“En nuestra sociedad, las vidas de las mujeres que abortan valen menos”: Ana Cristina González

(Imagen de contexto). / EFE

Ana Cristina González es médica, doctora en bioética y una de las fundadoras de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres. Además, es una de las expertas que allegó su concepto técnico a la Corte Constitucional para que lo estudiara en el proceso por el que se reabrió la discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia. Aunque la demanda de la abogada Natalia Bernal pide penalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en todas sus causales, en los últimos días se conoció que la ponencia del magistrado Alejandro Linares, que tiene a su cargo el expediente, propone implementar el aborto libre y sin restricciones hasta la semana 16.

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Sin embargo, en su concepto, González va mucho más allá. La doctora asegura, como explica en entrevista con este diario, que una ley pensada por hombres no puede imponerles a las mujeres un proyecto de vida que ellas no quieren. Pero, además, sostiene que la permanencia del aborto en el Código Penal es ineficaz, pues no ha logrado disminuir los procedimientos, y, en su lugar crea ambigüedades para los profesionales en salud llamados a practicar esta clase de procedimientos.

¿Qué quiere decir cuando asegura la penalización del aborto crea una "ambigüedad" para los profesionales en la salud?

Desde el 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias, se dijo que el aborto es un derecho fundamental y, al mismo tiempo, se conservó el delito en el Código Penal. Es decir, se sigue castigando con cárcel a las mujeres que se practiquen abortos por fuera de esas tres circunstancias y a los profesionales que se los hagan. Como esas causales están abiertas a la interpretación, tanto para los médicos como para las mujeres, existe siempre el riesgo de que no se esté incurso en esas circunstancias y se pase del aborto derecho al aborto crimen. De hecho, cuando he trabajado en capacitaciones, muchos profesionales de la salud me dicen: “es mejor no hacer abortos porque en Colombia es un delito”. Esa atribución del delito hace del aborto un procedimiento muy estigmatizado tanto para quienes lo prestan como para quienes lo necesitan y esa ambigüedad solo se puede eliminar si se elimina el delito de aborto. 

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Usted también asegura que el hecho de que el aborto sea un delito profundiza la desigualdad en las mujeres, que es uno de los puntos en que más hace énfasis el magistrado Alejandro Linares en su ponencia...

Absolutamente. Hay dos cosas que a mí me parecen paradigmáticas del aborto. Primero, que mantener el delito de aborto produce y reproduce desigualdades entre mujeres. Si uno ve los datos de la Fiscalía sobre criminalización, se da cuenta que, si bien no son muchas las mujeres llevadas a la cárcel por aborto, en muchos casos sí son sometidas a todo un proceso judicial que, desde la ética, es un castigo. Incluso, en muchos de los casos las mujeres criminalizadas han denunciado, ellas mismas, ser víctimas de violencia. Pero esto solo les pasa a las mujeres de estratos 1, 2 y 3, no porque las mujeres estrato 6 no aborten, sino porque lo hacen en condiciones casi de legalidad. Y, en segundo lugar, esto tiene un efecto más nocivo sobre las mujeres que ya están en desventaja: las menos educadas, las más pobres, las madres adolescentes. Esas mujeres no tienen una adecuada educación sexual, son víctimas de violencias, les es más difícil acceder a métodos anticonceptivos y, sobre ellas, el delito tiene unas consecuencias mayores.  

¿Por qué considera que el aborto como delito es “ineficaz y contraproducente”?

Es ineficaz porque el que el aborto sea delito no ha detenido la práctica milenaria del aborto. El aborto es una práctica que ha acompañado siempre la vida de las mujeres y la va a acompañar. El caso de la mujer de Popayán es un caso que deja claro, desde una experiencia muy dolorosa, que cuando una mujer toma la decisión de interrumpirse el embarazo, ni siquiera le importa que medio país esté en su contra porque tiene razones tan profundas que no es relevante cuanto la maltraten o la amenacen.

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Alguien podría decir: No, pues el delito de homicidio tampoco evita que maten gente. Lo que pasa es que una de las cosas que busca el delito es que las personas le resarzan a la sociedad el daño que hicieron y uno se pregunta, en el caso de la interrupción del embarazo, ¿cuál será el daño que una mujer le hizo a la sociedad? Si una mujer que abortó le hizo un daño a la sociedad, quiere decir que la sociedad considera que la maternidad es un deber de las mujeres. No puede haber un delito que nos obligue a tener un proyecto de vida que no queremos. Cuando nos impiden abortar, no es solamente que nos impidan abortar, es que nos obligan a ser madres.

Por otro lado, es contraproducente porque las mujeres igual van a abortar, no importa dónde lo hagan o en qué condiciones. Pero es contraproducente también, y esta es la parte más larga de mi concepto, porque en esta discusión se pone siempre la vida por delante. “Que vamos a proteger la vida del feto”, dicen, y yo pregunto: ¿y la vida de las mujeres, que son las personas ya nacidas? Porque la vida, y ya lo decían los griegos, no es solamente biología. Uno no está vivo solamente para no estar enfermo. Uno está vivo para construir un proyecto de vida. Y esa dimensión biográfica de la vida es totalmente ignorada.

Eso que menciona es lo que en su concepto se llama “biolegitimidad”, ¿a qué se refiere con ese término? 

La biolegitimidad es un concepto heredero de todos los trabajos de Michel Foucault, pero que además es muy interesante porque dialoga con otros problemas que hay en el mundo, como, por ejemplo, el trato que se les da a los migrantes en Europa. En palabras muy sencillas, biolegitimidad quiere decir: el valor que se le otorga a una vida, ¿cuánto valen las distintas vidas en nuestra sociedad? Ese concepto permite mostrar que hay vidas que valen menos y lo que yo sostengo es que, en nuestra sociedad, las vidas de las mujeres que abortan valen menos porque rechazan la imposición de la maternidad. Valen tanto menos, que todo el mundo se siente validado para defender al feto por encima de la vida de la mujer. Todo esto con un agravante: las mujeres en el siglo XXI no van a dejar que les sigan imponiendo lo que los hombres quieren que hagan.

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¿Por qué el aborto, como está regulado ahorita en Colombia, se convierte en un “espectáculo”?

Todo eso tiene que ver con la biolegitimidad. Los sistemas de causales son, como el colombiano, los que le permiten a las mujeres abortar si se configuran unas circunstancias. Pues, ¿quiénes son las mujeres que logran acceder a un aborto? Las mujeres que logran convencer al prestador de servicios de salud de que están en una situación que para ellas es una amenaza contra su vida o una vulneración a su salud mental. Ellas los tienen que convencer y los relatos que convencen son los relatos que se vuelven un espectáculo, donde se demuestra toda la miseria y todo el dolor. Pareciera que el profesional en salud valora todo eso más que una mujer que le diga tranquila: “doctor, no puedo tenerlo”. Eso no es tan valioso como la historia descarnada que convence a quien certifica el riesgo. La que debería certificar el riesgo es la mujer, pero la palabra de la mujer no vale, tiene que haber un tercero que lo certifique: un médico o un juez. Sin ese certificado, la palabra de la mujer no vale. Y esa palabra tiene más valor si el relato genera más empatía y es más dramático porque el médico se da cuenta que es una tragedia. Es lo mismo que está reportado con los migrantes en Francia: ¿quiénes son los migrantes a los que les dan status de migrantes? Generalmente a los que logran poner de presente las situaciones más dramáticas: que su vida o su salud está en riesgo, que volver a sus países les impediría recuperarse. 

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¿Por qué considera que es insuficiente el modelo de despenalización por plazos, como el que propone el magistrado Alejandro Linares de aborto libre hasta la semana 16?

Porque no se necesita de un delito de aborto para regular el servicio de aborto. Mantener el delito es una cosa perversa, por todas las razones que expliqué antes y porque, al dejarlo ahí, otra vez las mujeres tienen que demostrar las causales que ya están previstas y ya sabemos todas las barreras que les ponen a las mujeres. De todas maneras, hay que reconocer que ese modelo de plazos es el que mejor reconoce, al menos parcialmente, la autonomía de las mujeres. Pero insisto: el delito no se necesita. Eso lo demostraron hace rato, en Canadá, lo acaban de hacer en Australia y está sucediendo en México. Ese delito fue introducido por hombres que nunca se han embarazado y no hay ninguna situación comparable en la vida de los hombres en la que les toque consultar con alguien qué decisiones toman sobre su cuerpo.