El director para América de la prestigiosa organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le mete más sebo al candil de la encendida polémica que vive el país por cuenta de la reforma a la justicia que propuso el Gobierno. Según él, la iniciativa tiene nombre propio: cortarle las alas a la Corte Suprema de Justicia para que no siga adelantando los procesos de la parapolítica. En entrevista con El Espectador, Vivanco, siempre tan vehemente, no deja títere con cabeza.
¿Cuáles son los ‘peros’ que usted le ve a la reforma a la justicia?
Nos parece de la mayor gravedad la propuesta de reforma constitucional que ha formulado el Gobierno. El impacto que esa propuesta podría tener en las investigaciones sobre la parapolítica, que afectan a más de 60 congresistas, la gran mayoría uribistas, sería muy negativo.
¿Cree que es una maniobra del Ejecutivo para quitarle dientes a la Corte Suprema de Justicia?
Mi impresión es que el Gobierno, haciendo una invocación orweliana de principios perfectamente válidos como la doble instancia en los juicios a los congresistas, busca sustraer del conocimiento de la Corte Suprema las investigaciones de la parapolítica. La reforma pareciera estar justificada en principios como el derecho a la doble instancia o la separación de una autoridad judicial que investigue y otra que juzgue. Pero se les podría dar satisfacción a esos dos principios sin retirarle el conocimiento de estos procesos a la Corte Suprema. Esta reforma acabaría con las investigaciones de la parapolítica.
¿Qué opina de las fuertes críticas que le ha hecho el presidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema de Justicia?
La actitud del Presidente y sus declaraciones reiteradas en contra de la Corte Suprema constituyen un desacato. En una democracia en la que los poderes del Estado reconozcan a unos y a otros distintas funciones para promover y preservar derechos y libertades públicas, no cabe una situación en la que un jefe de Estado, por popular que sea, recurra a ese tipo de discursos cuestionando la autoridad, competencia, fuero y la legitimidad de un tribunal que ha dado muestras inequívocas de respeto al Estado de Derecho.
¿La reforma a la justicia es una forma de mostrarle los dientes a la Corte Suprema por las investigaciones de la parapolítica y la yidispolítica?
La reforma está hecha de una manera tal que aparenta dar satisfacción o corregir problemas jurídicos que
efectivamente tienen las investigaciones hoy día. Y el Gobierno inteligentemente aprovecha estas circunstancias para promover una reforma innecesaria, pero sí muy conveniente si el objetivo es bloquear el curso de las investigaciones de la parapolítica. Hay que buscar formulas que no atenten contra la autoridad de la Corte Suprema y que no socaven el éxito de sus procesos.
¿No cree que el pánico que les produce a los congresistas cualquier vinculación con la parapolítica, sumado a las mayorías uribistas, va a hacer que la reforma a la justicia pase rapidito en el Congreso?
No me cabe la menor duda. Resulta totalmente impresentable que se busque una reforma constitucional con la participación de un Congreso cuyo 20% está siendo investigado por la Corte Suprema por sus vínculos con estas mafias. Al no haber tenido éxito la reforma de la ‘silla vacía’, que se bloqueó gracias a los esfuerzos del gobierno del presidente Uribe, podrían participar en la discusión y aprobación de esta reforma congresistas comprometidos, que deberían ser excluidos porque serían los beneficiarios.
Los críticos de la reforma dicen que se busca la concentración de poder en el Gobierno...
Con esta reforma se debilita lo que la Corte Suprema ha venido haciendo con tanta valentía y profesionalismo y el beneficiario directo no es solamente el Gobierno, sino el uribismo. Curiosamente el Presidente, cuando sale del país, invoca el récord de la Corte para ganar puntos en el exterior y mostrar que en Colombia hay instituciones fuertes y un Estado de Derecho donde incluso personas cercanas al Gobierno están sujetas a la ley.
¿Está diciendo que el Presidente critica a la Corte en Colombia y la pondera en el exterior?
Ha habido un doble discurso. Cada vez que el Presidente viene a Washington, les saca el máximo partido a las investigaciones de la Corte Suprema para probar que Colombia felizmente es un país con instituciones fuertes e independientes. Quienes seguimos de cerca la situación de Colombia, sabemos que el crédito se lo lleva exclusivamente la Corte, porque a pesar de todos los obstáculos y riesgos ha seguido adelante. Sin embargo, en Colombia, desde el Presidente hacia abajo, todos están en una verdadera campaña de descalificaciones hacia la Corte.
Según usted, esta reforma a la justicia es el diablo mismo.
Por eso hablo de una iniciativa orweliana, porque esta reforma está perfectamente disfrazada de una propuesta que busca cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos, pero que en últimas sólo favorece el debilitamiento de la Corte.
La reforma a la justicia también contiene otras propuestas polémicas. Por ejemplo, que un ministro salte a la rama judicial sin tener que esperar un año, o el tema de la cooptación judicial para que sean los mismos magistrados los que nombren a sus reemplazos.
Me parece muy malo eso. Lo sano es tratar de evitar esa puerta giratoria, donde uno deja de ser ministro y al día siguiente ocupa un cargo importante como magistrado de una corte. Por otro lado, el Gobierno propone que en el futuro sean las propias cortes las que nombren a sus reemplazos. El Presidente, en un gesto aparentemente noble, se despoja de la facultad de participar en los procesos de nominación de magistrados de los tribunales altos. Lo único que no se dice, curiosamente, es que el actual gobierno sí se reserva esa facultad por un año más, mientras se aprueba la reforma, y en consecuencia la renovación de esas instituciones se dará una vez que las vacantes ya hayan sido llenadas por el Ejecutivo.
¿Cómo le parece la propuesta de que sea el Presidente el que terne al Procurador?
Tampoco nos parece. La Procuraduría es un cargo demasiado importante y ejerce un control constitucional vital, especialmente en lo que tiene que ver con las instituciones disciplinarias o funcionarios del Gobierno o la Fuerza Pública.
¿Se pronunciarán ustedes una vez se radique la reforma en el Congreso?
Queríamos pronunciarnos lo antes posible. No podemos callar o refugiarnos en el silencio para evitar roces con autoridades en Colombia. Tenemos la obligación de reaccionar a tiempo frente a estas propuestas, antes de que sea demasiado tarde.
Usted y su organización Human Rights Watch han sido criticadas por el presidente Uribe. ¿Qué cree que va a decir cuando lea esta entrevista?
No lo sé, ojalá que no se produzcan las sobrerreacciones que ha habido en el pasado.
Por Redacción Judicial
