“En Venezuela habría muerto alias ‘Santrich’”, dice ministro de Defensa
El exjefe de las Farc, Jesús Santrich, estuvo prófugo de la justicia desde hace más de un año luego de que declaró su rearme con la denominada ‘Segunda Marquetalia’ en compañía de Iván Márquez, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’.
Tras cinco días de ser aprobada la extradición por la Corte Suprema de Justicia del excombatiente de las Farc Seuxis Paucias Hernández Solarte alias ‘Jesús Santrich’, el ministro de defensa Diego Molano aseguró que habría muerto en Venezuela. El hombre quien se declaró desertor del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el extinto grupo guerrillero fue visto por última vez hace dos meses y medio en el municipio de Elorza en el Estado de Apure.
“Información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias “Santrich” y otros delincuentes. Información en verificación. De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales” reposa en el twitter oficial del ministro de defensa. Si bien, hasta el momento no se ha confirmado el autor del deceso del excombatiente El Espectador conoció que el exjefe guerrillero habría estado en combate con un bloque del también desertor del acuerdo de paz ‘Gentil Duarte’.
Los líos judiciales de Santrich empezaron el 9 de abril del 2018 cuando fue solicitado en extradición por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con narcotraficantes y el envió de cocaína a ese país posterior a la firma final del acuerdo de paz. Ese día, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al lugar de residencia del excombatiente en el barrio Modelia y realizaron el operativo de su captura.
El entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que Santrich hacia parte de una organización criminal denominada ‘La Familia’ que tenía nexos con el ‘Cartel de Sinaloa’ y con la que se estaba concretando el envío de un cargamento de cocaína a territorio extranjero. El exjefe guerrillero pasó esa noche en los calabozos del Búnker de la Fiscalía y posterior a ello fue enviado a la cárcel Picota de Bogotá. Su estadía en el centro de reclusión fue poca porque entró en huelga de hambre y fue necesario recluirlo en el Hospital El Tunal en el sur de la capital del país. Después de eso fue dejado en una fundación que ofreció la Conferencia Episcopal.
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Un mes después fue remitido nuevamente al centro carcelario. Desde allí no solo adelantó su proceso judicial sino también una audiencia que celebró el Consejo de Estado debido a una denuncia que llegó sobre su investidura como congresista. Pues con la detención el exjefe guerrillero no hizo presencia en la posesión del legislativo en 2018, momento en el que los excomandantes de la estructura ilegal hacían su aparición por primera vez como grupo político.
Santrich no solo mantuvo su investidura durante su detención, sino que un año después por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz recobró su libertad debido a que no se pudo demostrar su actuar delictivo posterior a la firma final del acuerdo de paz.
Si bien el exjefe guerrillero recobró la libertad por orden del tribunal de paz, durante más de un año que estuvo retenido existieron rifirrafes entre la Fiscalía, la JEP, la Corte Suprema de Justicia y el mismo Ministerio de Justicia ya que no había claridad de quien tenía la competencia para definir la suerte jurídica del exmiembro de las Farc.
En su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la solicitud de extradición y este lo remitió al Ministerio de Justicia, la Secretaría Jurídica de la JEP y la Fiscalía con el fin de avanzar con el proceso. Para junio de 2018 la cartera de justicia concluyó que el expediente lo debía asumir la justicia transicional, que tenía un plazo de 120 días para emitir concepto sobre la fecha en la que habían ocurrido los hechos por los que era acusado.
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La investigación empezó a tomar forma, esta vez, en el tribunal de paz y con Santrich en Libertad. Sin embargo, el rifirrafe con la Fiscalía se mantenía pues las pruebas que solicitó la JEP y que se encontraban en el expediente del ente acusador no fueron remitidas en su totalidad de ahí que se generara un nuevo choque. Otro incidente se registró en las pruebas que solicitaron directamente a la Justicia de Estados Unidos. Lo hicieron a través del Ministerio colombiano pero todo el proceso se retrasó debido a que la misiva enviada llegó a manos de las autoridades extranjeras de forma tardía.
No obstante, esto no fue impedimento para que el excombatiente siguiera el curso de sus actuaciones. Con el proceso judicial encima y tras recobrar su libertad llegó al Congreso de la República. Su posesión fue rápida, así como lo fue para la Corte Suprema asumir la investigación por el delito de narcotráfico. Pues el excombatiente posaba de aforado y le correspondía al alto tribunal avanzar con el proceso. Esta situación no duró mucho. El exjefe guerrillero se fugó y se rearmó. Esa condición le trajo un nuevo proceso judicial.
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La Sala de Instrucción de la Corte abrió la investigación por el rearme con ‘Iván Márquez’. Los subversivos quienes salieron fuertemente armados en un video y en compañía de ‘El Paisa’ y ‘Romaña’ anunciaron la creación de la ‘Segunda Marquetalia’. Con lo anterior, sobre Santrich ya pesaban dos procesos: el de narcotráfico y el rearme. No obstante, en enero de 2020 la misma Sala decidió enviar el expediente de narcotráfico a la Fiscalía, porque consideró que no tenía la competencia para asumir la investigación.
Disciplinariamente, en junio del año pasado la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al exjefe guerrillero por dar continuidad a la lucha armada con las Farc. En ese entonces, el órgano de control halló responsable a Santrich por fomentar la creación de grupos al margen de la ley. En cuanto a su investidura, el Consejo de Estado finalmente resolvió darle muerte política porque no asumió su curul en el Congreso de la República como se pactó. Sobre los beneficios en la justicia transicional, el prófugo de la justicia fue excluido de la misma.
Sobre Santrich pesaban órdenes de captura emitidas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, así como una recompensar por más de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Tras cinco días de ser aprobada la extradición por la Corte Suprema de Justicia del excombatiente de las Farc Seuxis Paucias Hernández Solarte alias ‘Jesús Santrich’, el ministro de defensa Diego Molano aseguró que habría muerto en Venezuela. El hombre quien se declaró desertor del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y el extinto grupo guerrillero fue visto por última vez hace dos meses y medio en el municipio de Elorza en el Estado de Apure.
“Información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias “Santrich” y otros delincuentes. Información en verificación. De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales” reposa en el twitter oficial del ministro de defensa. Si bien, hasta el momento no se ha confirmado el autor del deceso del excombatiente El Espectador conoció que el exjefe guerrillero habría estado en combate con un bloque del también desertor del acuerdo de paz ‘Gentil Duarte’.
Los líos judiciales de Santrich empezaron el 9 de abril del 2018 cuando fue solicitado en extradición por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con narcotraficantes y el envió de cocaína a ese país posterior a la firma final del acuerdo de paz. Ese día, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al lugar de residencia del excombatiente en el barrio Modelia y realizaron el operativo de su captura.
El entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que Santrich hacia parte de una organización criminal denominada ‘La Familia’ que tenía nexos con el ‘Cartel de Sinaloa’ y con la que se estaba concretando el envío de un cargamento de cocaína a territorio extranjero. El exjefe guerrillero pasó esa noche en los calabozos del Búnker de la Fiscalía y posterior a ello fue enviado a la cárcel Picota de Bogotá. Su estadía en el centro de reclusión fue poca porque entró en huelga de hambre y fue necesario recluirlo en el Hospital El Tunal en el sur de la capital del país. Después de eso fue dejado en una fundación que ofreció la Conferencia Episcopal.
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Un mes después fue remitido nuevamente al centro carcelario. Desde allí no solo adelantó su proceso judicial sino también una audiencia que celebró el Consejo de Estado debido a una denuncia que llegó sobre su investidura como congresista. Pues con la detención el exjefe guerrillero no hizo presencia en la posesión del legislativo en 2018, momento en el que los excomandantes de la estructura ilegal hacían su aparición por primera vez como grupo político.
Santrich no solo mantuvo su investidura durante su detención, sino que un año después por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz recobró su libertad debido a que no se pudo demostrar su actuar delictivo posterior a la firma final del acuerdo de paz.
Si bien el exjefe guerrillero recobró la libertad por orden del tribunal de paz, durante más de un año que estuvo retenido existieron rifirrafes entre la Fiscalía, la JEP, la Corte Suprema de Justicia y el mismo Ministerio de Justicia ya que no había claridad de quien tenía la competencia para definir la suerte jurídica del exmiembro de las Farc.
En su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la solicitud de extradición y este lo remitió al Ministerio de Justicia, la Secretaría Jurídica de la JEP y la Fiscalía con el fin de avanzar con el proceso. Para junio de 2018 la cartera de justicia concluyó que el expediente lo debía asumir la justicia transicional, que tenía un plazo de 120 días para emitir concepto sobre la fecha en la que habían ocurrido los hechos por los que era acusado.
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La investigación empezó a tomar forma, esta vez, en el tribunal de paz y con Santrich en Libertad. Sin embargo, el rifirrafe con la Fiscalía se mantenía pues las pruebas que solicitó la JEP y que se encontraban en el expediente del ente acusador no fueron remitidas en su totalidad de ahí que se generara un nuevo choque. Otro incidente se registró en las pruebas que solicitaron directamente a la Justicia de Estados Unidos. Lo hicieron a través del Ministerio colombiano pero todo el proceso se retrasó debido a que la misiva enviada llegó a manos de las autoridades extranjeras de forma tardía.
No obstante, esto no fue impedimento para que el excombatiente siguiera el curso de sus actuaciones. Con el proceso judicial encima y tras recobrar su libertad llegó al Congreso de la República. Su posesión fue rápida, así como lo fue para la Corte Suprema asumir la investigación por el delito de narcotráfico. Pues el excombatiente posaba de aforado y le correspondía al alto tribunal avanzar con el proceso. Esta situación no duró mucho. El exjefe guerrillero se fugó y se rearmó. Esa condición le trajo un nuevo proceso judicial.
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La Sala de Instrucción de la Corte abrió la investigación por el rearme con ‘Iván Márquez’. Los subversivos quienes salieron fuertemente armados en un video y en compañía de ‘El Paisa’ y ‘Romaña’ anunciaron la creación de la ‘Segunda Marquetalia’. Con lo anterior, sobre Santrich ya pesaban dos procesos: el de narcotráfico y el rearme. No obstante, en enero de 2020 la misma Sala decidió enviar el expediente de narcotráfico a la Fiscalía, porque consideró que no tenía la competencia para asumir la investigación.
Disciplinariamente, en junio del año pasado la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al exjefe guerrillero por dar continuidad a la lucha armada con las Farc. En ese entonces, el órgano de control halló responsable a Santrich por fomentar la creación de grupos al margen de la ley. En cuanto a su investidura, el Consejo de Estado finalmente resolvió darle muerte política porque no asumió su curul en el Congreso de la República como se pactó. Sobre los beneficios en la justicia transicional, el prófugo de la justicia fue excluido de la misma.
Sobre Santrich pesaban órdenes de captura emitidas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, así como una recompensar por más de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.