Días antes su muerte, el periodista Jaime Garzón se reunió en la cárcel La Modelo de Bogotá con un emisario del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil conocido con el alias de la Ruana. El humorista tenía información sobre un plan para asesinarlo por parte del máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El emisario llamó por un radioteléfono a Castaño Gil, quien le aseguró que no había tal plan. Pero la orden ya estaba dada: en la madrugada del 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía en su camioneta a la emisora Radionet en el occidente de Bogotá, dos sicarios lo interceptaron cerca a Corferias y sin mediar palabra le propinaron varios disparos que acabaron inmediatamente con su vida.
El país estaba de luto. Inmediatamente se ordenó una investigación para establecer a los autores intelectuales y materiales del crimen del periodista. En ese momento se designó al investigador del CTI Énder Olegua Castillo para adelantar las respectivas pesquisas y reunir las pruebas necesarias para llevar ante los estrados judiciales a las personas detrás del crimen.
Sin embargo, en el desarrollo de la investigación se presentaron varios inconvenientes y obstáculos. Pese a tener varias hipótesis a desarrollar, ninguna se pudo confirmar. Olegua señaló que la presión que generaba el fiscal del caso, Eduardo Maza, se convirtió en un gran obstáculo para la investigación.
En ese momento aparecieron los retratos hablados de dos presuntos sicarios de la banda delincuencial La Terraza de Medellín. La Fiscalía y el DAS aseguraron que esas dos personas se identificaban con los alias de Bochas y Toño. Pero todas las hipótesis se cerraron de manera inmediata y, luego de tres años de juicio, los dos presuntos sicarios fueron absueltos por un juzgado especializado de Bogotá que consideró que no existían pruebas para vincularlos con el crimen del periodista.
En ese momento, por orden del fiscal Maza, el investigador Olegua fue retirado de la investigación. Las teorías que se tenían nunca se pudieron comprobar y el caso pasó a la impunidad, pues por esos hechos solamente fue condenado el jefe paramilitar Carlos Castaño, quien según las autoridades murió en abril de 2014.
La Junta Militar
Después de 17 años del crimen de Jaime Garzón, el investigador del CTI Énder Olegua reapareció para contar detalles ante el juez séptimo especializado de Bogotá, en el juicio que se adelanta en contra del excomandante del B-2 de la Brigada XIII del Ejército, el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Él es procesado por su presunta participación en los seguimientos hechos al periodista durante meses; fue llamado a juicio en calidad de coautor del asesinato.
Olegua dio detalles sobre los obstáculos que se presentaron para desarrollar la investigación. Bajo la gravedad de juramento detalló que en febrero de 2000 se reunió con el fiscal Maza para ponerle de presente unas líneas de investigación y la existencia de un testigo clave que podría aclarar muchas dudas.
El testigo tenía información sobre los seguimientos que agentes del Estado le adelantaron durante semanas a Garzón Forero en Bogotá. Sin embargo, pese a la importancia del testigo, el fiscal “se molestó y me sacó de la oficina”, dijo Olegua. Posteriormente fue retirado del proceso “sin justificación alguna” por decisión de sus superiores.
En los meses que estuvo en la investigación conoció detalles sobre los últimos días de Garzón. El más relevante, quizá, que la orden de asesinar a Garzón había salido tras la celebración de una junta militar. “Se reúnen algunos militares y de ahí salió la orden para que Carlos Castaño hiciera el mandado”. El investigador aseguró que desconoce los nombres de los militares que hacían parte de dicha junta, sin embargo expresó que eran oficiales de alto rango.
El defensor del coronel (r) Plazas Acevedo le preguntó a Olegua si Carlos Castaño acataba órdenes de los militares. Él respondió que en esa época había conocimiento sobre la comunicación que en esa época sostenían varios mandos militares con el máximo jefe de las AUC. Aunque aseguró que se trataba de una “afirmación temeraria”, el investigador indicó que Castaño sí obedecía las órdenes que le daban los militares.
En su declaración aseguró que tampoco se pudo trabajar para confirmar o descartar la hipótesis sobre los vínculos de organismos de seguridad del Estado con actividades ilegales. Pese a esta “información relevante” el fiscal del caso no le prestó atención, dijo Olegua. “Yo le manifesté que era muy valiosa una información sobre un testigo que tenía varios documentos. Existía un testigo de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos”, insistió Olegua. Información que, según este testigo, el fiscal del caso Jaime Garzón nunca atendió.