¿En qué va la investigación contra el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora?

El pasado 28 de marzo la Cámara de Representantes aceptó la renuncia de Jorge Armando Otálora a su cargo como Defensor del Pueblo. Los hechos que motivaron su dimisión se relacionan con el escándalo tras la denuncia pública hecha por Astrid Helena Cristancho, quien aseguró que había sido víctima de acoso laboral y sexual por parte del funcionario mientras fungía como secretaria privada del organismo humanitario.

Las denuncias de acoso laboral ya habían puesto el nombre de Jorge Armando Otálora bajo la lupa de la opinión pública. Por medio de dos columnas de opinión publicadas en la Revista Semana en octubre de 2015 se hacía mención a las quejas que se habían radicado por parte de un grupo de altos funcionarios por lo que consideraban un trato hostil, grosero y hasta inhumano.

Debido a eso se presentaron varias diferentes cartas de renuncias en un corto periodo de tiempo. En su momento Otálora se defendió asegurando que no existían las presiones mencionadas en dichas cartas y que todo se debía a que era un jefe estricto que siempre buscaba que las cosas salieran bien hechas. (Ver La carta de renuncia que deja mal parado al defensor del Pueblo)

A finales de este año el columnista de la Revista Semana, Daniel Coronell publicó una serie de mensajes vía chat que Otálora le había enviado a Cristancho. Así como unas fotos en la que aparecía en su apartamento desnudo y con su pene en la mano. Las fotografías iban acompañadas de mensajes para su subalterna quien le pedía que dejara de hacer eso.

La opinión pública se volcó en contra del Defensor del Pueblo. Diferentes sectores políticos, sociales, organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, columnistas y la población en general pidieron su renuncia inmediata a su cargo al considerar que debido a la gravedad de las denuncias no era digno para ser el representante de los derechos humanos.

En la noche del 27 de enero el Defensor presentó su carta de renuncia irrevocable a su cargo. Pese a que desmintió las acusaciones en su contra y aseguró que todo se trataba de un “montaje y una persecución” se vio obligado a dar un paso al costado mientras, aseguraba, se adelantan las respectivas investigaciones en su contra. 

Al otro día el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado anunció una investigación preliminar disciplinaria en contra de Otálora, al mismo tiempo que lo suspendía de su cargo durante un plazo de tres meses sin derecho a una remuneración. Esto debido a que podría afectar el curso de la indagación. (Ver El poder acumulado del defensor Otálora)

Ordóñez Maldonado indicó además que existen otras evidencias que indican que los presuntos actos de acoso sexual y laboral “podrían seguirse presentando en la entidad que es precisamente la encargada de la protección, defensa y promulgación de los derechos humanos”. La Procuraduría considera que es necesario “proteger los derechos de los funcionarios de la Defensoría, en particular los de las mujeres”.

Han pasado ya tres meses y medio después de estos hechos. La Fiscalía General ha entrevistado a 20 personas para sostener la veracidad de las denuncias de acoso laboral y sexual. Sin embargo, debido a la complejidad del tema hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo en el caso de Otálora.

Fuentes consultadas señalaron que tras la práctica de estos elementos materiales se debe verificar si en efecto, como lo ha manifestado Otálora, existía una relación consentida con Cristancho o, como lo afirma la exsecretaria privada, se confundió la amistad y colegaje con algo más.

Los investigadores analizan las copias de los chats que fueron presentadas en la denuncia formal radicada en la Fiscalía General, así como los casos de acoso laboral que se habían presentado en los meses que estuvo trabajando junto a Otálora.

Otro de los puntos complejos del caso es la tipicidad del delito que se habría presentado en este caso, hecho por el cual se debe analizar toda la situación entre el entonces Defensor del Pueblo y su secretaria privada.

Se espera que en los próximos meses se tome una decisión de fondo y se resuelva así la situación jurídica del exdefensor del Pueblo, esto es si se llama a imputación de cargos o si se archiva definitivamente.

El pasado 28 de marzo la Cámara de Representantes aceptó la renuncia de Jorge Armando Otálora a su cargo como Defensor del Pueblo. Los hechos que motivaron su dimisión se relacionan con el escándalo tras la denuncia pública hecha por Astrid Helena Cristancho, quien aseguró que había sido víctima de acoso laboral y sexual por parte del funcionario mientras fungía como secretaria privada del organismo humanitario.

Las denuncias de acoso laboral ya habían puesto el nombre de Jorge Armando Otálora bajo la lupa de la opinión pública. Por medio de dos columnas de opinión publicadas en la Revista Semana en octubre de 2015 se hacía mención a las quejas que se habían radicado por parte de un grupo de altos funcionarios por lo que consideraban un trato hostil, grosero y hasta inhumano.

Debido a eso se presentaron varias diferentes cartas de renuncias en un corto periodo de tiempo. En su momento Otálora se defendió asegurando que no existían las presiones mencionadas en dichas cartas y que todo se debía a que era un jefe estricto que siempre buscaba que las cosas salieran bien hechas. (Ver La carta de renuncia que deja mal parado al defensor del Pueblo)

A finales de este año el columnista de la Revista Semana, Daniel Coronell publicó una serie de mensajes vía chat que Otálora le había enviado a Cristancho. Así como unas fotos en la que aparecía en su apartamento desnudo y con su pene en la mano. Las fotografías iban acompañadas de mensajes para su subalterna quien le pedía que dejara de hacer eso.

La opinión pública se volcó en contra del Defensor del Pueblo. Diferentes sectores políticos, sociales, organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, columnistas y la población en general pidieron su renuncia inmediata a su cargo al considerar que debido a la gravedad de las denuncias no era digno para ser el representante de los derechos humanos.

En la noche del 27 de enero el Defensor presentó su carta de renuncia irrevocable a su cargo. Pese a que desmintió las acusaciones en su contra y aseguró que todo se trataba de un “montaje y una persecución” se vio obligado a dar un paso al costado mientras, aseguraba, se adelantan las respectivas investigaciones en su contra. 

Al otro día el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado anunció una investigación preliminar disciplinaria en contra de Otálora, al mismo tiempo que lo suspendía de su cargo durante un plazo de tres meses sin derecho a una remuneración. Esto debido a que podría afectar el curso de la indagación. (Ver El poder acumulado del defensor Otálora)

Ordóñez Maldonado indicó además que existen otras evidencias que indican que los presuntos actos de acoso sexual y laboral “podrían seguirse presentando en la entidad que es precisamente la encargada de la protección, defensa y promulgación de los derechos humanos”. La Procuraduría considera que es necesario “proteger los derechos de los funcionarios de la Defensoría, en particular los de las mujeres”.

Han pasado ya tres meses y medio después de estos hechos. La Fiscalía General ha entrevistado a 20 personas para sostener la veracidad de las denuncias de acoso laboral y sexual. Sin embargo, debido a la complejidad del tema hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo en el caso de Otálora.

Fuentes consultadas señalaron que tras la práctica de estos elementos materiales se debe verificar si en efecto, como lo ha manifestado Otálora, existía una relación consentida con Cristancho o, como lo afirma la exsecretaria privada, se confundió la amistad y colegaje con algo más.

Los investigadores analizan las copias de los chats que fueron presentadas en la denuncia formal radicada en la Fiscalía General, así como los casos de acoso laboral que se habían presentado en los meses que estuvo trabajando junto a Otálora.

Otro de los puntos complejos del caso es la tipicidad del delito que se habría presentado en este caso, hecho por el cual se debe analizar toda la situación entre el entonces Defensor del Pueblo y su secretaria privada.

Se espera que en los próximos meses se tome una decisión de fondo y se resuelva así la situación jurídica del exdefensor del Pueblo, esto es si se llama a imputación de cargos o si se archiva definitivamente.