El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, magistrado Julio Sampedro, durante el primer evento que realizó la alta corte, en Barranquilla, tras sus 10 meses de funcionamiento se refirió al cuestionamiento que hizo el presidente Iván Duque sobre emitir decisiones judiciales a normas que no han sido sancionadas. Consideró que es un llamado a los jueces para emitir decisiones en derecho.
El cuestionamiento lo hizo el presidente Duque dos semanas después de que un juzgado suspendió los efectos de la modificación que hizo el Congreso de la República a la Ley de Garantías que abría las puertas a que entidades del Gobierno firmaran convenios interadministrativos con departamentos y municipios en plena etapa preelectoral
El jefe de Estado se refirió a dicha situación durante la instalación del evento que contó con la participación del fiscal Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello, el contralor Felipe Córdoba y los seis magistrados de la Comisión que acompañaron a Sampedro. En diálogo con El Espectador el jefe del alto tribunal, además, se refirió a los avances durante su funcionamiento y los retos a los que aún se enfrenta la entidad que preside.
- La Comisión cumple 10 meses desde el inicio su funcionamiento ¿cómo ha sido trabajar en medio de la pandemia?
Ha sido un reto muy importante para los siete magistrados que fuimos elegidos por el Congreso para ocupar este periodo de la magistratura en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Ha sido difícil porque hemos tratado en lo posible de hacer salas presenciales. Nos hemos encontrado con que también es muy útil la virtualidad. Hemos combinado salas presenciales y virtuales. El compromiso de nosotros es cumplirle al país, al ciudadano y generar confianza en la jurisdicción disciplinaria. Es una nueva corte, dentro de las altas cortes, el organismo de cierre en la jurisdicción disciplinaria.
- ¿Es positivo el balance en cifras?
Nosotros recibimos aproximadamente 5.600 procesos de la Sala Disciplinaria anterior. Hemos venido evacuando y solucionando esos procesos. Hemos recibido a diario muchas quejas disciplinarias que se están presentando y que, por tanto, debe darse trámite. Tenemos una estructura de una sala de un tribunal. Lo anterior existía al amparo del Consejo Superior de la Judicatura, pero hoy se nos está exigiendo un trabajo de una corporación judicial autónoma, como sería una alta corte. Lo que somos. Eso ha llevado a que planteemos una reestructuración completa de la Comisión Nacional de Disciplina, tanto en lo nacional como lo seccional. Eso nos está llevando a hacer unos planteamientos al Consejo Superior de la Judicatura.
Del total de procesos conocidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 4.336 son en contra de abogados, 3.211 contra funcionarios judiciales, 96 a auxiliares de justicia, 52 contra jueces de paz y 64 restantes a otros asuntos. Durante los primeros diez meses de labores, esta autoridad disciplinaria ha decidido 1.445 procesos contra abogados, 617 contra funcionarios judiciales, 19 contra jueces de paz y auxiliares de justicia, mientras que otras 23 decisiones restantes corresponden a otros asuntos como cambio de radicación y conflicto de competencias.
- ¿Están sesionando en el Palacio de Justicia?
Sí, lo estamos haciendo allí. Es nuestra sede natural. Allí funciona la Comisión, funciona la secretaría y allí físicamente se reciben las quejas que llegan en forma presencial.
- ¿Qué pasó con la contratación del predio a donde los querían enviar?
Eso fue un debate inicial que yo creo que está superado. Eso fue en enero. Por razones de ocupación en el Palacio de Justicia alguien tuvo la sugerencia de poder llevar a la Comisión a un sitio diferente. Sin embargo, la sede natural es el Palacio. Así consta en el reglamento de la Comisión.
- Si bien su sede principal es el Palacio de Justicia ¿Cuáles son esas seccionales que han tenido más flujo de trabajo?
Hemos visitado nueve de las 24 sedes seccionales que tenemos. Hemos descubierto varias cosas. Lo más valioso que tiene la Comisión es su recurso humano. Cada una de las sedes seccionales tiene personas de un alto compromiso, de una gran preparación académica y profesional. Han trabajado con un gran compromiso de sacar al país en temas de administración de justicia.
También en ese recorrido hemos encontrado unas falencias tremendas. Necesitamos más gente que esté trabajando en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque el volumen de trabajo es francamente insostenible para la gente que hay en las seccionales. Es importante fortalecer la Comisión. Eso genera un efecto muy beneficioso porque el derecho disciplinario está cambiando. Que lleguen más personas a trabajar en la Comisión va a permitir hacer una escuela de abogados dedicados al derecho disciplinario.
- ¿Ha hecho el llamado a las entidades para que se robustezca esas seccionales?
He mantenido un permanente contacto con el Consejo Superior de la Judicatura, que nos ha apoyado y acompañado permanentemente. Hemos tenido contacto con el Congreso de la República, que de manera muy generosa nos ha abierto sus puertas para que en el trámite de las reforzar a la justicia presentemos las solicitudes que pueden completar los instrumentos que la Comisión tenga para, como se dice, “tener dientes”. Y, por su puesto, el apoyo del presidente, quien ha sido una persona comprometida muy de fondo con la creación de la Comisión. El presidente tiene una credibilidad enorme en la administración de justicia de nuestro país. Fue reconocida la fortaleza de la admiración por la Corte Penal Internacional, cuando aceptó archivar la investigación que hace 17 años tenía contra Colombia.
- Usted resalta que el presidente tiene credibilidad en la administración de justicia, pero él también ha criticado las decisiones judiciales que vinculan iniciativas de su Gobierno. ¿Su postura se debe tomar como una presión a los jueces?
Yo no me puedo referir a procesos en concreto. Pero lo que hizo el presidente fue un llamado a la Comisión para que, con el apoyo institucional que se nos está ofreciendo, podamos realizar una tarea contundente a la hora de sancionar a un juez o abogado.
¿Cuál es el convenio que van a realizar con la ONU?
Hemos entrado en comunicación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, porque ellos tienen un programa de formación ética de funcionarios judiciales. Un programa que además está en una línea anticorrupción. Nos han ofrecido que hagamos un proyecto piloto, que seamos el laboratorio para desarrollar esas herramientas pedagógicas. La Comisión aceptó y se llevará a cabo en todas las seccionales. La ética judicial es muy importante para nosotros y para el país, porque estoy convencido que gran parte del problema que existe en el tema disciplinario, frente a jueces y abogados, es un tema de formación y pedagogía. Hay que crear una cultura de la responsabilidad, que la gente obedezca a la ley no por miedo a la sanción, sino por un convencimiento de responsabilidad ciudadana.
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