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Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue vista el 4 de junio en un video grabado al interior de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde cumple una condena de cinco años. En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, la empresaria denunció junto a otras internas, graves irregularidades en el servicio de alimentación que se presta en ese centro de reclusión femenino.
Frente al contenido donde las reclusas aseguran que han pasado varios días sin recibir comida en condiciones adecuadas, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) emitió un comunicado oficial. Aseguraron que, tras una verificación en terreno y con base en los reportes del operador del contrato de alimentación, no se han registrado interrupciones en el suministro de alimentos.
“Desde el inicio de la operación (16 de mayo), el operador ha garantizado la entrega de abarrotes, proteínas y productos fruver, de acuerdo con las especificaciones contractuales”, declaró la entidad. No obstante, la Uspec reconoció que el 24 de mayo se presentó una situación puntual de insalubridad, la cual atribuyó a factores externos como el incremento de las lluvias y el desbordamiento del afluente conocido como ‘Caño Negro’, cercano a El Buen Pastor.
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En respuesta, la Unidad aseguró que se contrató a una empresa especializada en control de plagas, se implementó un cronograma de mitigación y se coordinó con el área ambiental del establecimiento carcelario para restablecer condiciones sanitarias óptimas.
En la denuncia de Epa Colombia se afirma que los alimentos entregados presentan signos de descomposición, presencia de plagas e incluso contaminación por ratas vivas y muertas. “Mucha hambre, amiga, tienen hambre”, se escucha decir a Barrera Rojas, mientras otras mujeres privadas de la libertad relatan en voz alta lo que ocurre en el penal. “El pollo podrido, el pescado podrido, ratas encima de la comida”, grita una interna. “Todo picho”, responde Barrera.
La Uspec también informó que, pese a algunas renuncias del personal operativo registradas el 4 de junio, los cargos fueron cubiertos el mismo día mediante un plan de contingencia, lo que —según sus afirmaciones— evitó afectaciones en la prestación del servicio. Además, indicó que se han reforzado las labores de limpieza, desinfección y mantenimiento estructural, y que se han entregado utensilios y menaje adicional para garantizar el funcionamiento adecuado del servicio de alimentación.
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Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, reconoció en declaraciones a medios de comunicación que existen deficiencias reales en el sistema de alimentación del penal.
“Se han presentado unos hechos de mala alimentación, que no llega a tiempo, que no está bien cocinada, que no tiene el gramaje que es”, admitió el oficial. Según Gutiérrez, estas fallas obedecen a un problema estructural que afecta no solo la calidad de la comida, sino también la infraestructura general del penal y la prestación de servicios de salud.
¿Qué ha pasado con Epa Colombia?
Daneidy Barrera Rojas fue condenada el pasado 27 de enero por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación del servicio público de transporte. La sentencia se dio por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando la influenciadora destruyó con un martillo parte de la infraestructura de la estación Molinos de TransMilenio, al sur de Bogotá, y publicó el video en sus redes sociales.
Su abogado, Francisco Bernate, ha informado avances en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia. Entre estos, destaca el pago de más de 57 millones de pesos destinados a la reparación de los perjuicios ocasionados. La suma fue dividida entre Recaudo Bogotá S.A.S., empresa que representa al Distrito de Bogotá, y la aseguradora Chubb Seguros, responsable de cubrir los daños materiales a la estación.
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Adicionalmente, Recaudo Bogotá ha manifestado que aún está pendiente un compromiso simbólico de justicia restaurativa: una declaración pública de arrepentimiento por parte de Barrera, en la que reconozca los hechos y exprese su voluntad de reparación, tal como lo prevé la legislación penal en estos casos.
La primera audiencia de reparación tuvo lugar el pasado 13 de mayo, fecha en la que la parte de las víctimas presentaron sus pretensiones económicas. Durante esa diligencia, la juez del caso agendó para el próximo 19 de septiembre la audiencia de conciliación entre las partes. No obstante, Epa Colombia anticipó el cumplimiento de su obligación económica al realizar el pago total de la deuda antes de esa fecha.
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