Entidades piden recursos para atender a víctimas de desplazamiento forzado

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En su intervención en la audiencia pública citada por la Corte Constitucional para evaluar la situación del desplazamiento forzado en el país, el vicecontralor general, Ricardo Rodríguez, aseguró que los presupuestos que tienen las entidades para atender el desplazamiento forzado son limitados o no son destinados para tal fin. Rodríguez expresó que en algunos casos los entes territoriales que asignaron recursos dirigidos a la prevención y protección de las víctimas no sobrepasan el 5%. 

Por ejemplo, el vicecontralor dijo que la alcaldía de Tumaco, en 2017, destinó recursos para la prevención protección, pero para la vigencia 2018 “dicha apropiación no fue realizada”. El procurador general, Fernando Carrillo, expresó que existe la “necesidad” de que tengas más recursos las agencias o entidades encargadas de atender a este tipo de población. Además de pedirle al Gobierno que identifique la totalidad de víctimas de desplazamientos forzados, sugirió visibilizar las medidas de acceso a vivienda, generación de ingresos y planes de reparación colectiva.

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La Fiscalía, a través de la vicefiscal María Paulina Riveros, manifestó que se han identificado a cinco máximos responsables de desplazamiento forzado del clan del Golfo y los Juacos. Igualmente, dijo que el ente investigador tiene activos 17.495 casos asociados a delitos que general desplazamientos forzados. También dijo que, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, 182 personas han sido condenadas. De este número, según Riveros, 34 eran comandantes de bloques de varios frentes. Señaló al Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las Farc, como los responsables de desplazamientos en la comunidad Alto Mira y Frontera, en Tumaco. 

La vicefiscal también identificó como responsables de desplazamientos forzados a disidentes de los Frentes 9 y 47, al Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al clan del Golfo y a grupo conocido como los Caparrapos. Asimismo, María Paulina Riveros aseguró que algunos de los inconvenientes de la Fiscalía es la recopilación de información sobre un determinado caso, por lo que lleva a que existan demoras, así como los obstáculos en la justicia que llevan a que estos sean lentos. Para ella, las investigaciones por este delito, que por lo general son cometidos masivamente, deben ser eficaces. 

Entre tanto, Ramón Alberto Rodríguez, director (e) de la Unidad de Víctimas), dijo en la Corte Constitucional que hay una reducción en la dinámica de la violencia y una disminución graduar. Según cifras aportadas en la audiencia, en 2002 había 868.432 víctimas, mientras que en 2002 hay 82.528. Para él, debe haber una articulación entre entidades para lograr un impacto positivo en las comunidades víctimas de desplazamiento forzado. Por su parte, el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, dijo que "no se ha logrado prevenir efectivamente el desplazamiento forzado y el confinamiento de la población civil". 

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Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, afirmó que existen tres grandes retos: la armonización de la política de víctimas con la política de promoción social, la dinamización de la reparación y el fortalecimiento de los resultados. Y Tokiko Iriyama, representante adjunta de la Agencia de la ONU para los refugiados, dijo: “Hemos tenido información de comunidades confirmadas y de desplazamiento masivo. Se han presentado escenarios sin respuesta suficiente, manifestando un debilitamiento en la respuesta".