Usted es miembro de la junta directiva de Asonal Judicial, uno de los sindicatos más importantes de la justicia. ¿Ustedes tienen información sobre el evento que realizará dentro de unos días, entre el 24 y 25 de septiembre, la Sala Penal de la Corte Suprema en uno de los hoteles más lujosos de Santa Marta?
Sí. Me he enterado a través de la publicidad que recientemente conocí, sobre ese encuentro programado, en Santa Marta, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Quiero precisar, desde el comienzo, que no cuestionamos la importancia de los espacios académicos ni la capacitación de jueces, fiscales y demás servidores de la justicia. La formación permanente es necesaria para mejorar el servicio. Sin embargo, también debemos reconocer que estamos atravesando una situación absolutamente excepcional. Hace apenas dos semanas, ocurrió un terremoto que dejó miles de víctimas, de familias afectadas, de viviendas dañadas y numerosas instalaciones públicas fuera de servicio, entre estas, las sedes judiciales. En un momento con estas características, considero legítimo preguntarnos si, como servidores judiciales, algunas actividades que pueden aplazarse, modificarse o realizarse de manera menos costosa, deben ceder ante necesidades humanas más urgentes. La prioridad inmediata debería ser proteger la vida, la integridad física y mental de las personas, y apoyar el largo y difícil proceso de reconstrucción de las vidas afectada y de recuperación de las condiciones de trabajo.
Según dice la tarjeta enviada por la Corte, se trata del III Encuentro Nacional de la Jurisdicción Penal al cual han sido convocados “magistrados, jueces, fiscales, académicos y litigantes” del país. Ahí también se anuncia que “la organización del evento asumirá los costos correspondientes a alojamiento y alimentación” de los invitados de la Corte durante tres noches y dos días y medio. ¿Cuántas personas promedio, suelen ir a ese tipo de eventos?
No conozco, todavía, el número definitivo de invitados a ese encuentro. Por experiencias anteriores, esta clase de eventos puede reunir entre 250 y 500 personas. Pero lo verdaderamente importante, en estas circunstancias, no es solo establecer cuántas personas asistirán sino conocer, con transparencia, cuáles son los costos totales de la actividad, de dónde provienen los recursos y si existen alternativas menos caras que permitan igualmente cumplir el propósito académico que se argumenta para la realización del evento. Repito que estamos atravesando una emergencia que obliga a instituciones, organizaciones sindicales, funcionarios y ciudadanos a revisar prioridades y a estudiar, con seriedad, la posibilidad de postergar la realización de muchas actividades o eventos para darle prioridad al difícil proceso de recuperación y reconstrucción que debe dejarnos en mejores condiciones, no al contrario. No podemos perder de vista que detrás de las estadísticas del terremoto, existen seres humanos afectados y entre estos, funcionarios judiciales que también perdieron todo: trabajadores con familiares fallecidos, que tienen miedo de regresar a edificios averiados, que ya no tienen vivienda, que atraviesan situaciones de duelo, ansiedad o incertidumbre. En la reunión de la junta nacional de Asonal Judicial S.I., realizada hace dos días, los delegados departamentales comenzaron a reportar consecuencias delicadas y a evidenciar graves impactos en la familia judicial, en muchos lugares del país. Esta dimensión humana debe ser parte fundamental de las decisiones institucionales.
De todos modos, es importante establecer el número de invitados a Santa Marta porque, en el hotel cinco estrellas en que tendrá lugar la cita, cada habitación suele costar, diariamente, entre $650 mil y $1 millón 100 mil pesos (según temporada y otras condiciones). Y cada comida, de tres diarias que consume cada persona, tiene un valor de entre $50 mil y $160 mil pesos. Si se multiplican estos precios, por poner un ejemplo, 100 invitados con todo pago, además de los otros costos del evento en servicios locativos, humanos y tecnológicos, el monto total podría acercarse a los $500 millones. ¿Cree que exagero?
No conozco los valores individuales ni el costo total contratado para ese evento de Santa Marta y por eso no me refiero a una cifra definitiva. De todos modos, las operaciones que usted plantea con los precios indicados de alojamiento, alimentación y demás servicios para un número importante de asistentes, podrían conducir a sumas significativas. Datos internos de la propia rama judicial señalan que el presupuesto asignado para dos actividades referidas a programas de formación básica, en el año 2025, para el sistema penal acusatorio, y destinado a 280 personas presenciales, 220 virtuales y 160 conectadas por streaming, fue de $873 millones de pesos. Pero precisamente por la magnitud de la emergencia derivada del terremoto, sería conveniente que existiera total claridad sobre lps recursos que se usen. Dada la grave coyuntura actual, en buena parte del país, la pregunta de fondo es si después de una tragedia de estas dimensiones, todas las instituciones públicas estamos revisando nuestros presupuestos para establecer cuáles gastos son indispensables y cuáles recursos legalmente disponibles, pueden orientarse hacia la recuperación. Todo ello, por supuesto, respetando las normas y la destinación específica de los recursos.
¿Cuál entidad maneja y distribuye el presupuesto total asignado anualmente al sector justicia y cuál porcentaje de ese presupuesto se destina, cada año, a encuentros de las altas cortes?
La administración de los recursos de la rama judicial corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según el presupuesto aprobado para el sector. No conozco el porcentaje exacto destinado a cada encuentro o actividad académica. Es importante precisar que la capacitación no es un gasto innecesario. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia reconoce, expresamente, la capacitación continua y también establece los programas adecuados de bienestar y salud ocupacional. Precisamente ahí está el punto: capacitación, bienestar y salud no deberían verse como asuntos enfrentados entre sí. Ahora, refiriéndome a esta coyuntura, es posible preservar las jornadas de capacitación utilizando mecanismos menos costosos; por ejemplo, la virtualidad, las actividades regionales o, incluso, los aplazamientos temporales como dije antes, y, simultáneamente, concentrar los planes de bienestar, seguridad y salud de los servidores judiciales que están sufriendo las consecuencias del terremoto.
Reuniones como la que convoca la Sala Penal de la Corte para el próximo mes, se citan con argumentos académicos pero, ¿pueden dar resultados serios en solo dos días de conferencias y en el lugar seleccionado (playa, brisa y mar), o se convierten en un evento más bien social?
Un verdadero plan de capacitación requiere un compromiso de mayor tiempo y dedicación para que sea productivo en sus resultados.
Han pasado apenas dos semanas desde el día del terremoto. Recientes balances, aún no definitivos, indican que 472 municipios fueron impactados, cinco ciudades capitales tuvieron alertas importantes; y que hubo más de 300 muertos, más de 4.500 heridos, 430 desaparecidos y unas 300 mil personas afectadas. ¿Cómo y cuánto sufrieron, por el sismo, los funcionarios de la rama judicial y sus sedes de trabajo, según sus datos?
Asonal Judicial S.I., todavía no consolida un balance nacional. Sí conocemos reportes provenientes de diferentes ciudades en cuanto a afectaciones importantes. En Cali, por ejemplo, fue necesario adoptar medidas frente a edificios judiciales que sufrieron averías de distinto grado; restringir, por eso, el ingreso de los funcionarios y mantener modalidades alternativas de trabajo mientras se realizan diagnósticos técnicos que determinen si las sedes pueden volver a ser ocupadas con seguridad. Sin embargo, creo que debemos ampliar la mirada en cuanto a los daños. Hay personas que vivieron momentos de enorme angustia, familias que tuvieron que desplazarse, personas que perdieron seres queridos o que viven pendientes de parientes afectados. También existen consecuencias psicológicas que no siempre son visibles. Por eso la recuperación tiene que ser física, institucional, familiar y psicológica. No basta con decir que un edificio está técnicamente habilitado. También debemos preguntarnos si quienes trabajan allí se encuentran en condiciones humanas y emocionales de regresar y cuál acompañamiento necesitan.
Usted es fiscal en Cali y, precisamente, en el Valle del Cauca se han reportado 1.491 funcionarios judiciales víctimas de los estragos del sismo. ¿Qué ha sucedido con ellas?
En el Valle del Cauca, y particularmente en Cali, buena parte de los servidores judiciales ha debido continuar sus labores mediante mecanismos virtuales o desde sus viviendas debido a las restricciones en las diferentes instalaciones. Estamos recopilando mayores informaciones sobre otras pérdidas graves pero, mientras tanto, debemos evitar una conclusión equivocada: trabajar desde la casa no significa necesariamente estar bien.
Un servidor judicial puede conectarse a una audiencia mientras está enfrentando daños en su vivienda, debe cuidar niños o adultos mayores también víctimas, intenta resolver dificultades económicas o atraviesa miedo y ansiedad después del terremoto. La virtualidad es una solución de contingencia institucional, pero no elimina los efectos humanos de la tragedia. Por eso consideramos necesario establecer condiciones laborales flexibles y diferenciadas mientras dure la recuperación. La administración judicial necesita continuar funcionando, pero debe hacerlo sin desconocer que muchos de quienes son sus operadores, también fueron víctimas del desastre.
En cuanto toca a Cali, las sedes judiciales principales en donde había concentrados decenas de despachos y trabajaban muchos funcionarios, sufrieron daños considerables. ¿Están administrando justicia desde la casa?
Así es: en Cali, el Consejo Seccional de la Judicatura determinó suspender términos judiciales y restringir el ingreso al Palacio de Justicia hasta el 11 de septiembre, mientras se adelanta el proceso de diagnóstico de los daños y se verifica si esa emblemática edificación distribuida en dos torres, la A y la B, una de 18 pisos y otra de 5, es apta o no para volver a ser ocupada por cientos de servidores judiciales. El diagnóstico definitivo sobre la condición física actual de esa sede que concentra decenas de despachos judiciales y que alberga más de 100 salas de audiencia, aún no se conoce. Ahora bien, a muchos funcionarios también se les dijo: “quédense en sus casas trabajando”. La cruda realidad es que no son pocos los que ya no tienen vivienda para pasar el día o la noche, menos para trabajar, máxime cuando su computador y bienes quedaron bajo los escombros y otro tipo de consecuencias graves que no acabamos de dimensionar. Esta misma situación es padecida por los servidores de la justicia en el resto del país afectado por el sismo.
Justamente, el número de sedes de trabajo que presentaron daños en sus estructuras en la zona del terremoto parece ser muy alto, según los datos recopilados por el sector según los cuales hay 117 averiadas en mayor o menor grado. ¿Qué ha establecido Asonal Judicial al respecto?
No tenemos cifras exactas, aún. Consolidar esos datos es parte de nuestro trabajo este fin de semana. Se sabe, sí, que muchísimos despachos judiciales en municipios pequeños, medianos y grandes, no pueden ser ocupados por las averías sufridas. Los números que usted menciona son cercanos a la realidad puesto que han sido publicados como datos oficiales por la Dirección Ejecutiva de la rama.
Acudo de nuevo a ese informe provisional oficial según el cual, de 74 sedes judiciales del Valle del Cauca, 70 sufrieron daños de mayor o menor importancia; en Armenia, 11 tienen averías de un total de 16; y en Pereira, 7 de 18 están deterioradas. ¿Es el colapso para la administración de justicia en esa zona amplia del país?
Pues, por ahora se han utilizado modalidades de trabajo virtual mientras se conocen los diagnósticos definitivos de las instalaciones. Sin embargo, esa solución tiene límites:
la justicia necesita infraestructura física, conectividad segura, expedientes, redes institucionales, salas de audiencia, acceso de ciudadanos y condiciones especiales para determinados procedimientos, particularmente, en materia penal. Por eso se requiere un verdadero plan de recuperación en las regiones afectadas, que identifique sede por sede; que diga qué puede repararse, qué debe reconstruirse, dónde son necesarias sedes temporales y cuáles servicios deben priorizarse. Ese plan debería tener cronogramas públicos, presupuesto identificable y mecanismos de participación. Y, también hay que insistir en que no es adecuado que la reconstrucción sea diseñada exclusivamente por técnicos o administradores sin escuchar a quienes conocen diariamente los edificios: jueces, fiscales, empleados, abogados litigantes, usuarios de la justicia y organizaciones comunitarias.
La rama judicial tradicionalmente se queja por el presupuesto que le asigna el Gobierno de turno cada año. Ahora, con las pérdidas sufridas por causa del terremoto, el faltante total de este año y del próximo será mayor. ¿Ustedes han hecho algún tipo de evaluación y han examinado vías de solución posibles?
Históricamente hemos señalado que los recursos destinados a la administración de justicia resultan insuficientes frente a las necesidades existentes de infraestructura, tecnología, personal y acceso ciudadano. El terremoto descarga nuevas necesidades que deberán cuantificarse después de tener los diagnósticos técnicos completos. Como organización sindical debemos recoger la información de nuestras seccionales y analizar las alternativas posibles. Pero considero que esta tragedia también representa una oportunidad para cambiar la manera como se diseñan estas soluciones. Se podría empezar por crear una mesa en la que puedan intervenir todos los componentes humanos del sector justicia.
No se puede concluir esta entrevista sin reparar en el inicio de la misma: la opulenta cita de la Sala Penal de la Corte Suprema en Santa Marta, cuyos organizadores no parece que hubieran reparado en la situación de desastre general que usted y las cifras de la propia rama, reportan. Ahora, después de lo conversado, ¿qué opina al respecto?
Esta es, probablemente, la pregunta que exige mayor sensibilidad. No considero adecuado plantearla como una confrontación entre la capacitación de los funcionarios y la atención a las víctimas. Ambas cosas son importantes. Pero existen momentos extraordinarios en los que una sociedad debe establecer prioridades, como dije al inicio. En este momento, hay ciudadanos y servidores judiciales tratando de recuperar su tranquilidad, sus condiciones laborales y, en algunos casos, sus proyectos de vida. Y existen ciudades que necesitan recuperar rápidamente su infraestructura judicial para garantizar los derechos de toda la población. En ese contexto es razonable y responsable que la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura y las demás autoridades evalúen si el encuentro por el que usted pregunta, puede aplazarse, reducir significativamente sus costos, realizarse parcialmente de manera virtual o adoptar otra modalidad; y estudiar, jurídicamente, si los recursos que eventualmente se liberen, puedan ser utilizados en atender las necesidades de primer orden relacionadas con la emergencia. Existe, además, un mensaje institucional: la justicia no solo debe resolver jurídicamente los problemas de la sociedad. También debe mostrar solidaridad cuando la comunidad atraviesa una tragedia. La reconstrucción después de un terremoto no consiste solamente en reparar concreto, muros y ventanas. Significa recuperar personas, familias, instituciones, confianza y comunidad.
“Debería existir un registro único de servidores judiciales afectados por el sismo”
De acuerdo con datos oficiales de la rama judicial (Dirección de Administración Judicial y C. Superior de la Judicatura), en la zona del terremoto hubo un reporte parcial de 2.160 servidores judiciales que fueron impactados por el sismo. ¿Cuáles apoyos han recibido esos funcionarios del propio sector de la justicia?
Hasta el momento no hay, que yo sepa, un reporte consolidado que permita establecer con exactitud todas las ayudas económicas o asistenciales entregadas a los servidores judiciales y sus familias por las instituciones del sector. Sí sabemos que diferentes organizaciones sindicales han promovido recolectas, centros de acopio y jornadas solidarias destinadas a las víctimas; y hablo, en particular, de Asonal Judicial S.I. Pero consideramos que hay que avanzar, rápidamente, hacia una respuesta más integral. Debería existir un registro único de servidores afectados que permita identificar, entre otros aspectos, fallecimiento o desaparición de familiares, personas heridas, situaciones de discapacidad, condiciones especiales para regresar al trabajo, afectaciones de vivienda, necesidades de alojamiento temporal etc. Las víctimas no pueden ser consideradas receptoras pasivas. Deben participar en la identificación de sus necesidades junto con todo el sector.
