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Entre 2011 y 2012 se aplazaron 173.952 audiencias

El asesor del fiscal Camilo Burbano dio a conocer los porcentajes y las razones principales por las que se aplazan las diligencias.

El Espectador

03 de febrero de 2014 - 09:34 a. m.
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Uno de los asesores del despacho del vicefiscal general, Camilo Burbano, dio a conocer que 173.952 audiencias fueron aplazadas entre 2011 y 2012. De este total, 75.166 fueron dilaciones presentadas por los abogados defensores.

Según señaló Burbano "estos aplazamientos representan 1.812 días de trabajo e implican una pérdida de tiempo muy importante para el sistema judicial". Añadió que en términos económicos fueron $8.000 millones los que se perdieron en el aplazamiento de la audiencia.

El asesor del fiscal explicó que las principales razones alegadas por los defensores son el cruce de audiencias -porque coinciden dos o más diligencias en el mismo día y hora-, la falta de comunicación de fecha de la audiencia, el cambio de defensor, la inasistencia injustificada y razones de orden administrativo como permisos, comisiones y capacitaciones.

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Además, el funcionario reconoció las dificultades en los centros de servicio, pues las fechas de 8.791 audiencias no fueron enviadas o se mandaron a una dirección equivocada. También se resaltó que estas diligencias tardan más tiempo de lo estimado lo que trae como consecuencia un atraso en las otras audiencias que fueron programadas en la misma sala o con alguno de sus intervinentes.

Burbano resaltó que muchas veces los jueces no consultan las agendas de los fiscales y viceversa, lo que implica un cruce de audiencias entre unos y otros. En cuanto al número de defensores públicos señaló que es "insuficiente para atender la elevada carga de procesos".

El asesor expuso que todos estos inconvenientes se derivan a partir de una falla en la gerencia del proceso, por lo que los planes para enfrentar estos aplazamientos deben estar enfocados en articular mecanismos del Sistema Penal Oral Acusatorio y lograr una coordinación interinstitucional con todas las entidades que son partícipes del proceso penal.
 

Por El Espectador

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