De grosero calificó Sandra Morelli, contralora General de la República, los 'micos' que fueron introducidos en la reforma a la justicia, pues gracias a la conciliación a puerta cerrada de 12 congresistas, procesos fiscales a cargo del orgenismo de control pueden caerse.
la contralora indicó que pueden caerse las investigaciones que cursan contra exministros (casos como la salud y agro ingreso seguro) y de los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el sonado caso del carrusel de pensiones.
Morelli explicó que con la reforma “hay un cambio de competencia para juzgar a funcionarios aforados constitucionales y legales, por lo cual lo actuado deberá ser remitido a las nuevas instancias especiales que se crean con todas las consecuencias como la excarcelación, eventuales prescripciones y caducidades. El control fiscal también se afecta, concretamente en las investigaciones que se están surtiendo contra los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (el carrusel de pensiones) y se tendría que remitir nuevamente a la Comisión de Acusaciones. Tendríamos que examinar si esto también afectaría investigaciones respecto de exministros que se estén adelantando”.
La contralora general dijo que la reforma a la justicia introduce una maniobra que se presenta por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano y que es atípico en cualquier lugar del mundo.
“Se introdujo un fuero en materia fiscal de tal manera que habrían funcionarios públicos, incluyendo por ejemplo los secretarios de la Cámara y del Senado, que podrían administrar los bienes de todos los colombianos sin que tuvieran ninguna responsabilidad fiscal, es decir, sin incurrir en detrimento patrimonial. Es grosero, por utilizar cualquier expresión coloquial. Llama la atención que después del debate que resultó cuidando la Contraloría asumió el conocimiento respecto de los magistrados de la sala jurisdiccional disciplinaria por el eventual detrimento patrimonial por unos nombramientos y que hubo intervención ya del Consejo de Estado definiendo que sí somos competentes. También llama la atención que realmente no hubo una conciliación, se está presenciando la existencia de una novena vuelta en un debate constitucional. A parte de los ocho debates, tenemos un noveno que produce un texto nuevo, distinto y prácticamente inconsulto con el resto de los colegas reglamentarios”, dijo.
Morelli aseguró que el fuero que la reforma le dio al contralor General de la República no fue solicitado por el órgano de control. “El contralor también quedó con un fuero que hasta el momento no tiene y, quiero subrayar que esto no fue solicitado por nosotros”. Posiblemente las investigaciones fiscales que cursan en contra de Julio César Turbay Quintero, excontralor de la República, por la compra de una camioneta por 295 .000 millones de pesos.
Pide suspensión del administrador judicial
Diógenes Villa, El administrador de la rama judicial está en la mira del control fiscal por presunta irregularidades en la contabilidad y estados financiero de la rama.
De acuerdo con Sandra Morelli “hay una solicitud de suspensión y las investigaciones tienen que ver por temas de contratación, palacios de justicia, con procesos licitatorios. Pero lo más importante es que la Contraloría identificó inconsistencias contables y estados financieros que superan los $2 billones (que no están relevados adecuadamente en la contabilidad), esta cifra es realmente muy importante en cuanto al impacto que tiene al presupuesto general de la nación y de la opinión que tendría que dar la Contraloría al Congreso de la República sobre el fenecimiento o no de la cuenta de la Nación. Por esta razón se hicieron las advertencias oportunas, sin que hasta el momento se haya tomado ninguna medida, tampoco lo hizo el contralor, ni el auditor de la rama. A esto debemos sumarle el in cremento inusitado de los gastos en este periodo, particularmente en los últimos meses, que asciende a $13.000 millones para descongestión judicial y para la implementación del Código Contencioso Administrativo, sin que hoy contemos con las salas de descongestión, cuando éste empieza a regir el 2 de julio de este año. Hay una actitud de gastar desmedidamente”.
Carta de la contralora
Bogotá, Junio 25 de 2012
Doctor
RICARDO MONROY CHURCH
Presidente Sala Administrativa
Consejo Superior de la Judicatura
Ciudad.
Respetado Señor Presidente:
Los resultados de los procesos auditores adelantados al Consejo Superior de la Judicatura dentro de los años 2011 y 2012 a las cuatro últimas vigencias (2008-2011), arrojaron evaluaciones DESFAVORABLES de la gestión y resultados, con una calificación ubicada en el rango de DEFICIENCIA en el sistema de control interno, así como hallazgos con connotaciones disciplinarias, penales y fiscales, circunstancias que no han permitido el fenecimiento de la cuenta fiscal.
De otro lado, los resultados de la auditoría para la vigencia 2011 antes de evidenciar mejoramiento en la gestión y adecuado uso de los recursos asignados a la Rama Judicial destinados para medidas transitorias aumentaron sin que se evidencie cumplimiento de los objetivos. Se observa que del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2011 se ejecutaron por este concepto $13 mil millones y entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2012, se han comprometido y se están ejecutando $473 mil millones, es decir $486 mil millones en nueve meses, sin que se evidencie avance en los porcentajes de descongestión judicial.
Ahora bien, al revisar el “ Proyecto de Inversión Sistematización de Despachos Judiciales a Nivel Nacional”, presupuestado en $1.3 billones para ser ejecutados entre el 2009 y el 2015, se pudo verificar que dentro de las vigencias 2010 y 2011 se han invertido $49 mil millones, sin que los productos contratados aún se encuentren implementados, si se tiene en cuenta que la logística para la entrada en funcionamiento del sistema de oralidad presenta debilidades tales como disposición de Salas de Audiencias especialmente para las Altas Cortes, mobiliario, tecnología, comunicaciones y adecuaciones en general, lo que permite prever que en las actuales condiciones no se podrá responder a los requerimientos exigidos por la Ley al momento de la entrada en vigencia del Nuevo Código Contencioso Administrativo, es decir 2 de julio de los corrientes.
En este mismo sentido, llaman la atención a este ente de control las irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto mencionado, que han permitido determinar un presunto detrimento patrimonial que asciende a $10 mil millones, representado en contratos de suministro de bienes y servicios tecnológicos cuyo cumplimiento no se pudo verificar.
Ante las circunstancias expuestas no se explica por qué, la función que corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial refleja ausencia de medidas gerenciales que conjuren una gestión antieconómica, y en consecuencia un detrimento patrimonial, situación que imposibilitó un pronunciamiento definitivo sobre los estados financieros con una ABSTENCION en la opinión contable, la cual se soportó en inconsistencias, falta de información, carencia de registros que superó los $1.5 billones, respecto de unos activos $1.1 billones. Esta situación impacta no solo en la gestión institucional, sino en el reporte de información de esta Contraloría para la consolidación del Balance general de la Nación.
Es claro entonces que las medidas que se esperan del Director Ejecutivo de Administración Judicial en su rol de ordenador del gasto y Representante Legal de la Rama Judicial no han sido adoptadas y que además las alertas que debe generar la Auditoría interna frente a estos hechos, también han estado ausentes, razones entre otras que impiden que hoy se cuente con una información oportuna y confiable en materia financiera y de gestión.
Con todo, en ejercicio de las atribuciones conferidas a la contraloría General de la República en el artículo 268 numeral 8º de la Constitución Política, es imperioso promover ante la Sala que usted preside el inicio de acciones disciplinarias en contra de los siguientes funcionarios: Directores Ejecutivos de Administración Judicial que ejercieron el cargo durante las vigencias 2008 hasta la fecha, Directores Administrativos, Directores Financieros y contables, así como los profesionales y demás funcionarios del área administrativa y contable responsables de los registros y procedimientos establecidos para el manejo de los estados financieros.
Bajo el mismo precepto constitucional se exige la suspensión inmediata del actual Director Ejecutivo de Administración Judicial Doctor Diógenes Villa Delgado, el Auditor de la Rama Judicial Dr. Julián Mahecha y del Director Administrativo de la División de Contabilidad Dr. Benjamín Enrique Polo García.
Respetuosamente,
SANDRA MORELLI RICO
Contralora General de la República
Por El Espectador
