“Entreguen a los agresores a la justicia indígena”: ONIC, sobre caso de niña embera abusada

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) exigió que los agresores de la pequeña de 13 años que fue abusada sexualmente por militares del Ejército Nacional, sean entregados a la justicia indígena para ser juzgados y que, después de cumplir la condena, también sean juzgados por la justicia penal ordinaria. Pero que, de ninguna manera, el caso debe ser trasladado a la justicia penal militar.

El pronunciamiento se hizo a través de una rueda de prensa extraordinaria que fue transmitida por las redes sociales de la oganización en la que participó Lejandrina Pastor, Consejera de mujer, familia y generación de la ONIC, y Aida Quilcue, Consejera derechos humanos de la ONIC, quienes manifestaron su rechazo y repudio ante el grave hecho que se presentó en el Resguardo Gito Dokabú - Embera Katío, en el corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico (Risaralda).

“Quiero repudiar este hecho atroz que va en contravía de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas de Colombia. Sabemos que no es un tema aislado, es estructural, una doctrina de la fuerza pública que debe ser desmantelada por la paz y esa forma de mirarnos de manera racista y xenófoba, empiece a eliminarse del país, en el marco de una ideología que nos permita convivir”, expresó Quilcue.

Noticia relacionada: Fiscalía investiga a ocho soldados por abuso sexual a niña indígena en Risaralda

En el comunicado que fue presentado por las consejeras, la ONIC afirmó que el hecho constituye una grave vulneración de los derechos de la mejor y de afectación colectiva de su familia, del pueblo Embera Katío y de los pueblos indígenas del país, y se suma a un largo prontuario de actos atroces por parte de las Fuerzas Militares quienes, por acción u omisión, se constituyen en un factor de riesgo, en vez de garantía de seguridad para los pueblos y las naciones indígenas.

“Llamamos la atención sobre la manera cómo se ataca a la mujer indígena. Ella es el hilo tejedor que enlaza y transmite la lengua y las costumbres ancestrales, permitiendo así, conservar a través del tiempo, la cultura y la espiritualidad que hace que los pueblos no olviden las raíces que nos unen con la madre tierra”, señaló el pronunciamiento.

En el mismo se añadió que en medio de la pandemia se han registrado altas cifras de agresión sexual y física contra las mujeres. “En 2020 van 99 mujeres asesinadas, 14 de ellas durante la cuarentena y la cifra de maltrato infantil también va en aumento. En los pueblos indígenas se han denunciado varios hechos de agresión a niños y niñas indígenas, todos esto indica que este es un problema estructural que carome los cimientos de toda la sociedad colombiana”.

Por todo lo anterior la autoridad nacional del gobierno indígena exigió:

* Respeto por la víctima, por su familia y el pueblo Embera Katío.

* No más impunidad frente a estos hechos, acorde a lo exigido por las autoridades tradicionales solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que se adelante de manera inmediata la investigación penal que permita llevar a la justicia a aquellos delincuentes que atentaron contra la menor Embera. Las acciones deberán ser realizadas de manera coordinada con las autoridades tradicionales de la comunidad y los sistemas de justicia propia. De ninguna manera este caso puede ser conocido por la justicia penal militar.

* A la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, realizar un acompañamiento juicioso y real al presente caso, con el fin que no se sume a la larga cifra de casos que quedan en la impunidad, en especial teniendo en consideración el peso político que puede llegar a influir en la debida administración de justicia. Pero, además, que adelante su poder disciplinario e inicie los procesos en contra de los miembros que cometieron tan despreciable hecho y evite la injerencia de quienes quieren silenciar este hecho.

* A los organismos internacionales, para que actúen frente al proceder criminal de un Estado que sistemáticamente afecta y ha decidido acabar con los pueblos indígenas.

A continuación, el comunicado completo de la ONIC:

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) exigió que los agresores de la pequeña de 13 años que fue abusada sexualmente por militares del Ejército Nacional, sean entregados a la justicia indígena para ser juzgados y que, después de cumplir la condena, también sean juzgados por la justicia penal ordinaria. Pero que, de ninguna manera, el caso debe ser trasladado a la justicia penal militar.

El pronunciamiento se hizo a través de una rueda de prensa extraordinaria que fue transmitida por las redes sociales de la oganización en la que participó Lejandrina Pastor, Consejera de mujer, familia y generación de la ONIC, y Aida Quilcue, Consejera derechos humanos de la ONIC, quienes manifestaron su rechazo y repudio ante el grave hecho que se presentó en el Resguardo Gito Dokabú - Embera Katío, en el corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico (Risaralda).

“Quiero repudiar este hecho atroz que va en contravía de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas de Colombia. Sabemos que no es un tema aislado, es estructural, una doctrina de la fuerza pública que debe ser desmantelada por la paz y esa forma de mirarnos de manera racista y xenófoba, empiece a eliminarse del país, en el marco de una ideología que nos permita convivir”, expresó Quilcue.

Noticia relacionada: Fiscalía investiga a ocho soldados por abuso sexual a niña indígena en Risaralda

En el comunicado que fue presentado por las consejeras, la ONIC afirmó que el hecho constituye una grave vulneración de los derechos de la mejor y de afectación colectiva de su familia, del pueblo Embera Katío y de los pueblos indígenas del país, y se suma a un largo prontuario de actos atroces por parte de las Fuerzas Militares quienes, por acción u omisión, se constituyen en un factor de riesgo, en vez de garantía de seguridad para los pueblos y las naciones indígenas.

“Llamamos la atención sobre la manera cómo se ataca a la mujer indígena. Ella es el hilo tejedor que enlaza y transmite la lengua y las costumbres ancestrales, permitiendo así, conservar a través del tiempo, la cultura y la espiritualidad que hace que los pueblos no olviden las raíces que nos unen con la madre tierra”, señaló el pronunciamiento.

En el mismo se añadió que en medio de la pandemia se han registrado altas cifras de agresión sexual y física contra las mujeres. “En 2020 van 99 mujeres asesinadas, 14 de ellas durante la cuarentena y la cifra de maltrato infantil también va en aumento. En los pueblos indígenas se han denunciado varios hechos de agresión a niños y niñas indígenas, todos esto indica que este es un problema estructural que carome los cimientos de toda la sociedad colombiana”.

Por todo lo anterior la autoridad nacional del gobierno indígena exigió:

* Respeto por la víctima, por su familia y el pueblo Embera Katío.

* No más impunidad frente a estos hechos, acorde a lo exigido por las autoridades tradicionales solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que se adelante de manera inmediata la investigación penal que permita llevar a la justicia a aquellos delincuentes que atentaron contra la menor Embera. Las acciones deberán ser realizadas de manera coordinada con las autoridades tradicionales de la comunidad y los sistemas de justicia propia. De ninguna manera este caso puede ser conocido por la justicia penal militar.

* A la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, realizar un acompañamiento juicioso y real al presente caso, con el fin que no se sume a la larga cifra de casos que quedan en la impunidad, en especial teniendo en consideración el peso político que puede llegar a influir en la debida administración de justicia. Pero, además, que adelante su poder disciplinario e inicie los procesos en contra de los miembros que cometieron tan despreciable hecho y evite la injerencia de quienes quieren silenciar este hecho.

* A los organismos internacionales, para que actúen frente al proceder criminal de un Estado que sistemáticamente afecta y ha decidido acabar con los pueblos indígenas.

A continuación, el comunicado completo de la ONIC: