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“El mensaje fundamental del informe para una audiencia de políticas públicas es decirles: venga, si las condiciones de reclusión de internos se deterioran, la gente va a reincidir más y todo va a resultar peor”. Esta fue una de las conclusiones a las cuales llegó el profesor paisa Santiago Tobón, quien es doctor en economía y director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad Eafit. Tras elaborar un artículo que publicara la prestigiosa editorial estadounidense MIT Press, especializada en ciencia y tecnología, el académico encontró un número mágico: en Colombia la probabilidad de regresar a la cárcel, al año siguiente de obtener la libertad, es 36 % menor para quienes pagaron su pena en establecimientos con buenas condiciones.
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El profesor Santiago Tobón, luego de evaluar las características de una población de 15 mil internos en 56 centros de reclusión, comparó las cifras de reincidencia entre dos tipos de cárceles: las primeras, antiguos establecimientos donde las condiciones son deplorables y en las cuales el hacinamiento es superior al 170 %, y las segundas, edificios denominados de “tercera generación”, donde el trato hacia los internos mejora -a pesar de ser incomparable con sistemas europeos, que no sufren el estado de violaciones de DD. HH. que la Corte Constitucional declaró en 1998, 2013 y 2015-. Además, encontró que tras un año de conseguir la libertad, el 9,8 % de los excarcelados reinciden cuando salen de prisiones viejas, sin embargo, solo el 6,3 % lo hacen después de pagar su pena en establecimientos con mejores condiciones.
“Pareciera que quienes van a las cárceles más deterioradas, con menos condiciones de salud, vigilancia y demás, desarrollan un mayor capital criminal. Es decir, los posibles reincidentes interactúan con muchos más internos de un perfil más alto. Por ejemplo, en la cárcel de Bellavista (Medellín), en los patios grandes, es más o menos sálvese quien pueda. Hay patios diseñados para 150 personas, pero en realidad hay 1.200. Los guardianes del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) ni siquiera entran allá. Para que vos podás por lo menos dormir, tenés que interactuar con miembros de grupos criminales”, aseguró el académico, quien realizó su trabajo de campo en las cárceles Bellavista y El Pedregal, en la capital antioqueña.
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El informe, denominado “¿Las mejores prisiones reducen la reincidencia? Evidencia de un programa de construcción de prisiones”, denuncia que las estadísticas de reincidencia en las cárceles antiguas son más altas, entre otras cosas porque los programas de resocialización son escasos. Asimismo, el profesor Santiago Tobón habló sobre la teoría de “tendencia recíproca”, la cual describe la conducta de una persona cuando recibe tratos degradantes de la sociedad: “Hay una alta probabilidad de que responda con más violencia. Por ejemplo, encuentro que las posibilidades de morir en las cárceles viejas son más altas que en las nuevas”, explicó. De hecho, de acuerdo con la investigación, hay un 50 % menos de probabilidades de perder la vida en una cárcel de “tercera generación”.
Según el informe, los establecimientos antiguos están un 63 % más sobrepoblados que los nuevos. Ese dato es clave, pues desde inicios del milenio el hacinamiento se ha triplicado -hoy son más de 120 mil presos- y, tras el análisis, la carga estaría cayendo sobre los centros que presentan peores condiciones. La construcción de las denominadas cárceles de “tercera generación” iniciaron en 2004, pero recién vieron la luz entre 2010 y 2013. Se trata de los centros de Yopal, Cúcuta, Ibagué, Acacías, Jamundí, El Pedregal, Guaduas, Puerto Triunfo, Florencia y La Picota -reforma-. Incluso, aunque la población es menor, los internos de las cárceles nuevas tienen 12 % más guardias del Inpec por cada mil personas y, además, presentan un 34 % menos acciones de tutela en comparación con los centros más deteriorados.
El profesor Santiago Tobón, quien formuló una ecuación estadística para calcular todos los datos que se han expuesto, concluyó que las autoridades que diseñan políticas públicas podrían chequear el informe, para darles un nuevo sentido a las estrategias penitenciarias de cara a posibles reformas estructurales. “Hay un problema particularmente en Colombia. Nuestra política criminal es muy punitiva, y eso tiene muy poco análisis costo-beneficio. Se tienen que considerar las consecuencias sociales de contribuir a que más gente cometa delitos, si se está tomando la decisión de meter más gente a la cárcel. Con más reincidencia, se necesitan más cupos carcelarios, es un círculo sin salida. Hay que racionalizar el uso de la cárcel”, finalizó.