“Es obvio que la restitución no va a terminar en 10 años”: director de la URT

Usted aspiraba a que no se tuviera que ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas, pero se amplió. ¿Cuál es el plan para estos diez años más?

Lo que pienso hacer es que hasta junio de 2021 recibo solicitudes de restitución. Hoy tenemos 128.000, pero como esto arrancó en 2011 el pico fue en 2013-2014, y ya hoy es mínimo lo que se presenta. Claro, hay quienes dicen que la gente está atemorizada porque presentan la solicitud y es como una sentencia de muerte. Están los fenómenos de los desistimientos, gente que presenta su solicitud y la retira porque recibe amenazas. Si hubo un desistimiento, la persona puede volver a presentar su solicitud.

Ocurre mucho en los 170 municipios que son territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), porque es donde hay mayores afectaciones de orden público y seguridad. Acompañando al consejero Emilio Archila hemos logrado entrar a Arauca, la cuenca del Pacífico, abrimos una oficina en Quibdó para todo lo que es el Chocó, el Bajo Cauca, Catatumbo, sur de Bolívar, sur de Córdoba, Putumayo, Guaviare y sur de Tolima.

Hasta junio de 2021 me enfocaré en recibir solicitudes; es decir, voy a ir cerrando la etapa administrativa. El énfasis que tenemos que hacer en estos diez años de prórroga es en lo judicial, sobre todo el cumplimiento de órdenes. Estoy planteando que no hagamos restitución, sino compensación. Es decir, respondámosle a toda esa gente que lleva diez años esperando que las reparen y ofrezcamos tierra en otro lugar del país o el dinero, si es el caso, pero tengo cerca de 200.000 solicitudes en esas condiciones.

¿Cree que en los diez años que quedan se resolverá el problema de restitución?

Puedo hacer cálculos por las solicitudes que quedaron inscritas de cuántas hectáreas, viviendas y proyectos productivos tenemos pendientes, pero es obvio que esto no va a terminar en diez años. Pero no porque termine la vigencia de la Ley [de Víctimas], nos sentamos y no volvemos a mirar la restitución, eso seguirá. Justicia y Paz funciona así.

El universo que yo manejo es el de despojos y abandonos forzados con ocasión del conflicto, eso no es un mundo infinito, porque yo no reviso casos anteriores al año 91. Esto debería ser el precedente de lo que debe convertirse en una jurisdicción especial rural y agraria. En el Congreso hay un proyecto de ley de iniciativa del Ministerio de Justicia para sacar adelante esa jurisdicción. Esto de alguna manera resuelve una frustración de mucha gente que no pudo recuperar su tierra, vía restitución sí se logra.

El componente de víctimas que mayor porcentaje de cumplimiento tiene es restitución de tierras y el que menos cuesta. Nos hemos gastado poco más de $2 billones y hemos restituido 400.000 hectáreas. Pero, los jueces van a quedar con el agua al cuello porque todo lo que yo les mande tienen que resolverlo. Su gran queja es que reciben demandas como colchas de retazos y no se entienden.

Lo que hago es un esfuerzo enorme de calidad para entregar demandas con pretensiones claras; pero es obvio que desde el punto de la política pública van a tener que meterle más recursos a la rama Judicial, a los jueces de restitución, porque se van a ahogar. Luego lo de las sentencias, viene el cumplimiento. Para eso, ya me articulé con el Ministerio de Vivienda, incluso en las reglamentaciones de vivienda rural quedó un capítulo de restitución.

Hoy son 400.000 hectáreas restituidas. Con lo que tengo inscrito en el registro son 700.000 en la ruta individual, propiedad privada campesina, y tengo más de tres millones de hectáreas en la ruta colectiva; es decir, comunidades afros e indígenas. Si logramos cumplir eso, sería la reforma rural que nunca se hizo en el país. Tiene que hacerse con mucho rigor y tecnicismo.

Cuando llegó al cargo se comprometió a encargarse de los segundos ocupantes no reconocidos en decisiones judiciales. ¿Cómo va con eso?

Desde el punto de vista institucional en 2016, la Corte Constitucional reconoció a los segundos ocupantes. ¿Cómo lo hizo? Se demandó el artículo que establecía la buena fe exenta de culpa, para segundos ocupantes bajó el estándar a buena fe simple. Eso quiere decir que hay unos campesinos desplazados de otros territorios a quienes les ofrecieron unas tierras y están hoy en día en esos predios, igual que los terceros, tienen sus títulos, se endeudaron poniendo como garantía real la tierra para desarrollar proyectos productivos y llegó restitución. Hasta 2016 no había manera de reconocerlos y a esas personas, en últimas, el proceso de restitución las dejaba en la calle.

Son población vulnerable que no hizo parte del conflicto y se ordenan medidas de atención. En la etapa de instrucción y caracterización nos encontramos que son campesinos que tienen su familia y están buscando salir adelante, entonces le advierto al juez que hay una población vulnerable ajena al despojo y al abandono forzado. Logramos que la Defensoría del Pueblo asumiera la representación judicial de ese segundo ocupante y yo asumo la representación de la víctima que quedó reconocida, porque igual que nuestras víctimas esas personas no tienen cómo pagar un abogado.

¿Y los que no quedaron reconocidos?

Hemos pedido la modulación de esos fallos. Presentamos la caracterización y le pedimos al juez o magistrado que ordene unas medidas de atención. Hoy en día tengo un poco más de 500 segundos ocupantes reconocidos. Ellos obtienen una unidad agrícola familiar (UAF), un proyecto productivo y una solución de vivienda. Tienen que entregar el predio, pero no quedan en la calle.

Pero hay que acotar el tema, tampoco es de las magnitudes que se dijo, que este proceso creaba unas nuevas víctimas o revictimizaba, eso es injusto. Realmente el fenómeno de segundos ocupantes está muy focalizado en el Urabá, en la costa Norte, en los Montes de María. Además, esto tiene una fuerza muy grande que es lo judicial, no es una cosa administrativa, discrecional o por oferta. Son órdenes judiciales que hay que cumplir, si no cumplo, incurro en desacato y a la cárcel. Por eso hay que hacerlo y hacerlo bien.

Sin embargo, en territorios donde ha habido tanto conflicto históricamente y el Estado tiene una presencia tan precaria, uno lo que ve es que algunos ocupantes se aprovechan de esa debilidad del Estado. En las diligencias de entrega esas personas llevan niños, animales, enfrentan a la fuerza pública, hacen un video, lo publican y se vuelve un escándalo lo que está haciendo la Unidad. Hasta destruyen las casas antes de entregar la tierra. Pero este es el Estado reivindicándose con esas poblaciones y los atendemos a todos. Hoy en día no queda nadie desatendido.

¿Estos dos años de gestión han cambiado su perspectiva sobre el rol de los empresarios (gremio para el que usted trabajaba) en el despojo de tierras?

En la Unidad nos encargamos de establecer si hay lugar o no a la restitución. Pero, incluso, no tengo identificado quién es el actor o el causante de esa situación, si es un empresario, si fue la guerrilla, los paramilitares, las Bacrim... No lo tenemos establecido porque esto no puede tener un carácter vengativo ni revanchista. La naturaleza del proceso de restitución es tan excepcional que no es civil, no es penal, es especial en tierras.

Puede ser un empresario, un testaferro, un tercer o segundo ocupante, pero yo tengo que seguir adelante dándoles garantías de debido proceso en la etapa judicial a los que deben intervenir. Establecer quién fue el despojador o el causante no es la naturaleza. No me ocupo de ellos, me ocupo de las víctimas y de los segundos [ocupantes].

Llama la atención que el presidente Iván Duque nunca habla de restitución. ¿Acaso no es prioridad para su Gobierno?

No hemos ido a Prevención y acción [el programa televisivo que el presidente Duque estableció para hablar principalmente de la pandemia], pero sí hemos estado en escenarios que tienen que ver con lo que hacemos.

Diría que se requiere un bajo perfil, no estar con el foco todo el día, porque además esto no funciona por oferta. Lo que queremos es que se haga bien y listo. A mí me han dejado trabajar y el presupuesto de esta entidad nunca sufre recortes, no necesito más. Tengo la tranquilidad de que se ha hecho correctamente.

Esta no es una política de gobierno sino de Estado, La promovió el gobierno anterior, casi que fue la apuesta en su momento frente a la negociación de La Habana. Por eso si revisamos en los Acuerdos no hablan de restitución porque se entendía que ya sobre tierras y desarrollo rural integral había una ley que iba a responder por ese tema. De alguna manera el balance de los años es positivo, si no, no se hubiera prorrogado [la Ley de Víctimas], habrían dicho que no funcionó y que había que cambiar la fórmula.

¿Hay zonas que le preocupen todavía? A su llegada nombraba por lo menos siete...

Restitución que se da en parques naturales, en zonas de reserva, donde hay humedales o páramos, eso tiene que quedar muy bien hecho, porque ahí lo que procedería es la compensación. Estamos en un ejercicio de redefinir las direcciones territoriales para estar más cerca a las víctimas y eso tiene que ver, sobre todo, con la territorial del Meta. Lo que pasa es que Meta atiende también Casanare, Guaviare y Vichada; eso es medio país. Entonces, estoy viendo cómo llegar a Yopal, San José del Guaviare y Puerto Carreño, para que a esos ciudadanos no les toque ir a Villavicencio a buscarnos. Asimismo nos preocupa el Pacífico. Tumaco es un tema delicadísimo, en Chocó ya estamos funcionando. Allí buscamos generar confianza institucional.

Cuando llegó a la Unidad dijo que estaban rezagadas en restitución zonas que fueron de injerencia de las Farc, ¿qué ha pasado?

Caquetá ha avanzado. En el Meta nos falta todavía, pero en ambos, con la ayuda de los PDET, vamos a funcionar bien. Guaviare ha mejorado.

¿Las disidencias han impactado en algún punto el programa de restitución?

No, pero constantemente estamos monitoreando las condiciones de seguridad.

¿Los asesinatos a líderes sociales afectan?

Claro. Estamos monitoreando las solicitudes de restitución para identificar si esos solicitantes son líderes sociales. Nosotros activamos unas rutas en las que damos aviso a la UNP para que se hagan los estudios de seguridad. Muchas de esas personas ya tienen esquemas de protección, en otras se han descartado.

Ha habido solicitantes asesinados; incluso, los tenemos geográficamente ubicados, varios en Antioquia, la costa, Córdoba y Chocó. Pero cuando hemos dado aviso a la Fiscalía de que eran solicitantes de restitución, la entidad ha descartado que el motivo sea la solicitud de restitución, tiene que ver con otras razones. Por ejemplo, en El Salado (Bolívar) advirtieron nuevas amenazas y en ese territorio hemos avanzado en restitución y hay proyectos productivos, sin embargo, descartamos que quienes fueron amenazados sean beneficiarios de restitución; pero sí estamos encima del tema, nos preocupa.

¿Alguna masacre reciente ha tenido que ver con los procesos de restitución?

No. Pero tenemos un área dentro de la unidad que se llama Prevención, Protección y Seguridad y está permanentemente atenta a estos casos; ellos alertan a la UNP.

¿Y la pandemia?

Durante cuatro meses (abril, mayo, junio y julio) fue muy duro. A partir de agosto empezamos a retomar y ya en septiembre arrancamos nuevamente y empezamos a salir a los territorios, hay que estar allá para solucionar los problemas. Este año no creo que vaya a cambiar la situación y ya hemos ajustado los protocolos y salidas a terreno. Creo que ya nos acomodamos a la nueva realidad y tenemos que seguir. Por ejemplo, se habilitaron todas las redes sociales, los correos electrónicos, las líneas telefónicas para solicitantes y nos organizamos con los jueces para hacer audiencias con computador en casa del solicitante. Llevamos el computador, con un apoyo logístico e internet que financia la Unidad, para que los solicitantes no pierdan la audiencia porque no pueden asistir por el COVID-19 y no se aplaza el proceso. Por ahora, creo que vamos bien.