Es importante que la JEP tenga marco legal definido: Corte Penal Internacional
El pronunciamiento se dio en momentos en que el presidente Iván Duque debate la conveniencia de la ley estatutaria. De no ser sancionada, la CPI entraría a considerar sus implicaciones.
Redacción Judicial
La Corte Penal Internacional (CPI) a través de su vicefiscal, James Stewart, pidió hoy que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tenga un marco legal definido y que, de no ser el caso, “podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”.
La CPI apoya a la JEP como el “mecanismo clave” de justicia transicional adoptado en los acuerdos de paz. “Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma”, precisó Stewart.
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La declaración se produce 48 horas después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hiciera algunas objeciones sobre la ley estatutaria. “En este sentido, es nuestro deseo que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido”, agregó el vicefiscal de la CPI.
Martínez cuestionó que los reinsertados que sigan cometiendo delitos graves, como secuestro y narcotráfico, podrían seguir gozando de los beneficios de la jurisdicción especial. Ese marco jurídico, según el fiscal general, también permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables.
En su informe anual, presentado a finales del año pasado, la CPI presentó sus preocupaciones en Colombia sobre las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, delitos sexuales, promoción y expansión de grupos paramilitares, y los cambios en la JEP, entre ellos la responsabilidad de mando, la noción de que los crímenes de guerra deberán cometerse en forma sistemática para ser considerados graves y la inclusión de un sistema especial de juzgamiento para los militares.
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De igual manera, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda reiteró, como lo ha hecho en sus visitas al país, su apoyo a este organismo de justicia transicional. “Hoy reiteré a la presidenta de la JEP mi apoyo sostenido a sus esfuerzos por asegurar la justicia para las víctimas, de conformidad con la letra y el espíritu del Acuerdo de Paz, así como también con los principios, valores y requisitos del Estatuto de Roma”, señaló Bensouda en julio del año pasado.
La CPI es el máximo tribunal internacional que juzga a los responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, previstos en el Estatuto de Roma. La CPI se encuentra haciendo un examen preliminar del caso colombiano y ha seguido de manera permanente las decisiones del Estado colombiano para que estos crímenes no queden en la impunidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) a través de su vicefiscal, James Stewart, pidió hoy que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tenga un marco legal definido y que, de no ser el caso, “podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”.
La CPI apoya a la JEP como el “mecanismo clave” de justicia transicional adoptado en los acuerdos de paz. “Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma”, precisó Stewart.
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La declaración se produce 48 horas después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hiciera algunas objeciones sobre la ley estatutaria. “En este sentido, es nuestro deseo que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido”, agregó el vicefiscal de la CPI.
Martínez cuestionó que los reinsertados que sigan cometiendo delitos graves, como secuestro y narcotráfico, podrían seguir gozando de los beneficios de la jurisdicción especial. Ese marco jurídico, según el fiscal general, también permitiría eximir de toda responsabilidad penal a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos y no sean considerados máximos responsables.
En su informe anual, presentado a finales del año pasado, la CPI presentó sus preocupaciones en Colombia sobre las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, delitos sexuales, promoción y expansión de grupos paramilitares, y los cambios en la JEP, entre ellos la responsabilidad de mando, la noción de que los crímenes de guerra deberán cometerse en forma sistemática para ser considerados graves y la inclusión de un sistema especial de juzgamiento para los militares.
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De igual manera, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda reiteró, como lo ha hecho en sus visitas al país, su apoyo a este organismo de justicia transicional. “Hoy reiteré a la presidenta de la JEP mi apoyo sostenido a sus esfuerzos por asegurar la justicia para las víctimas, de conformidad con la letra y el espíritu del Acuerdo de Paz, así como también con los principios, valores y requisitos del Estatuto de Roma”, señaló Bensouda en julio del año pasado.
La CPI es el máximo tribunal internacional que juzga a los responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, previstos en el Estatuto de Roma. La CPI se encuentra haciendo un examen preliminar del caso colombiano y ha seguido de manera permanente las decisiones del Estado colombiano para que estos crímenes no queden en la impunidad.