"Es un perverso cruce de intereses"
La fiscal le pidió a Henry Villarraga, magistrado que indaga sus supuestos abusos en el proceso contra Sigifredo López, que se aparte del caso en aras de la imparcialidad.
Diana Carolina Durán Núñez, Juan David Laverde Palma
Se trata de un “perverso cruce de intereses”, le advirtió la jefa de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora, al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga. En esos términos, y recurriendo a pronunciamientos de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana y hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la fiscal Martha Lucía Zamora le pidió a Villarraga que en aras de la imparcialidad se declare impedido para liderar la investigación disciplinaria que se abrió en su contra por el caso Sigifredo López. En este universo, Villarraga es el acusador y Zamora, la acusada.
Hay, sin embargo, un universo paralelo a ese, en el cual Zamora es la acusadora y Villarraga se encuentra en el banquillo de los supuestos responsables. Se trata del escandaloso carrusel de las pensiones en la Judicatura. Villarraga fue llamado por la Contraloría a juicio fiscal en noviembre de 2012, por la designación de tres magistrados auxiliares que antes de estar en la Judicatura no ganaban más de $4 millones y resultaron jubilados con pensiones cercanas a los $13 millones. A Villarraga, además, lo investigaba la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por este asunto, precisamente por solicitud de la fiscal Zamora.
En la recusación de Zamora a Villarraga, conocida por El Espectador y radicada ayer en la mañana, la fiscal señaló que el “afán” del magistrado de convocarla a un juicio disciplinario (le formularon cargos la semana pasada y la audiencia fue programada para hoy) revelaba su “interés en las resultas del proceso”. En otras palabras, por sancionarla para que ella no pudiera continuar con las pesquisas sobre el carrusel de las pensiones. Zamora argumentó que Villarraga buscaba afectar sus funciones en el proceso contra Yira Olarte, secretaria general de la Judicatura llamada a juicio por Zamora, quien habría ayudado a adulterar algunas actas de nombramientos de magistrados seccionales, precisamente en el marco del carrusel.
Sin embargo, mientras la fiscal Zamora avanzaba en las pesquisas por los “graves hechos de corrupción” del carrusel de pensiones en la Judicatura, el proceso tuvo otra suerte en manos de la Comisión de Acusación. Tras una solicitud hecha el pasado 17 de abril por el presidente de este organismo, el representante Constantino Rodríguez Calvo, la Comisión se inhibió de investigar —como lo había solicitado Zamora— a los magistrados Henry Villarraga, Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano por el tema de las actas. Este inhibitorio fue revelado por El Espectador en mayo pasado. Zamora pidió igualmente que la investigación en su contra no fuera manejada por Garzón ni por Lizcano.
Como si esta red de “te acuso, me acusas” no fuera lo suficientemente intrincada ya, el fiscal Eduardo Montealegre, en entrevista con El Tiempo, sorprendió el domingo pasado con una afirmación categórica: que denunciaría al representante Constantino Rodríguez por haber enviado el expediente de las actas presuntamente adulteradas a los anaqueles del olvido, lo que entendía como “una farsa y una vergüenza”. Y así lo hizo ayer, a las 4 de la tarde, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el fiscal general terminó denunciando penalmente justo a la persona que tiene la potestad de investigarlo a él.
A pesar del rol de Zamora en la investigación por el carrusel de pensiones y de haber pedido personalmente que Villarraga fuera investigado, el magistrado abrió sin rubor un proceso en contra de ella por el tema Sigifredo López. Según el pliego de cargos, la fiscal Zamora no permitió que Paulo César García, fiscal de Cali, actuara con independencia en el expediente que se abrió el año pasado contra el exdiputado del Valle. García declaró ante la Judicatura que, si bien fue asesorado por Zamora, también lo había sido por el vicefiscal Jorge Perdomo —a quien no se le ha abierto investigación alguna por este asunto—, y agregó que siempre tuvo autonomía para decidir “en derecho”.
En medio de esta maraña no se puede olvidar otro par de detalles: el pasado 30 de mayo, la fiscal Zamora archivó una investigación contra el registrador, Carlos Ariel Sánchez, por su supuesta injerencia en las elecciones de la Alcaldía de Cali en 2011. En febrero de este año, la Fiscalía también archivó otra investigación relacionada con la supuesta manipulación de la empresa Procesos Electorales en los sufragios del Congreso en 2010. Los datos vienen al caso porque Carlos Ariel Sánchez fue socio de Henry Villarraga en la firma Procesos Electorales.
El florero de Llorente de esta enmarañada historia fue la investigación en contra del exdiputado Sigifredo López, quien estuvo detenido dos meses, entre junio y agosto del año pasado. “Esto fue peor que el secuestro”, se le escuchó decir al político en ese tiempo, cuando la Fiscalía había decidido privarlo de su libertad mientras las pesquisas, que buscaban determinar si él había estado involucrado en el plagio de once de sus colegas diputados, seguían su curso. El caso, como ya es conocido, tuvo un final feliz para López: fue absuelto de todo cargo y el propio fiscal Montealegre le pidió perdón públicamente.
Los abogados de López, sin embargo, creen que el proceso estuvo plagado de irregularidades, que Zamora abusó de su poder y que sí cometió delitos. Según los litigantes Alfredo Montenegro y Élmer Montaña, las declaraciones que Zamora ha dado públicamente por los cargos que le formuló Villarraga no son otra cosa que presiones en contra del magistrado y, por esa razón, el pasado 20 de junio enviaron una carta a Cristian Salazar, delegado en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: “Respetuosamente nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle (...) ejerza una veeduría especial en el proceso disciplinario adelantado” contra Zamora.
El Espectador intentó comunicarse con el magistrado Villarraga, pero la oficina de prensa de la Judicatura dijo que no se pronunciaría por el momento. Con esta recusación de por medio, no se sabe qué viraje tomará el caso Zamora. Por lo pronto, Villarraga tiene dos días para pronunciarse y el asunto pasará luego a manos de los magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura que no fueron recusados y de conjueces; ellos resolverán en sala plena, mañana miércoles, si Villarraga tiene un interés directo en este proceso, como alega Zamora, o si, como afirma Villarraga, la fiscal impuso sus decisiones arbitrarias en el caso Sigifredo López y es él la persona llamada a sancionarla.
@dicaduran
@jdlaverde9
Se trata de un “perverso cruce de intereses”, le advirtió la jefa de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora, al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga. En esos términos, y recurriendo a pronunciamientos de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana y hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la fiscal Martha Lucía Zamora le pidió a Villarraga que en aras de la imparcialidad se declare impedido para liderar la investigación disciplinaria que se abrió en su contra por el caso Sigifredo López. En este universo, Villarraga es el acusador y Zamora, la acusada.
Hay, sin embargo, un universo paralelo a ese, en el cual Zamora es la acusadora y Villarraga se encuentra en el banquillo de los supuestos responsables. Se trata del escandaloso carrusel de las pensiones en la Judicatura. Villarraga fue llamado por la Contraloría a juicio fiscal en noviembre de 2012, por la designación de tres magistrados auxiliares que antes de estar en la Judicatura no ganaban más de $4 millones y resultaron jubilados con pensiones cercanas a los $13 millones. A Villarraga, además, lo investigaba la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por este asunto, precisamente por solicitud de la fiscal Zamora.
En la recusación de Zamora a Villarraga, conocida por El Espectador y radicada ayer en la mañana, la fiscal señaló que el “afán” del magistrado de convocarla a un juicio disciplinario (le formularon cargos la semana pasada y la audiencia fue programada para hoy) revelaba su “interés en las resultas del proceso”. En otras palabras, por sancionarla para que ella no pudiera continuar con las pesquisas sobre el carrusel de las pensiones. Zamora argumentó que Villarraga buscaba afectar sus funciones en el proceso contra Yira Olarte, secretaria general de la Judicatura llamada a juicio por Zamora, quien habría ayudado a adulterar algunas actas de nombramientos de magistrados seccionales, precisamente en el marco del carrusel.
Sin embargo, mientras la fiscal Zamora avanzaba en las pesquisas por los “graves hechos de corrupción” del carrusel de pensiones en la Judicatura, el proceso tuvo otra suerte en manos de la Comisión de Acusación. Tras una solicitud hecha el pasado 17 de abril por el presidente de este organismo, el representante Constantino Rodríguez Calvo, la Comisión se inhibió de investigar —como lo había solicitado Zamora— a los magistrados Henry Villarraga, Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano por el tema de las actas. Este inhibitorio fue revelado por El Espectador en mayo pasado. Zamora pidió igualmente que la investigación en su contra no fuera manejada por Garzón ni por Lizcano.
Como si esta red de “te acuso, me acusas” no fuera lo suficientemente intrincada ya, el fiscal Eduardo Montealegre, en entrevista con El Tiempo, sorprendió el domingo pasado con una afirmación categórica: que denunciaría al representante Constantino Rodríguez por haber enviado el expediente de las actas presuntamente adulteradas a los anaqueles del olvido, lo que entendía como “una farsa y una vergüenza”. Y así lo hizo ayer, a las 4 de la tarde, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el fiscal general terminó denunciando penalmente justo a la persona que tiene la potestad de investigarlo a él.
A pesar del rol de Zamora en la investigación por el carrusel de pensiones y de haber pedido personalmente que Villarraga fuera investigado, el magistrado abrió sin rubor un proceso en contra de ella por el tema Sigifredo López. Según el pliego de cargos, la fiscal Zamora no permitió que Paulo César García, fiscal de Cali, actuara con independencia en el expediente que se abrió el año pasado contra el exdiputado del Valle. García declaró ante la Judicatura que, si bien fue asesorado por Zamora, también lo había sido por el vicefiscal Jorge Perdomo —a quien no se le ha abierto investigación alguna por este asunto—, y agregó que siempre tuvo autonomía para decidir “en derecho”.
En medio de esta maraña no se puede olvidar otro par de detalles: el pasado 30 de mayo, la fiscal Zamora archivó una investigación contra el registrador, Carlos Ariel Sánchez, por su supuesta injerencia en las elecciones de la Alcaldía de Cali en 2011. En febrero de este año, la Fiscalía también archivó otra investigación relacionada con la supuesta manipulación de la empresa Procesos Electorales en los sufragios del Congreso en 2010. Los datos vienen al caso porque Carlos Ariel Sánchez fue socio de Henry Villarraga en la firma Procesos Electorales.
El florero de Llorente de esta enmarañada historia fue la investigación en contra del exdiputado Sigifredo López, quien estuvo detenido dos meses, entre junio y agosto del año pasado. “Esto fue peor que el secuestro”, se le escuchó decir al político en ese tiempo, cuando la Fiscalía había decidido privarlo de su libertad mientras las pesquisas, que buscaban determinar si él había estado involucrado en el plagio de once de sus colegas diputados, seguían su curso. El caso, como ya es conocido, tuvo un final feliz para López: fue absuelto de todo cargo y el propio fiscal Montealegre le pidió perdón públicamente.
Los abogados de López, sin embargo, creen que el proceso estuvo plagado de irregularidades, que Zamora abusó de su poder y que sí cometió delitos. Según los litigantes Alfredo Montenegro y Élmer Montaña, las declaraciones que Zamora ha dado públicamente por los cargos que le formuló Villarraga no son otra cosa que presiones en contra del magistrado y, por esa razón, el pasado 20 de junio enviaron una carta a Cristian Salazar, delegado en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: “Respetuosamente nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle (...) ejerza una veeduría especial en el proceso disciplinario adelantado” contra Zamora.
El Espectador intentó comunicarse con el magistrado Villarraga, pero la oficina de prensa de la Judicatura dijo que no se pronunciaría por el momento. Con esta recusación de por medio, no se sabe qué viraje tomará el caso Zamora. Por lo pronto, Villarraga tiene dos días para pronunciarse y el asunto pasará luego a manos de los magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura que no fueron recusados y de conjueces; ellos resolverán en sala plena, mañana miércoles, si Villarraga tiene un interés directo en este proceso, como alega Zamora, o si, como afirma Villarraga, la fiscal impuso sus decisiones arbitrarias en el caso Sigifredo López y es él la persona llamada a sancionarla.
@dicaduran
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