Cuatro policías que hacen parte de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN) y seis más que integraban el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, fueron enviados a la cárcel. Son señalados de realizar, sin ninguna justificación, un procedimiento judicial en el cual presuntamente fueron retenidas una mujer y sus dos hijas menores de edad.
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La investigación da cuenta que en agosto de 2023, los 10 uniformados habrían realizado una diligencia de allanamiento sin orden judicial a una residencia ubicada en el barrio Paz y Progreso de Cúcuta (Norte de Santander).
Las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder dan cuenta que en medio del supuesto operativo, los uniformados encontraron varias cajas de mercancía representada en jeans y cigarrillos, los cuales, según ellos, no contaban con la documentación y soportes que demostraran su legal procedencia. La víctima por su parte, manifestó que la mercancía de propiedad de su hermana era legal.
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En este contexto, según la Fiscalía, los policías habrían exigido 50 millones de pesos a cambio de no capturar a la mujer y de no entregar a las menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Parte de ese dinero, es decir, $20 millones, habrían sido consignados a los uniformados precisamente por la hermana y le habrían dado un plazo para que en la tarde de ese día entregaran el resto del dinero.
Los delitos por los que fueron imputados los intendentes Iván Reinaldo López y Wilson Carrillo Celis; el subintendente Reynaldo José Chaustre y los patrulleros: Jairo Antonio Martínez, Paola Andrea Peralta, Deiby Johan Báez, Wilmer Ismael Forero, Gerson Ferney Lindarte, Ramón Alberto Martínez y Hervin Danilo Velandia, son secuestro simple, concusión y falsedad ideológica en documento público.
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