Luis Alfredo Ramos Botero, un político muy conocido en Colombia. Exsenador, exgobernador. Conservador. Abogado antioqueño que nació en Sonsón el 19 de abril de 1948. Fue alcalde de Medellín, se convirtió en uno de los líderes de su partido, hizo parte de la campaña presidencial de Andrés Pastrana quien lo nombraría posteriormente como embajador de Colombia ante la OEA. Volvió al país, volvió al Congreso, luego se convirtió en gobernador de su departamento. Su ascenso no tenía freno. Había hecho la carrera política con mucho éxito. ¿Qué seguía? La Presidencia de la República. Entonces en el 2013 anunció su aspiración oficial por el primer cargo del país, pero no contaba con la orden judicial de la Corte Suprema de Justicia, quien semanas después se atravesó en su camino y ordenó su captura con un argumento de fondo: el delito de concierto para delinquir agravado producto de presuntos vínculos con las autodefensas. Sí, una mezcla entre los políticos y los armados ilegales que escribieron un capítulo sangriento en la historia de Colombia. Pero, ¿por qué estamos hablando de Ramos Botero en este boletín de El Espectador le explica.? Porque él fue el mayor elector del Congreso en 2002, porque su caso ya suma más de diez años de investigación y porque la semana pasada la Corte Suprema lo condenó a 95 meses de prisión, casi ocho años, por parapolítica. Por eso, para entender todos los vericuetos que ha tenido este emblemático proceso, les dejaremos a lo largo de este texto varios links de los artículos y reportajes que han escrito nuestros colegas de la redacción Judicial y de Investigación. Recomendamos entrar a ellos para entender en detalle no solo este caso sino parte de la historia reciente de Colombia cruzada por la relación que tuvieron algunos políticos con los paramilitares. Así que, sin más, comencemos.
El proceso arrancó formalmente en febrero de 2011 como consecuencia de una compulsa de copias remitida a la Corte Suprema y en donde se le acusaba de recibir apoyo económico y electoral por parte de grupos paramilitares. Dos años largos de investigación llevaron al 11 de septiembre de 2013, cuando publicamos un informe que relataba la medida de aseguramiento que le había impuesto la Corte Suprema. A la par, también se ordenaba capturar a otro excongresista: Óscar Arboleda. ¿Qué decía el documento de 38 páginas cargado de consideraciones? Estaba toda la justificación para enviar a Ramos Botero a la cárcel. En aquel texto nuestros colegas hicieron el resumen más ejecutivo posible de todo el informe: “Los testimonios de los exjefes ‘paras’ Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero; Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, y el denominado Patrón de Bello, Hugo Albeiro Quintero, fueron contundentes para la Corte Suprema de Justicia para inferir que el exsenador Luis Alfredo Ramos sí hizo pactos con las autodefensas, no sólo para cabildear en el Congreso una Ley de Justicia y Paz benévola con ese grupo armado ilegal, sino porque, al parecer, desde 1998 recibió aportes para sus campañas políticas”. Así las cosas los beneficios de su cercanía con los grupos delincuenciales, de acuerdo con el alto tribunal, también habrían sido fundamentales para su ascenso en la exitosa carrera política.
Entre los hechos expuestos por la Corte aparecía una reunión a comienzos de 2005. En ella estuvieron los entonces congresistas Luis Alfredo Ramos, Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda y Manuel Ramiro Velásquez (Suárez Mira ya había sido condenado, en ese momento, a nueve años de prisión). Allí también estuvieron los paramilitares Ernesto Báez, Julián Bolívar y Alberto Guerrero, todos perseguidos por la ley y aunque para ese momento el Gobierno estaba adelantando diálogos con los máximos jefes de este grupo ilegal, esta reunión no estaba en las cuentas del Ejecutivo, no hacía parte de los encuentros oficiales y por esta razón se consideró que fue clandestino.
Escribimos entonces todos los detalles del caso, empezando por lo que estaba escrito en el expediente; lo que argumentaba la defensa de Ramos Botero para demostrar su inocencia, el litigio que surgió en contra de Noticias Uno por revelar información filtrada sobre el expediente donde ya se hablaba de la posibilidad de una condena por parapolítica y, además, hablamos de la decisión de la Corte Constitucional ante una tutela que interpuso el político investigado:
Investigacion
Judicial
Luis Alfredo Ramos acudió a la Corte Suprema para insistir en su inocencia
Judicial
Noticias Uno le ganó la pelea por la libertad de información a Luis Alfredo Ramos
Judicial
La decisión de la Corte Constitucional en el lío de Luis Alfredo Ramos con Noticias Uno
En septiembre del 2020 se dio un popular choque de trenes entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia por la investigación en contra de Ramos Botero. ¿Qué paso? Que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, vía una tutela que había interpuesto Ramo Botero, ordenó que el magistrado Ariel Torres, ponente del proceso por parapolítica en contra del exgobernador de Antioquia, fuera separado del proceso. La razón: la supuesta filtración del borrador del fallo contra Ramos, divulgado en julio de ese año y por la que la Sala Disciplinaria responsabilizó, sin sustento a la vista, al magistrado Torres. Todo esto sucedía teniendo en cuenta que el juicio contra el político había terminado en el 2017 y para ese momento se completaban tres años esperando que la Corte decidiera si era culpable o inocente.
Para el 2 de octubre de 2020 reportamos la posición de la Corte Suprema sobre la decisión del Consejo Superior de separar al magistrado Ariel Torres del proceso: No estaba de acuerdo. Se había cumplido, sí, lo separaron, pero mostraron su desacuerdo y pidieron que la decisión fuera revisada. “Pasando por alto dos recusaciones negadas contra el magistrado Torres Rojas y sin fórmula de juicio ni motivación, explicación o razón alguna, se le aparta por la supuesta filtración de un proyecto de fallo contra Ramos Botero, de la que no existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo. Inexplicablemente, también se dispone que en el proceso se presente ‘una ponencia diferente a la ya divulgada en los medios de comunicación”, dijo el alto tribunal. Así las cosas, ¿quién podría dirimir ésta pelea? La Corte Constitucional.
“No puedo menos que rechazar enfáticamente el señalamiento realizado por la Sala Disciplinaria, pues de manera infundada y con falta de consideración y ligereza, sindica al suscrito de ser el autor de una supuesta filtración”, dijo Torres en un documento conocido por El Espectador ese mismo 2 de octubre. Y advirtió: “Al separarme arbitrariamente del conocimiento del asunto, ni más ni menos se da en cohonestar la alternativa de que sea el procesado quien escoja su juez natural y no el normativamente preestablecido, lo cual tiene repercusiones insospechadas en el sistema jurídico que nos rige, conduciría, hipotéticamente, a que cualquier sujeto procesal por medios ilegales y ante la maleabilidad de algún servidor público insensato, lograran acceder a información privilegiada de un asunto sometido a reserva con el fin de publicarlo y así utilizarlo para de este modo sacar del camino al funcionario judicial que supuestamente resolvería en contra de particulares intereses, y dar lugar a que la actuación sea entregada a otro que pudiere brindarle un tratamiento favorable”.
Para el 11 de febrero de 2021 la Corte Constitucional entró a revisar la acción contra el magistrado Torres. Este caso, además del proceso cumplido, la pelea entre las altas cortes y un protagonista con mucho poder político, estaba muy cerca, por fin, de definirse. Para el segundo mes de este año supimos que la Corte Suprema ya estudiaba la ponencia de fallo tras años de demoras.
Y entonces registramos y analizamos la decisión de la Corte Constitucional, quien reintegró al magistrado Ariel Augusto Torres al expediente. En julio publicamos que, de acuerdo con los tiempos, el proceso estaba a poco tiempo de llegar al vencimiento de términos lo que dejaría libre del proceso judicial a Luis Alfredo Ramos y el pasado 9 de septiembre informamos sobre el magistrado que se había declarado impedido y daba a un paso al costado para que no existieran dudas sobre su despacho:
Judicial
Reversazo en caso Luis Alfredo Ramos: vuelve magistrado que habría decidido condenarlo
Judicial
El expediente de Luis Alfredo Ramos, próximo a un vencimiento de términos
Judicial
Magistrado se declaró impedido en caso contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos
Un proceso largo que después de muchos ‘ires y venires’, el pasado 1 de octubre, redactó una página más con una noticia de grueso calibre: La Corte Suprema de Justicia condenaba a Luis Alfredo Ramos por parapolítica. Ese día el equipo de la redacción Judicial lo informó así: “El alto tribunal esclareció que el exsenador y exgobernador de Antioquia se concertó con las AUC, quienes financiaron sus campañas políticas y le brindaron votos, a cambio de que les ayudara a pasar desapercibidos de las autoridades y para que tuviera en cuenta sus peticiones en la construcción de la ley de Justicia y Paz. Además de la condena, Ramos queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público”.
Según la Corte Suprema, Ramos Botero terminó, a cambio de recibir dádivas de los paramilitares, ofreciendo dos cosas a los armados ilegales: “interceder” por ellos para que pudieran pasar desapercibidos ante la fuerza pública y privilegiar sus intereses en la negociación de la ley de Justicia y Paz, de tal forma que resultaran beneficiarios en ese proyecto que terminó siendo la base sobre la que se construyó la desmovilización paramilitar en el 2006.
La defensa de Ramos siempre fue enfática en que la reunión, epicentro de todo este proceso, se dio en el marco de la negociación que adelantaba el Gobierno con los paramilitares en busca de su desmovilización, él mismo dijo que dentro de sus funciones como congresista estaba la de llevar a cabo este tipo de tareas, pero la Corte Suprema fue enfática en que era una excusa sin fundamento porque para esa época era prohibido que los jefes paramilitares se reunieran por fuera de la zona de concentración de las mesas de Santafé de Ralito, algo que debía tener claro un abogado conocedor de la realidad nacional, congresista y con la trayectoria política de él.
Ramos, tras conocer la decisión del alto tribunal, dijo que apelará la decisión tomada en primera instancia, que es inocente, que ha “sido víctima de falsos testigos”, que continuará “dando la cara a la justicia confiado en que se reconozca mi inocencia (...) seguiré dando la batalla contra esta infamia hasta el último día de mi vida”. El caso, catalogado como el que más tiempo le ha tomado al aparato judicial para resolver, tiene un ingrediente adicional: también había sido salpicado por el cartel de la toga. “En ese momento trascendió que uno de los protagonistas -del cartel de la toga- era el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien había sido abogado de Luis Alfredo Ramos en el proceso en la Corte. Sin embargo, el propio Moreno aseguró a las autoridades que ninguno de los pagos que recibió del bolsillo del exsenador habían sido destinados a maniobras ilegales, sino que habían correspondido solamente a sus honorarios como abogado defensor”, nos contaron nuestros colegas de la redacción Judicial.
Pero también hay otro capítulo en medio de todo esto: durante la deliberación de la Corte no hubo consenso para condenar a Ramos y allí el magistrado Jorge Emilio Caldas votó en contra. En el salvamento de voto analizó, nuevamente, las pruebas del caso y a su consideración hay testigos que no merecen su credibilidad. Por ejemplo, sobre los supuestos dineros que le dieron a Ramos, él cree que no resulta creíble que un político reconocido se reuniera con paramilitares en un lugar público como un centro comercial para hablar de actividades ilegales de las autodefensas. O, para agregar, recordó que uno de los testigos habló de la entrega de dinero proveniente del cartel de gasolina para su campaña, pero el magistrado recordó en su salvamento de voto que en el año 2000 no hubo elecciones ni campaña alguna. Ramos insiste en que no tuvo un debido proceso, se sabe que la decisión puede ser apelada y la defensa insiste en que las consideraciones fueron más políticas que jurídicas.
Este caso es emblemático porque la parapolítica evidenció los tratos que hicieron líderes políticos locales, regionales y nacionales con paramilitares, de tal forma que se ejerció presión armada a las comunidades para que votaran por los candidatos de sus preferencias. La gravedad de todo esto fue que entre en 2001 y el 2002 los paramilitares lograron poner fichas en el Congreso, en asambleas, en concejos, en alcaldías y en gobernaciones. Y, en ese escenario, “el primer elector de 2002 resultó ser el líder antioqueño Luis Alfredo Ramos Botero, quien pasó a ser presidente del Senado”, nos recordó la redacción Judicial. “He sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia que me afecta a mí y a mi familia. Apelaré a la segunda instancia, donde se establecerá mi inocencia”, dijo Ramos, justo después de conocerse el fallo de la corte con la condena, en un video que publicó en redes sociales.
Un caso con más de diez años. Un caso con un protagonista político que tenía como meta llegar a la Presidencia de la República. Un caso que atraviesa un capítulo oscuro de la historia de Colombia y que dejó en evidencia el poder que llegaron a tener estos grupos armados ilegales en la política nacional y quienes basaban sus operaciones en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el asesinato. Por eso seguiremos, desde la redacción Judicial, atentos a los nuevos desarrollos y se los contaremos en www.elespectador.com
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Edwin Bohórquez Aya
Periodista. Gerente digital de www.elespectador.com / @EdwinBohorquezA
