia. El Centro Democrático ahora ha presentado esa propuesta señalando que es una alternativa para someter a debate y eso hace difícil el trámite en el Congreso, porque hay dos posturas disímiles y habría que decantarse por una.
¿Es conveniente que haya una única corte?
Sin conocer el texto, en principio advierto que en Colombia tenemos una larga tradición con las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa y luego, desde 1991, con la jurisdicción constitucional separada. No veo que sea tan fácil desconocer esa estructura de la jurisdicción en Colombia, pero habría que mirar en el articulado la propuesta.
¿Cómo ve el escenario en el Congreso?
Estamos ante un tema muy complejo y delicado. Yo habría preferido un escenario de debate más amplio previo a la presentación del proyecto. Ahora vamos a tener un escenario con varias iniciativas: la de Cambio Radical y la del Centro Democrático, y eso hará que el trámite sea más difícil. Yo insisto en que de lo que se trata es de reformar una de las ramas del poder público; eso tiene una incidencia sobre el acceso a la administración de justicia a la que aspiran los ciudadanos y en el sistema de pesos y contrapesos que tiene el Estado. Este es un tema en el que no se puede improvisar.
¿Por qué no crear un tribunal de aforados?
La idea de que los magistrados tengan fuero busca dar una serie de garantías frente a cualquier presión externa por las funciones que cumplen. Si se ponen instancias de coyuntura para juzgar a las cortes, se corre el riesgo de que, por esa vía, se proceda a deslegitimar los jueces, removerlos y sustituirlos por otros que sean más adeptos a los gobiernos o al Congreso. Por otro lado, pensar en un tribunal cuya única función sea tener la lupa puesta en lo que hacen los magistrados, y que van a tener la presión de que su trabajo se va a medir en función de las investigaciones exitosas que produzcan, no parece que sea lo que mejor garantice la independencia judicial. Lo que sí se requiere es que cuando haya esos casos, que los ha habido, se pueda actuar de manera drástica y rápida.
Pero el procedimiento actual sigue siguiendo muy lento…
La idea es fortalecer el procedimiento en la Comisión y simplificarlo. El sistema que existe hoy por hoy tiene una cierta ambigüedad, la idea es clarificarla. El Congreso tendría dos funciones, el antejuicio político en donde se va a juzgar sobre si hay mérito para iniciar una causa penal y, si es así, lo pasa a la Corte Suprema para que investigue. Y la otra es la responsabilidad disciplinaria que sí la ejerce el Congreso.
¿Por qué no están de acuerdo con el congelamiento de salarios?
La rama judicial tiene una estructura salarial piramidal, que tiene como referente a los magistrados de altas cortes. Luego vienen los magistrados de tribunal, los jueces de circuito y los jueces municipales. Los salarios están atados y si los salarios de los magistrados se congelan, pues también deberán disminuir los demás. El tema es problemático porque en la Constitución de 1991 se planteó la necesidad de dignificar la función judicial, atraer al ejercicio de esta función a personas suficientemente capacitadas, y para eso habría que ofrecerles unos niveles de remuneración mejores. Si queremos eso, no podemos diseñar una política que se traduzca en un desmejoramiento de esas condiciones.
(Lea: Arranca el pulso por la reforma a la justicia)