Esto dijeron víctimas y expertos sobre las primeras sentencias de la JEP

La JEP acreditó 4.325 víctimas en el caso de secuestros, enmarcado en el caso 01.

Foto: Óscar Pérez

Este 16 de septiembre el país conoció la primera sentencia contra la última línea del Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc. Durante los siete años de trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta sentencia es la primera que fue emitida por el caso 01, que recopiló toda la política de secuestro de las Farc.

Los máximos responsables, hoy sancionados, de estos cautiverios son Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”; Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias “Pastor Alape”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”; Rodrigo Granda Escobar, alias “Ricardo Téllez”; y Jaime Alberto Parra, alias “El médico”.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch

En diálogo con El Espectador, la abogada Goebertus manifestó que la sentencia de la JEP es algo que “era impensable hace unos años”, y que lo ocurrido es un hecho histórico, porque se “condena como criminales de lesa humanidad y criminales de guerra a los máximos responsables, es decir, a quienes fueron el último secretariado de las extintas Farc por esta política de secuestro”. Para la experta, “es algo que con todo el avance de la justicia ordinaria durante el conflicto armado nunca logró atribuirle responsabilidad como criminales internacionales a los miembros del secretariado”.

Goebertus agregó que es de resaltar que “los miembros del secretariado volvieron a reconocer su responsabilidad justamente en el comunicado que yo creo que es muy importante retomarlo, dicen que fue un crimen que enlodó, yo creo que eso es bien importante, porque es el reconocimiento de ellos que hace muy poco tiempo justificaban esto, supuestamente por retenciones económicas, y hoy de manera muy clara y contundente reconocen su responsabilidad”.

La experta desglosó la decisión de la JEP y resaltó que hay “elementos restaurativos como hacer obras y trabajo de contenido reparador, es decir, desminar, reconstruir escuelas destruidas por la guerra, construir centros de memoria para recordar lo sucedido en el conflicto armado. Todo eso es el contenido restaurador. Pero aparte, la sanción en el acuerdo de paz dice que tiene que haber cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad”.

Como si eso fuera poco, dice Goebertus, “en todo el proceso de renegociación, la verdad se volvió aún más estricta, porque de hecho el gran debate durante el plebiscito cuando gana el No al Acuerdo de Paz, fue justamente fortalecer qué significaba la restricción efectiva de la libertad y como resultado de esa renegociación, el acuerdo dice explícitamente que es en unos espacios delimitados territorialmente que las personas tienen que vivir durante esos cinco a ocho años en esos espacios”.

Para la experta, algo que resulta preocupante es que “en el discurso tanto del actual gobierno, como de algunos de los miembros de la JEP, y hoy tristemente creo que fue también el tono de la rueda de prensa, es como si ese componente restaurativo se nos hubiera olvidado, a pesar de lo difícil que fue que quedara”. Asimismo, resalta que “si uno mira en términos de derecho internacional en las distintas violaciones graves a derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario, deben estar sometidos sus responsables a una sanción proporcional a la gravedad del daño”.

Según explicó la experta, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dijo “‘vamos a seguir monitoreando las restricciones efectivas a la libertad y la seriedad del mecanismo de monitoreo y supervisión’. De hecho, la Corte Constitucional ya había dicho al avalar esas sanciones que efectivamente no podía ser un sistema laxo ni de libertades, sino que tenía que ser un sistema muy estricto”.

Goebertus señala que sobre las restricciones de movilidad incluidas en las sanciones que hay “un mecanismo de vigilancia electrónica que en una primera revisión yo pensé que podía ser un brazalete, pero cuando uno lee en más detalle el contenido de la sentencia, habla de que este es un dispositivo electrónico que se puede portar o utilizar. Es decir, no me queda claro que este que sea como un brazalete que no se puedan quitar”. Según le manifestó a este diario la abogada, “lo que me parece más delicado, para que ese sea un sistema de monitoreo y verificación que efectivamente existe y podría ser el mecanismo, pues tiene que haber un perímetro. Cuál es el perímetro bajo el cual van a estar restringidos de su libertad de cinco a ocho años, como lo establece el Acuerdo de Paz, así fuera en un espacio como es una zona veredal que eran más o menos de cinco a 15 hectáreas. Bueno, ¿cuál es ese espacio?“.

Esa inquietud, dijo Goebertus, “es el componente que yo veo faltante y que me preocupa muchísimo, porque si no se cumple, no solamente habrá un incumplimiento del Acuerdo de Paz, sino de la obligación internacional de sancionar, lo que insisto, en términos de derecho internacional ya una sanción de cinco a ocho años no carcelaria es bien bajita para cumplir el estándar internacional, pero el mínimo mínimo eran los cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad y eso es lo que no estamos viendo en este momento en la sentencia que fue dada a conocer hoy por la JEP”.

Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las Farc

Según el senador y exnegociador de paz, “hay que tener presente que después de 60 años de combates, de lucha militar, este efecto no se había logrado. Las Farc en una mesa de negociaciones, algo inédito en el mundo. Aceptaron someter su conducta a un órgano judicial y han sido condenados por crímenes de lesa humanidad”. El político resaltó que “este es un hecho que desde el punto de vista internacional es inédito, pero desde el punto de vista de Colombia realmente tiene una enorme carga en la capacidad de un país de superar sus diferencias, por lo menos con esta guerrilla específica con la que se logró el acuerdo”.

De la Calle expuso que “lo que ha ocurrido hoy fue lo que se acordó y me parece que eso tiene un gran valor. Se ha demorado la sentencia, más allá de lo que uno quisiera. Yo creo que eso creó un vacío en la sociedad. Contribuyó a alimentar la idea de la impunidad. Entiendo la queja de las víctimas, que dicen que realmente aquí son sanciones simplemente simbólicas, pero no olvidemos que el resultado de esto es el inicio de una cadena de responsabilidades que involucrará también a los militares en un acto de reconocimiento conjunto de las múltiples formas de violencia política en Colombia”.

Para el senador, “el resultado tiene que ser impedir nuevamente el uso de las armas de la violencia para la política, es decir, la no repetición y la no repetición implicará una reconciliación entre los colombianos”.

Pastor Alape, exintegrante del antiguo secretariado de las Farc

Uno de los sancionados por la JEP, Pastor Lisandro Alape Lascarro, habló con El Espectador. Según manifestó el exjefe guerrillero, durante estos años de comparecencia en la JEP, “hemos manifestado nuestra responsabilidad en los diferentes escenarios y asumimos la sanción”. Agregó que los exintegrantes del secretariado necesitan “conocer la conclusión de la resolución que hasta ahora llegó la notificación para poder proceder en profundidad al análisis del contenido de esta resolución. Efectivamente, hemos venido realizando una serie de actividades reparadoras desde antes de la firma del acuerdo que iniciamos con el piloto del desminado humanitario”.

Asimismo, expuso que dentro de las acciones que han venido adelantando para cumplir con el Acuerdo de Paz está “todo el proceso de salida de menores, el piloto sobre lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hicimos actos de reconocimiento antes de la firma el acuerdo como Bojayá”. El compareciente expuso que los máximos responsables del secuestro han adelantado distintas actividades “a lo largo y ancho del territorio nacional en lo que tiene que ver con reparación de locaciones educativas, con mejoramiento de vías, con mejoramiento de acueductos, actos de perdón, y de reconciliación y de igual manera, actividades de memoria”.

Sobre la sanción que lo señala a él como uno de los máximos responsables, sostuvo que “como compareciente, la primera sensación, en primer momento, lo que sentimos es el sentimiento de compromiso, de que vamos a cumplirle al país y sobre todo a las víctimas”.

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y víctima de secuestro

La política, en diálogo con este diario, manifestó que, para ella, la decisión de la JEP fue “desprovista de racionalidad” y “desconcertante”. Betancourt aseguró que las víctimas han trabajado por años con esa jurisdicción en el caso y “habíamos hecho un inmenso esfuerzo con nuestros testimonios, nuestro tiempo, la memoria, detalles muy dolorosos. Habíamos obtenido por parte de la JEP una valoración de esos crímenes que nos había parecido correcta, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra; es decir, los crímenes más graves hacia la humanidad”. La excandidata presidencial aseguró que las víctimas habían sido claras “en decir que dentro del esquema presentado en el Acuerdo de Paz habíamos visto que las condiciones para obtener los beneficios de no ir a la cárcel y tener una justicia más benigna tenía que darse en el estricto cumplimiento de las condiciones que se habían interpuesto, y entre ellas todas las que menciona Sigifredo. Efectivamente, ellos no aportaron a la verdad, no hubo reparación, no hubo compromiso de no repetición, al contrario, en varias oportunidades nos revictimizaron”.

Según dijo Betancourt, las víctimas “pensábamos que era un tribunal serio, que estaba recogiendo toda esta información para hacer justicia. Sabíamos que había estos dos caminos, el de estar cobijados o no por los beneficios, nosotros estábamos dando las pruebas de que no podían acceder a esos beneficios porque había incumplido esos acuerdos”. Sin embargo, expresó, “como ya quedó claro, si por razones políticas los iban a cubrir con los beneficios, nosotros seguimos insistiendo en que debía ser una condena con la limitación a la libertad, a la movilidad, sobre todo porque estamos hablando del caso 01, de secuestro”.

La política recordó que durante su cautiverio, su padre falleció y, en vez de humanidad, la extinta guerrilla decidió no darle la noticia. “Quitaron todos los radios y todas las posibilidades de que supiéramos lo que estaba pasando, y yo termino enterándome de la muerte de mi papá al cabo de una mes de manera casual. Yo cojo un periódico en el que habían envuelto provisiones que habían llegado al campamento, y al leerlo me entero de que esa foto que estoy viendo con un féretro, es el féretro de mi papá. En ningún momento hubo por parte de las Farc una reflexión de la gravedad de sus actuaciones, no hubo ni siquiera una contrición, que nos hiciera pensar a nosotros como víctimas que lo que habían hecho era desproporcionado”.

Según manifestó Betancourt a este diario, “lo que pedimos como víctimas, no con ánimo de venganza, es que la sociedad colombiana entienda la gravedad de este delito y por lo tanto, que no se estimule que se sigan cometiendo este tipo de barbaries, porque lo que estamos viendo hoy en día en Colombia es el nuevo auge del secuestro”. Para la excandidata, esta sentencia de la JEP “es rey de burlas, es totalmente indigna y humillante para las víctimas. Es una apología del delito. Imagínense lo que sentimos, que sufrimos lo que sufrimos, cuando nos están diciendo que estas personas son premiadas con una condena que les va a permitir contratar a otros para que planten arbolitos, para que hagan desminado, para que se sigan burlando de nosotros, porque ni siquiera reparación moral ha habido”.

La excandidata presidencial expuso que las víctimas, tal como lo dijo Sigifredo López, se unirán “no solo para buscar llevar este caso a la Corte Penal Internacional, sino que también tenemos que mirar cómo una agenda legislativa con un nuevo Congreso puede pasar una serie de leyes que nos permitan impedir que esto siga sucediendo en Colombia”. Betancourt aseguró que ella fue una de las víctimas de secuestro que apoyó el Acuerdo de Paz de 2016 con la extinta guerrilla, pero señala que, después de todos estos años, “no hay ninguna paz, florecieron las disidencias de las Farc”. Para la política, “el Acuerdo de Paz fue un fracaso, fue un acuerdo para darle impunidad a unos criminales que se burlaron de las víctimas, nunca fuimos el centro del acuerdo, fue un andamiaje para permitirles pasar a la vida civil en total impunidad con unas prebendas que ninguna de las víctimas hemos tenido”.

Sigifredo López, exdiputado del Valle y víctima de secuestro

En diálogo con El Espectador, el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, habló sobre las primeras sanciones de la JEP. El abogado manifestó que recibió “con una mezcla de decepción, e indignación, no con sorpresa, pero sí esperaba que hubiera un mínimo de respeto por las víctimas, pero este fallo es una vergüenza. Este fallo no respeta la dignidad de las víctimas, va a pasar a la historia como un tribunal de impunidad, va a impedir que en el futuro otros acuerdos sean aceptados por la sociedad colombiana, porque fue un engaño a las víctimas”.

El exdiputado aseguró que “víctimas como yo fuimos muchos, que creímos en el Acuerdo de Paz, quienes salimos a las calles a dar el sí por el plebiscito, quienes pensamos y nos dijeron que el Estado de verdad iba a ocupar los territorios con soluciones para evitar que la población se dedicara a las economías ilegales y la colaboración con grupos armados ilegales. Resulta que el Estado no ocupó esos territorios”.

Según él, “las Farc no cumplieron con sus obligaciones del Acuerdo de Paz, que eran el compromiso con la verdad plena y con la reparación para restaurar el proyecto de vida de las víctimas y el daño causado a las familias, que son cerca de 10 millones en Colombia”. Para el exdiputado López, no hubo sorpresa, pues todo hizo parte del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, reiteró que, a su parecer, el trabajo de la JEP se quedó corto: “después de siete años descubrieron tres causas del secuestro: la de fortalecer las finanzas, ganar control territorial y para intercambio de prisiones, ¿hay algo nuevo en eso?, ¿alguien desconocía eso? Eso se conocía públicamente, ellos mismo los dijeron antes del Acuerdo”.

Por otra parte, López mostró su indignación frente a las acciones de reparación que debe llevar a cabo el exsecretariado de las Farc y señaló que “de los TOAR, que son 46, han aprobado 40, y allí se aprueban acciones como la participación de una carroza en el carnaval de Blancos y Negros en Pasto (Nariño). ¿En qué repara eso el proyecto de vida de las víctimas? Otro compareciente organizó un ciclo paseo con 20 acompañantes, ¿en qué repara eso a las víctimas?”.

Por otra parte, López mostró su indignación frente a las acciones de reparación que debe llevar a cabo el exsecretariado de las Farc y señaló que “de los TOAR, que son 46, han aprobado 40, y allí se aprueban acciones como la participación de una carroza en el carnaval de Blancos y Negros en Pasto (Nariño). ¿En qué repara eso el proyecto de vida de las víctimas? Otro compareciente organizó un ciclo paseo con 20 acompañantes, ¿en qué repara eso a las víctimas?”. Según el exdiputado del Valle, con la sanción, a los comparecientes ahora van a estar ocho años “sembrando árboles y flores en el jardín de sus casas para que sigan ganando $53 millones que gana un congresista, más prestaciones. ¡Por dios! Esta JEP y estos congresistas le han costado más de $15 billones al Estado colombiano en estos siete años para obtener esto. A las víctimas nos dijeron que este acuerdo iba a terminar con el conflicto armado”.

Dentro de las críticas, Sigifredo López resalta que en el caso del secuestro de los diputados del Valle, dentro de los cuales estuvo él, el exsecretariado sostuvo “por seis años que mis compañeros habían muerto en un enfrentamiento con un grupo ilegal desconocido. Solamente con la presión nuestra, a través de siete memoriales diciendo ‘están mintiendo, está la necropsia que demuestra que nuestros compañeros fueron asesinados a quemarropa con 13, 17, 24 disparos algunos. Acá lo que hizo fue un vil asesinato, murieron masacrados’”. El abogado aseguró que los comparecientes “aceptaron a regañadientes hace apenas ocho meses que sí habían sido ellos y que tenían órdenes del secretariado”. Resaltó que “nunca se conoció quién estaba detrás del secuestro de los diputados. En los medios se dice que políticos que pagaron para que hicieran ese daño, pero nunca se supo quiénes fueron los colaboradores y dieron la información para que entraran e hicieran lo que hicieron. A mí me tuvieron preso y me acusaron, porque mi nariz se parecía a la de un guerrillero llamado J.J. que preparó el hecho”.

El exsecretariado de las Farc ha mentido, asegura López. Por eso, señala que “el Acuerdo de Paz es claro, que cuando no se dice la verdad plena hay que excluirlos de la ruta de los ocho años y hay que mandarlos a juicio. Se les imponen penas privativas de hasta 20 años itramurales por faltar a la verdad y por no hacer proyectos restaurativos”. Para el exdiputado, la JEP “se ha convertido en un tribunal de impunidad, en una institución cómplice de delitos de lesa humanidad. Por esas razones, yo convoco a las víctimas de todo el país que estén inconformes con esta vergüenza de fallo y que apelemos ante el tribunal, porque tenemos que agotar el ordenamiento interno”.

Máximo Quiroz, policía víctima de secuestro

Una de las víctimas de secuestro por parte de las extintas Farc y exintegrante de la fuerza pública, quien quedó en poder de la guerrilla en 1998 en San Carlos (Antioquia), fue el policía retirado Máximo Quiroz. El uniformado (r) le manifestó a este diario que “era de esperarse este tipo de pronunciamiento de la JEP sobre los altos mandos de las Farc”. Aseguró que “no todas las víctimas de Colombia no la compartimos, pero respetamos la decisión”.

El policía en retiro también expresó que “esperamos que algún día se pueda hacer justicia verdadera. Cómo es posible que estas personas puedan seguir haciendo política y sean solamente ocho años de hacer obras, según ellos. Rechazo totalmente la decisión, pero aceptamos las imposiciones de la JEP, ellos hicieron simplemente lo que se les indicó en el Acuerdo de Paz”.

Alan Jara, exgobernador del Meta y víctima de secuestro por parte de las Farc

El exgobernador del Meta y víctima reconocida dentro del macrocaso 01 de la JEP, Alan Jara, habló con El Espectador sobre las primeras sanciones de la JEP. El político, que estuvo en poder de la guerrilla durante siete años, manifestó que “nada en el mundo justifica un secuestro” y que el daño causado no es solo al secuestrado, sino a la familia y a la sociedad entera, hacen que sea un “crimen inadmisible”. Jara manifestó que “no hay sentencia alguna que logre resarcir el daño causado”. Expuso que por el secuestro no pudo despedirse de su madre al morir y no pudo ver crecer a su hijo, por lo que considera que no hay ninguna acción que puedo devolverle eso. Dentro de su diálogo con este diario aseguró que “lo fundamental y lo más importante es que a partir de la decisión se pueda construir una sociedad libre de este flagelo”.

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

En diálogo con El Espectador, Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, colectivo que ha acompañado a algunas de las víctimas del macrocaso 01, manifestó que “la sentencia marca un hito, porque finalmente vemos una condena contra el secretariado, vemos que son responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, no solo secuestro, sino asesinatos, violencia sexual, entre otras”. Sin embargo, resaltó que hay preocupaciones que persisten en las víctimas: “Realmente la principal preocupación después de escuchar a la JEP es que no se anunciara de manera clara en qué van a consistir las sanciones que se van a imponer a cada uno de los siete miembros de secretariado. No se explicita qué tarea va a estar a cargo de cada uno de estos comparecientes”.

Según Rodríguez, la primera reacción de las víctimas al conocer la sanción fue de sorpresa. La directora de la CCJ sostuvo que estaban esperando un pronunciamiento completo de la JEP y que se mantiene la incertidumbre de cómo será que el antiguo secretariado de las Farc cumplirá con la sanción.

Por otra parte, la directora de la CCJ aseguró que “el grupo de víctimas es muy heterogéneo. En la CCJ representamos a más de 1.400 personas en este macrocaso y hay visiones diferentes sobre lo que ha hecho la JEP. Varias de estas víctimas han podido participar en estos casi ocho años de participar en el proceso, participar cara a cara a los comparecientes sobre los hechos y han recibido respuestas, otras han formulado preguntas, pero no han recibido respuestas, otras solo información parcial que no se ha podido completar”. Rodríguez sostuvo que “la sentencia y la JEP ofrecen respuestas de lo que ocurrió en términos generales con los secuestros. Hay una explicación del fenómeno macrocriminal, de la manera en que operó, de cómo se utilizó como política o patrón de macrocriminalidad las conductas que ocurrieron junto con las privaciones de la libertad —que es algo que no era muy conocido antes—, pero sigue habiendo respuestas puntuales que muchas de las víctimas no han recibido respecto de sus hechos, y que seguramente muchas de ellas no van a llegar a recibir nunca".

Sobre las diferencias que han tenido a lo largo del proceso las víctimas con el actuar de la JEP, la directora de la CCJ le manifestó a este diario que “hay que entender la mirada que tienen las víctimas, frente a la mirada que el Acuerdo de Paz da frente a lo que tiene que hacer la JEP, que no está diseñada para agotar en detalle cada uno de los hechos de violencia de los grupos armados”. Sin embargo, dice Rodríguez, “venir de una historia donde la impunidad es la característica en Colombia, ha puesto una expectativa mucho más grande sobre la JEP en cuanto a la información que se espera se obtenga de los comparecientes. Durante estos años la JEP ha intentado obtener la mayor cantidad de verdad posible, nosotros acompañando a las víctimas lo hemos exigido, intentando que la mayor cantidad reciba respuestas concretas sobre o que pasó. Pero pretender que la JEP agote en siete años lo que la justicia ordinaria no ha hecho en décadas, es imponer una carga que es excesiva”.

Desde el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas mostraron su apoyo a la imposición de las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el macrocaso 01. De acuerdo con la organización, “las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación”. Asimismo, resaltaron “el modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición”.

De la misma manera, la ONU expresó que “el reconocimiento de verdad y responsabilidad que han realizado los comparecientes ante la JEP constituye un hito en los procesos de paz”. Reconocen que es “crucial que las sanciones se implementen a cabalidad y que las personas sancionadas continúen manteniendo su compromiso con la justicia y la paz, como esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional”. Dentro de su comunicado, la organización pidió al gobierno que garantice las condiciones financieras y de seguridad para que se implementen esas sanciones.

En su misiva, la ONU también reconoció el papel de las víctimas en el caso y sostuvo que tiene confianza en que “la materialización efectiva de estas sanciones sin precedentes continúe contribuyendo no solo a su reparación, sino también a la reconciliación y a la construcción de la paz”. La organización sostuvo que seguirá apoyando la labor de la JEP “en el marco de su compromiso de acompañar a Colombia en la implementación del Acuerdo Final de 2016, instrumento esencial para consolidar la paz y sentar las bases de la reconciliación en Colombia”.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el exsecretariado de las Farc informó que aún no ha sido notificado oficialmente de las sanciones en su contra en el macrocaso 01 de la JEP. “Una vez se produzca la notificación formal, nos pronunciaremos de fondo, como corresponde. No obstante, reconocemos que las sanciones que hoy se anuncian son consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes”, señalaron.

Asimismo, reconocieron que aún hay discusiones pendientes con la JEP y pidieron al organismo “claridad sobre la Resolución Única de Conclusiones, la solicitud de unificación de procesos, el alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento”. Por otro lado, aseguraron que con las acciones restaurativas pretenden corroborar su compromiso con la verdad, con las víctimas y con Colombia.

La Contraloría entregó su noveno informe sobre el seguimiento que le hacen a los dineros para la implementación del acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla. Según informó el ente de control, se han invertido más de $107 billones, pero su uso no demuestra la construcción de una paz “estable y duradera”.

Según mencionó la Contraloría, “las entidades responsables de ejecutar los recursos del Acuerdo reportaron, entre 2017 y el primer trimestre de 2025, una ejecución acumulada de $107,47 billones en pesos constantes de 2024, equivalente al 53% del presupuesto total estimado de $201,5 billones para 15 años”.

Según encontró la Contraloría, “las entidades responsables de ejecutar los recursos del Acuerdo reportaron, entre 2017 y el primer trimestre de 2025, una ejecución acumulada de $107,47 billones en pesos constantes de 2024, equivalente al 53% del presupuesto total estimado de $201,5 billones para 15 años”.

Además, de acuerdo con el informe del ente de control, en 2024, se ejecutaron $19,2 billones, lo que representa un incremento del 16,2% respecto a 2023, “superando las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017″.

Pese a ese incremento, la Contraloría dice que, “el 42% de los proyectos del trazador de paz presenta dificultades para asociar productos específicos del Acuerdo Final, mientras que solo el 17% permite cuantificar resultados de manera clara y verificable”. Durante sus auditorias, el ente de control expuso 31 hallazgos fiscales por $4.794 millones “que evidencian el uso ineficiente de recursos públicos”.

Después de horas de presentación, los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz señalaron que la lectura del comunicado no significa que el exsecretariado de las Farc ya esté notificado con las sanciones en su contra. Se espera que la notificación sea en horas de la tarde.

Tras conocerse esta decisión, víctimas como la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, señalaron que: “Para nosotros era muy importante que no hubiera impunidad. Dentro del acuerdo aceptamos que no fueran a la cárcel, pero que hubiera restricción de la libertad. Sin no hay restricción, es una burla para las personas que estuvimos secuestradas por estos jefes de las Farc”.

Asimismo, mencionó que como colombina, víctima y como ciudadana es indignante ver la sanción que se les aplica: “No es posible que nos hayan mentido de esa forma, que nos hayan prometido una paz sobre una justicia donde no habría impunidad y habría reparación a las víctimas y verdad. Todos los miembros del secretariado no aportaron en nada a la verdad y a la no repetición, por lo tanto, no cumplieron para tener una sentencia que no los obligue a ir a la cárcel. Es altamente indignante la sentencia de la JEP”.

Por su lado, el mayor general de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, secuestrado en 1998 en el asalto a la población de Mitú (Vaupés), aseguró que “los victimarios son los únicos que han sido beneficiados, desde Pastrana hasta Santos, cuando les dieron las curules, partido político, personería jurídica, presupuesto para que hicieran política”. Mendieta Ovalle permaneció más de 11 años secuestrado por las Farc y fue liberado el 13 de junio de 2010.

El togado Suárez mencionó los casos más representativos en la modalidad de secuestro dentro del caso 01: “Entre las más representativas están las perversas pescas milagrosas, que consistían en detener vehículos en vías y secuestrar a sus ocupantes. También los secuestros planificados con estudio previo de víctimas, basados en inteligencia financiera, colaboración con bandas delictivas e incluso con aparatos estatales”.

Además, destacó los “secuestros vinculados a extorsión, pago de cuotas, incluyendo exigencias de pago por entrega de cadáveres, los secuestros políticos, urbanos, laborales y ganaderos”. El magistrado también mencionó una política implementada por las Farc desde 1998, en la que privaba de la libertad a militares, policías y civiles.

El magistrado Suárez aseguró que la sección examinó las implicaciones de las sanciones propias sobre el ejercicio de derechos políticos de los comparecientes sometidos y concluyó que tales sanciones son compatibles con el principio democrático y el marco constitucional de la transición.

Eso quiere decir que los sancionados no quedan inhabilitados en su participación política. “En consecuencia, la participación y sanción no se excluyen, se integran como un diseño constitucional, legal, dirigido a la paz estable y duradera”, agregó el togado.

El magistrado Camilo Andrés Suárez anunció la sentencia de ocho años contra los siete exjefes de las Farc responsables directos del crimen de secuestro en Colombia: “Bajo este contexto, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz profiere esta sentencia dentro del caso 01, denominado Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes atribuidos a las Farc, en la que se responsabiliza a los comparecientes y, en consecuencia, se les impone la máxima sanción prevista en este modelo de justicia”.

Según indicó el magistrado, esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las Farc sean declarados máximos responsables de la organización en el periodo comprendido entre 1993 y 2012 y penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra. Esta sanción incluye cumplir con los proyectos restaurativos y la restricción de la libertad y movilidad.

La jornada inició con las palabras del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. “Esta mañana invocamos en esta sala de audiencias a todas y cada una de las personas que padecieron directamente el crimen del secuestro en Colombia, así como los vejámenes, torturas y violencia sexual que sufrieron durante sus largos y terribles cautiverios: campesinos, ganaderos, comerciantes, estudiantes, líderes políticos, integrantes de la Fuerza Pública, entre muchos otros colombianos”, expresó el magistrado Ramelli.

Asimismo, el togado aseguró que esta sentencia marca una nueva etapa procesal en la que “la restricción efectiva de los derechos de los responsables irá acompañada de trabajos destinados a restaurar a las víctimas, a las comunidades y a sus territorios. Durante más de cinco décadas, el pasado gobernó nuestro presente. Hoy, ese ciclo se rompe”. Además, agregó que en Colombia los crímenes de guerra y de lesa humanidad son investigados, juzgados y sancionados.

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