La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Fiscalía, el Invima y la Dian están tras la pista de personas que trabajan en entidades promotoras de salud (EPS) e institutos prestadores de servicios (IPS) de Santander, Norte de Santander, Atlántico o Risaralda y que, en los últimos años, se han dedicado a extraer de sus lugares de trabajo medicamentos para vendérselos a una red de La Guajira. Esa será la segunda fase de una investigación que ya comenzó y que, según confirmó la propia Polfa esta mañana, se concretó con los primeros cuatro arrestos. (Así va la lucha contra las mafias del contrabando en Colombia)
Los detenidos son tres hombres y una mujer: Roger Darío Tejada Núñez, Jairo Oliveros Castro, Sergio Rodríguez Pedroza y Alix María Pedroza -madre de Sergio-. Contrabando abierto. Todos fueron capturados el pasado jueves 12 de marzo en Maicao, ciudad fronteriza de La Guajira con Venezuela. A los cuatro les imputaron los delitos de favorecimiento y facilitación de contrabando, concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
Ninguno aceptó cargos, pero las autoridades a cargo de las pesquisas creen que hay con qué procesarlos. Todo comenzó por la denuncia de una “fuente no formal”, le contó a este diario uno de los investigadores del caso, “que manifiesta que en Maicao están vendiendo medicamentos fraudulentos y de uso institucional”. Estos últimos hacen referencia a las drogas que solo las EPS, a través de sus IPS, están autorizadas para entregar. En sus cajas hay un rótulo que dice “Prohibida su venta”. (En un año se han incautado $90.000 millones en ropa y calzado de contrabando)
Así nació la investigación. Con la pista que entregó la persona que llamó a las autoridades, la Policía y la Fiscalía organizaron un primer operativo en las droguerías señaladas por el delator, en donde se encontraron documentos que los relacionaban con otras droguerías y con otras personas. “Se empezaron a hacer vigilancias a los otros establecimientos, también hubo interceptación de comunicaciones que nos permitía saber de los movimientos de los implicados”, agregó el investigador.
Al tiempo, agentes encubiertos empezaron a ir a las farmacias sobre las cuales recaían sospechas para hacer compras de medicamentos y someterlos a tres tipos de pruebas: análisis del Invima y estudios de documentos y periciales hechos por expertos de los laboratorios a los que pertenecen las drogas que se habrían comercializado ilegalmente. Encontraron también elementos que estaban alterados, otros eran abiertamente de contrabando. (Dian incauta telas y confecciones de contrabando avaluadas en más de $9.000 millones)
En los allanamientos -porque después vinieron otros-, las autoridades se encontraron con cajas y cajas de drogas marcadas con los nombres de distintas ciudades venezolanas. “Caracas”. “Maracaibo”. “Mérida”. “Barinas”. Los organismos colombianos saben que sacaban los medicamentos de sus cajas -para ganar espacio al transportarlos-, y saben que para llevárselas al vecino país usaban los cientos de pasos ilegales que hay en la frontera colombo venezolana, los mismos por los que se usan para combustible o cigarrillos ilegales.
Pero a esta investigación aún le faltan algunas piezas por encajar. Por ejemplo, quiénes eran los que transportaban la droga hasta Venezuela o si funcionarios de esa nación recibieron sobornos para dejar pasar los medicamentos, aunque de esto último no hay indicios, cuenta el investigador del caso. La segunda fase investigativa ya comenzó y las autoridades, que en este caso encontraron 7,8 millones de unidades (avaluadas en 8.000 millones) en las droguerías intervenidas en Maicao -la cifra más alta de los últimos cuatro años-, esperan dar con más responsables.
Por Redacción Judicial
