En libertad dos coroneles de la Policía implicados en el caso grafitero
La determinación fue tomada por la juez 64 de garantías.
El Espectador
Al considerar que no se pudo inferir su coparticipación en la manipulación en la escena del crimen en la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra, la jueza 64 de garantías ordenó la libertad inmediata para el coronel Nelson de Jesús Arévalo.
En su extensa argumentación, la funcionaria judicial indicó que en la argumentación de la Fiscalía no se pudo evidenciar el hecho de que con su actuar el día de los hechos el entonces comandante de la estación de Policía de Suba buscará favorecer al patrullero Wilmer Antonio Alarcón.
En este sentido indicó que cuando llegó a la clínica Shaio –donde fue trasladado Becerra- así como cuando llegó al lugar de los hechos el área ya estaba acordonada por lo que la escena ya había salido manipulada con la ubicación de un arma de manera predeterminada para desviar la investigación y la realidad.
La funcionaria judicial indicó que el coronel se enteró de un cruce de disparos y la existencia de una pistola en el lugar de los hechos por las comunicaciones internas, en la que participaron los primeros respondientes y los patrulleros del sector.
Para la juez, al evaluar los argumentos de la Fiscalía, no es clara la información sobre la forma en cómo se consiguió el arma de fuego ni mucho menos la participación del coronel Arévalo en su consecución.
“No deja de ser una especulación”, indicó la administradora de justicia al manifestar que no se pudo comprobar la participación del oficial en estos hechos puesto que las versiones que lo involucran son contradictorias.
En este sentido indicó además que no se pudo evidenciar el pacto de silencio entre los uniformados que llegaron al lugar y realizaron el informe como primeros respondientes.
Al revisar la solicitud de la Fiscalía, la juez concluyó que no se pudo establecer que el corone hubiera acordado la falsedad del informe del primer respondiente que llegó al lugar de los hechos y el cual, según el ente, no registró la presencia de un arma de fuego en el lugar de los hechos.
“No se puede inferir de manera razonable la existencia de un acuerdo criminal consistente en la ubicación de un arma de fuego o un acuerdo para conseguir la pistola cuando los elementos indican que cuando llegó al lugar de los hechos ya se había hecho el acordonamiento y se había plantado el arma”, aseguró la juez.
Manifestó además que tampoco se presentaron elementos procesales que permitieran inferir la existencia de un “pacto de silencio” entre los oficiales y sus subalternos “para protegerse”, indicando que el coronel Arévalo fue la persona que denunció la actuación del patrullero Fredy Navarrete, “quien ha cambiado su versión”.
“No encuentro salido de la lógica lo indicado por (el teniente Rosemberg) Madrid sobre el hecho de que los procesados están buscando beneficios con la Fiscalía y por ello han cambiando su versión”, indicó.
El caso del coronel Vivas
La juez 64 de control de garantías se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento al coronel José Javier Vivas en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en la manipulación y alteración de la escena del crimen en la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra.
En su decisión se indicó que en su argumentación la Fiscalía General no se presentaron pruebas con las que se pudiera inferir que el entonces subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá llegará a la escena del crimen antes de que la escena fuera manipulada o alterada.
En este caso indicó que según el informe del primer respondiente, cuando el coronel llegó la zona ya estaba acordonada por los uniformados que llegaron al lugar ante las comunicaciones internas en las que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón manifestó que le había disparado a un joven que había participado en un atraco.
Asimismo, la juez indicó que en los testimonios de los patrulleros no se logra establecer si el coronel Vivas tuvo incidencia en las decisiones que llevaron a plantar un arma en la escena del crimen, por lo cual no se determinó que papel jugaba el oficial.
En su determinación la administradora de justicia ordenó la libertad inmediata del coronel que estaba como agregado militar en Londres (Inglaterra), quien se entregó voluntariamente a la Fiscalía el pasado miércoles ante los requerimientos de las autoridades.
Igualmente la juez tuvo en cuenta la colaboración que ha demostrado el oficial, quien en repetidos escritos aseguró que estaba dispuesto a entregar toda la información que conocía sobre estos hechos para aportarlas a la investigación.
El coronel Vivas se declaró inocente de los delitos de porte y tráfico de armas, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento de material probatorio, favorecimiento con fines de homicidio y fraude procesal.
Obstrucción a la investigación
Por último, la juez de garantías cobijó con medida de aseguramiento bajo la figura de la detención domiciliaria en contra de Nubia Mahecha al considerar que con su versión afectó el curso de la investigación que se adelantaba por los hechos que rodearon la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, registrada el 19 de agosto de 2011.
En su decisión, la funcionaria judicial indicó que con su declaración juramentada ante las autoridades “revictimizó” al joven de 16 años al acusarlo de haber participado en el atraco de un bus de servicio público que manejaba su esposo.
En este sentido aseguró que está denuncia fue la base para crear una teoría criminal con el fin de involucrar al joven grafitero y desviar el curso de la investigación que se estaba adelantando. “Se revictimizó al joven y a su familia”, aseguró.
Y es que por esta denuncia se indicó que se había registrado un cruce de disparos entre el joven y el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, después de que el conductor del bus le pidiera ayuda a las autoridades por un supuesto asalto del que había sido víctima.
Al considerar que la mujer es madre cabeza de familia y tiene que velar por sus hijos ya que su esposo se encuentra desde hace nueve meses privado de la libertad por estos mismos hechos.
La Fiscalía General y la defensa de las víctimas presentaron recurso de apelación con la que buscan que un juez de segunda instancia revoque la decisión de la juez de garantías y cobije con medida de aseguramiento preventiva a los dos coroneles.
En contra de estas decisiones el representante de la Procuraduría General no interpuso recurso de reposición ni apelación.
La polémica
En la tarde de este jueves, se presentó un nuevo caso de infiltración por parte de una persona que recolectaba información de los periodistas que se encontraban en la sala de prensa cubriendo la audiencia contra dos coroneles por su presunta participación en la manipulación de la escena del crimen en la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra.
Al ser requerido por funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, el hombre identificado como José Urrea por los agentes del CTI manifestó ser estudiante de derecho. Ante su respuesta le fue requerido un documento que lo identificara como estudiante, sin embargo, su reacción fue pararse y retirarse de la sala de prensa.
Funcionarios del CTI al verlo le preguntaron la razón de su presencia ya al interior de la sala de audienciasa a lo que este indicó que era un familiar del coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la estación de Suba.
En estos momentos las autoridades están buscando establecer si pertenece a la Sipol de la Policía Nacional.
Al considerar que no se pudo inferir su coparticipación en la manipulación en la escena del crimen en la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra, la jueza 64 de garantías ordenó la libertad inmediata para el coronel Nelson de Jesús Arévalo.
En su extensa argumentación, la funcionaria judicial indicó que en la argumentación de la Fiscalía no se pudo evidenciar el hecho de que con su actuar el día de los hechos el entonces comandante de la estación de Policía de Suba buscará favorecer al patrullero Wilmer Antonio Alarcón.
En este sentido indicó que cuando llegó a la clínica Shaio –donde fue trasladado Becerra- así como cuando llegó al lugar de los hechos el área ya estaba acordonada por lo que la escena ya había salido manipulada con la ubicación de un arma de manera predeterminada para desviar la investigación y la realidad.
La funcionaria judicial indicó que el coronel se enteró de un cruce de disparos y la existencia de una pistola en el lugar de los hechos por las comunicaciones internas, en la que participaron los primeros respondientes y los patrulleros del sector.
Para la juez, al evaluar los argumentos de la Fiscalía, no es clara la información sobre la forma en cómo se consiguió el arma de fuego ni mucho menos la participación del coronel Arévalo en su consecución.
“No deja de ser una especulación”, indicó la administradora de justicia al manifestar que no se pudo comprobar la participación del oficial en estos hechos puesto que las versiones que lo involucran son contradictorias.
En este sentido indicó además que no se pudo evidenciar el pacto de silencio entre los uniformados que llegaron al lugar y realizaron el informe como primeros respondientes.
Al revisar la solicitud de la Fiscalía, la juez concluyó que no se pudo establecer que el corone hubiera acordado la falsedad del informe del primer respondiente que llegó al lugar de los hechos y el cual, según el ente, no registró la presencia de un arma de fuego en el lugar de los hechos.
“No se puede inferir de manera razonable la existencia de un acuerdo criminal consistente en la ubicación de un arma de fuego o un acuerdo para conseguir la pistola cuando los elementos indican que cuando llegó al lugar de los hechos ya se había hecho el acordonamiento y se había plantado el arma”, aseguró la juez.
Manifestó además que tampoco se presentaron elementos procesales que permitieran inferir la existencia de un “pacto de silencio” entre los oficiales y sus subalternos “para protegerse”, indicando que el coronel Arévalo fue la persona que denunció la actuación del patrullero Fredy Navarrete, “quien ha cambiado su versión”.
“No encuentro salido de la lógica lo indicado por (el teniente Rosemberg) Madrid sobre el hecho de que los procesados están buscando beneficios con la Fiscalía y por ello han cambiando su versión”, indicó.
El caso del coronel Vivas
La juez 64 de control de garantías se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento al coronel José Javier Vivas en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en la manipulación y alteración de la escena del crimen en la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra.
En su decisión se indicó que en su argumentación la Fiscalía General no se presentaron pruebas con las que se pudiera inferir que el entonces subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá llegará a la escena del crimen antes de que la escena fuera manipulada o alterada.
En este caso indicó que según el informe del primer respondiente, cuando el coronel llegó la zona ya estaba acordonada por los uniformados que llegaron al lugar ante las comunicaciones internas en las que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón manifestó que le había disparado a un joven que había participado en un atraco.
Asimismo, la juez indicó que en los testimonios de los patrulleros no se logra establecer si el coronel Vivas tuvo incidencia en las decisiones que llevaron a plantar un arma en la escena del crimen, por lo cual no se determinó que papel jugaba el oficial.
En su determinación la administradora de justicia ordenó la libertad inmediata del coronel que estaba como agregado militar en Londres (Inglaterra), quien se entregó voluntariamente a la Fiscalía el pasado miércoles ante los requerimientos de las autoridades.
Igualmente la juez tuvo en cuenta la colaboración que ha demostrado el oficial, quien en repetidos escritos aseguró que estaba dispuesto a entregar toda la información que conocía sobre estos hechos para aportarlas a la investigación.
El coronel Vivas se declaró inocente de los delitos de porte y tráfico de armas, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento de material probatorio, favorecimiento con fines de homicidio y fraude procesal.
Obstrucción a la investigación
Por último, la juez de garantías cobijó con medida de aseguramiento bajo la figura de la detención domiciliaria en contra de Nubia Mahecha al considerar que con su versión afectó el curso de la investigación que se adelantaba por los hechos que rodearon la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, registrada el 19 de agosto de 2011.
En su decisión, la funcionaria judicial indicó que con su declaración juramentada ante las autoridades “revictimizó” al joven de 16 años al acusarlo de haber participado en el atraco de un bus de servicio público que manejaba su esposo.
En este sentido aseguró que está denuncia fue la base para crear una teoría criminal con el fin de involucrar al joven grafitero y desviar el curso de la investigación que se estaba adelantando. “Se revictimizó al joven y a su familia”, aseguró.
Y es que por esta denuncia se indicó que se había registrado un cruce de disparos entre el joven y el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, después de que el conductor del bus le pidiera ayuda a las autoridades por un supuesto asalto del que había sido víctima.
Al considerar que la mujer es madre cabeza de familia y tiene que velar por sus hijos ya que su esposo se encuentra desde hace nueve meses privado de la libertad por estos mismos hechos.
La Fiscalía General y la defensa de las víctimas presentaron recurso de apelación con la que buscan que un juez de segunda instancia revoque la decisión de la juez de garantías y cobije con medida de aseguramiento preventiva a los dos coroneles.
En contra de estas decisiones el representante de la Procuraduría General no interpuso recurso de reposición ni apelación.
La polémica
En la tarde de este jueves, se presentó un nuevo caso de infiltración por parte de una persona que recolectaba información de los periodistas que se encontraban en la sala de prensa cubriendo la audiencia contra dos coroneles por su presunta participación en la manipulación de la escena del crimen en la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra.
Al ser requerido por funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, el hombre identificado como José Urrea por los agentes del CTI manifestó ser estudiante de derecho. Ante su respuesta le fue requerido un documento que lo identificara como estudiante, sin embargo, su reacción fue pararse y retirarse de la sala de prensa.
Funcionarios del CTI al verlo le preguntaron la razón de su presencia ya al interior de la sala de audienciasa a lo que este indicó que era un familiar del coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la estación de Suba.
En estos momentos las autoridades están buscando establecer si pertenece a la Sipol de la Policía Nacional.