En medio del proceso que se adelanta por el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas, La Guajira, Yandra Brito, y por el cual es investigado el exgobernador de ese departamento Juan Francisco Gómez Cerchar, un insólito suceso se presentó con el hombre que habría cometido el asesinato. Se trata de Diomedes de Jesús Villamizar, el presunto sicario que le habría disparado a Brito y quien denunció a la entonces fiscal del caso Martha Lucía Zamora –ya renunció a la entidad– por supuesto constreñimiento y abuso de autoridad. En palabras de Villamizar, Zamora y agentes del CTI "siempre han procedido a amenazarnos, a coaccionarnos a que aceptemos responsabilidad en los hechos". Sin embargo, recientemente se conoció que el pasado 13 de mayo se ordenó el archivo de este expediente que tenía frenadas las pesquisas.
Todo inició el 24 de julio de 2013 cuando Villamizar, quien está recluido en la cárcel de alta seguridad en Valledupar (Cesar), instauró una denuncia penal contra la fiscal Zamora. Según él, el 8 y 9 de julio de ese año, Zamora los habría intimidado e increpado para que aceptaran ser los responsables del homicidio de Brito y de esta manera colaboraran con las autoridades para rendir testimonio en contra de ‘Kiko Gómez’ y Marcos Figueroa, alias Marquitos, los supuestos autores intelectuales del crimen. Cabe recordar que este hombre es señalado de ser el jefe de la banda de tres personas que participó en el asesinato de la exalcaldesa, quien murió el 28 de agosto de 2012 en Valledupar.
El 8 de julio de 2013 la fiscal Zamora se desplazó hasta la capital del Cesar para tomarle entrevista a Villamizar, Carlos Andrés Pérez Jiménez y Édgar Enrique Salazar –estos dos últimos fueron capturados junto a Villamizar en octubre de 2012– en el marco de las investigaciones contra ‘Kiko Gómez’ y la muerte de Brito. Ese día, según dijo el presunto sicario, Zamora llegó hasta el centro de reclusión y “nos envió a sacar por la fuerza por personal del Inpec, nos vimos en la necesidad de resistirnos aferrándonos a las rejas, ya que sin la presencia de nuestro abogados no nos pueden obligar a rendir entrevistas o testimonios (…) ellos nos decían que colaboráramos, que necesitaban hablar con nosotros. Carlos, Édgar y yo les preguntamos que quiénes eran los que nos buscan y no nos querían decir. Después llegó el policía judicial Becerra del Inpec (sic) y nos ofreció un ‘pin’ para llamar al abogado para que se acercara hasta acá, pero no le quisimos recibir nada, y entonces nos quedamos en el patio”.
Según Villamizar de ese momento empezaron las presiones. Sin embargo, al tomar las entrevistas de los otros dos implicados en el asunto, Pérez y Salazar, se evidenció que los guardias del Inpec no los trataron mal, por el contrario, aseguraron que todo se había mantenido en términos cordiales y que hasta la misma guardia les había ofrecido un ‘pin’ para llamar a sus abogados. En la orden de archivo emitida por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia se lee: “No se vislumbra la existencia del constreñimiento (…) Incluso los dos últimos de los nombrados hablan de un trato cordial de los servidores del INPEC, en particular, para explicarles el alcance de la diligencia que la Fiscalía Delegada ante la Corte se proponía realizar, circunstancia que dista mucho de ser un comportamiento violento, como lo menciona el denunciante en su escrito”.
Asimismo, en referencia a los hechos ocurridos ese 8 de julio, la fiscal del caso señaló que además de Zamora habían otros funcionarios judiciales que dieron fe de que en ningún momento se ejerció presión ni se amenazó a los reclusos ya que nunca se tuvo un contacto con ellos. “Y si en gracia de discusión, el acto de coerción o doblegamiento de la voluntad hubiese tenido ocurrencia, en el acto relatado por las cinco personas, cuyos apartes de su intervención fueron transcritos, el mismo no podría atribuirse a la doctora Martha Lucía Zamora Ávila, como quiera que ni directa ni indirectamente, tuvo contacto alguno con los internos”, señaló la orden de archivo.
Frente a la situación que denunció Villamizar se habría presentado al día siguiente de los hechos en la cárcel, se logró establecer a través de las entrevistas que todo sucedió en el Palacio de justicia de Valledupar. Según indicó el polémico Villamizar, lo llevaron “sin notificación previa de laguna autoridad judicial competente” y sin sus compañeros a una diligencia, y que para su sorpresa “cuando me informan que no hay ninguna diligencia, y me encierran en un cuarto con cuatro o cinco personas de la Fiscalía, la Sijin y la doctora Martha Lucía Zamora, a presionarme que ella es amiga de mi abogado, que colabore con la justicia, que me brindan protección si estoy amenazado, que si quiero me trasladan a Bogotá, pero que rinda testimonio contra un señor llamado Juan Francisco Gómez”.
Villamizar supuestamente indicó que la fiscal Zamora le “agarró una cadena donde tengo las fotos de mis hijos, y me dijo que lindas (…) le respondí no joda, yo no conozco a esos manes”. Sin embargo, en una diligencia que tuvo meses después para ampliar su denuncia, al parecer, le dio un repentino ataque de memoria. En esa oportunidad dijo que quien le había agarrado la cadena con las fotos de sus hijos había sido una mujer alta que “era como socióloga”. Por estas incongruencias, la fiscal primera delegada ante la Corte determinó que, gracias a todos los testimonios de los presentes, no se evidenció presión y que por el contrario el denunciante había sido quien tuvo un comportamiento agresivo.
Tras la renuncia de Zamora a la Fiscalía, el proceso por la muerte de Yandra Brito será adelantado por otro de los fiscales de la Unidad de delgados ante la Corte Suprema. Por el momento el ente investigador seguirá procesando a Villamizar y los toros dos hombres por ser los presuntos sicarios de la exalcaldesa de Barrancas, mientras que ‘Kiko’ Gómez seguirá siendo juzgado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Cabe recordar que contra el exgobernador también hay investigaciones por otros cinco asesinatos, ente los que se encuentran el esposo de Brito, Henry Ustáriz, quien fue abaleado junto a su escolta en 2008 en una carretera de La Guajira.
Por Redacción Judicial
