“Eran personas inocentes y trabajadoras”: exmilitares reconocen falsos positivos

Más de 28 máximos responsables por falsos positivos reconocen sus crímenes ante 140 víctimas.

Foto: Cortesía JEP

El pasado jueves 8 de agosto inició en Neiva (Huila) la audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad, agendada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del caso 03 (falsos positivos), en la que 74 exmilitares reconocen su participación en este crimen de lesa humanidad. De los citados, al menos 28 uniformados retirados hacen parte de un grupo de máximos responsables que esperan recibir una sanción propia de hasta ocho años a través de componente restaurativo de la Jurisdicción.

Durante la audiencia, los confesos responsables aceptaron su participación en ejecuciones extrajudiciales delante de al menos 137 víctimas, quienes recordaron a sus familiares y exigieron verdad para saber qué fue lo que pasó con ellos durante el conflicto. Además de los máximos responsables, también participaron 46 comparecientes quienes aceptaron participar en estos crímenes y que podrán resolver su situación jurídica mediante la Ruta No Sancionatoria (implementada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas), un mecanismo diseñado para quienes no tuvieron un papel determinante en la comisión de delitos.

“Nuestros seres queridos no son una cifra, eran mucho más. Eran seres humanos vibrantes, llenos de sueños y muchas esperanzas que, en un instante, sufrieron la amarga injusticia de ser despojados de lo más preciado que podemos tener: la vida y la dignidad”, señaló Yenny Gutiérrez, hermana de Diego Andrés Molina, asesinado el 20 de agosto de 2007 en Garzón (Huila) y presentado como baja en combate por el batallón ‘Cacique Pigoanza’, durante la apertura de intervención de los familiares de las víctimas.

“A pesar de tanta pérdida y sufrimiento, hoy las familias de las víctimas les queremos decir (a los comparecientes) que no todo es dolor. Hoy, todas las madres, esposas, las personas que alzamos la voz ante ustedes, hemos encontrado resiliencia”, agregó.

Durante la intervención también se conoció el testimonio de Luz Mery Martínez Rodríguez, hermana de Jaime Martínez Rodríguez, asesinado por miembros del batallón ‘Magdalena’ el 8 de octubre de 2007, en San Agustín (Huila). “Mi hermano era un hombre muy trabajador, inteligente, responsable, amoroso, buen amigo y compañero (...) Hoy estamos acá sacando a la luz la verdad que Colombia está atenta a escuchar ¿Por qué involucraron a civiles en estos crímenes, acabando con vidas y rompiendo familias y comunidades?”, cuestionó Martínez a los exmilitares.

Entretanto, para Amparo Ortiz Sepúlveda, hermana de Ovidio Ortiz Sepúlveda, quien fue asesinado el 6 de enero de 2007 por tropas del batallón ‘Cacique Pigoanza’ y presentado como supuesta baja en combate en Gigante (Huila), los comparecientes estarían buscando beneficios en sus casos sin decir toda la verdad. “¿Ustedes sintieron compasión alguna vez? Antes de actuar, ¿sintieron algo? ¿No analizaron todos los daños que nos iban a hacer al quitarnos a nuestros seres queridos?”, preguntó Ortiz Sepúlveda los exuniformados.

Los comparecientes ante las víctimas

Luego de escuchar a las víctimas, el turno fue para los exmilitares. El primero en hablar fue el coronel (r) Carlos Yair Salamanca Robles, excomandante del batallón ‘Cacique Pigoanza’ e imputado como máximo responsable. Salamanca reconoció ante las familias de las víctimas que por instrucciones impartidas desde su comandancia, “los informantes se convirtieron en reclutadores”, con el fin de señalar víctimas a cambio de favores económicos.

“Reconozco mi responsabilidad ante las víctimas porque ordené a mis subalternos realizar estos actos delictivos que dieron lugar al homicidio de civiles indefensos para que fueran presentados como muertes en combate (...) Quiero dejar claro ante este auditorio, ante el departamento de Huila, ante Colombia y ante el mundo, que estas personas en ningún momento pertenecieron a grupos al margen de la ley. Por el contrario, eran personas inocentes, humildes, trabajadoras”, aceptó Salamanca.

Por su parte, Jairo Alberto Rico Silva, subteniente del batallón ‘Cacique Pigoanza’, y quien fungía como comandante de pelotón cuando Ovidio Ortiz Sepúlveda, hermano de Amparo Ortiz Sepúlveda, fue asesinado, apuntó: “Asumo la responsabilidad por haber asesinado y haber encubierto el asesinato de personas inocentes en estado de indefensión, presentándolas como guerrilleras. Gente que no tenía nada que ver con el conflicto armado”. En su caso particular, la JEP no lo seleccionó como máximo responsable, por lo que podrá seguir su ruta jurídica a través de la Ruta No Sancionatoria.

“Actuando conscientemente, asesinábamos personas disfrazando la verdad con operaciones militares, atentando contra la humanidad de personas de la región, humildes campesinos, gente honesta, trabajadora (...) como era el caso del señor Ovidio Ortiz Sepúlveda. Él no era un guerrillero, ni siquiera estaba vinculado a un grupo delictivo y aun así fue asesinado”, reconoció Jairo Rico.

Las audiencia continúa este viernes 9 de agosto y finalizará el próximo sábado 10 de agosto. Se espera que los comparecientes sigan en la ruta del reconocimiento de los hechos que más de 100 víctimas acreditadas han solicitado y que buscan saber qué pasó con sus seres queridos durante las décadas de conflicto armado, sobre todo entre el 2000 y 2010, cuando esta sanguinaria práctica alcanzó su punto más álgido.

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