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La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana de inminencia, la 008 de 2025, ante el agravamiento del conflicto armado en los municipios de Patía y El Tambo, al sur del departamento del Cauca. La entidad advierte una escalada de violencia que podría afectar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de las comunidades.
Según el organismo de defensa de derechos humanos, el aumento de acciones armadas, amenazas, desplazamientos forzados, instrumentalización de civiles, instalación de explosivos y reclutamiento de menores ha encendido las alarmas en 12 corregimientos de Patía y el corregimiento El Cabuyal, en El Tambo, que incluye ocho veredas.
La amenaza directa proviene del Frente Carlos Patiño, estructura de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, y de posibles alianzas o confrontaciones con frentes del ELN, incluyendo sus células urbanas. La región tiene una alta importancia estratégica al conectarse con el Macizo Colombiano, el Cañón del Micay y corredores hacia el Pacífico y Nariño.
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Esta situación la convierte en punto clave para el control territorial y las disputas entre actores armados ilegales. La alerta advierte que la presencia del Frente Carlos Patiño, y su posible confrontación con el ELN —incluyendo los frentes José María Becerra y Manuel Vásquez Castaño, así como el Frente Diómer Cortés de la Coordinadora Nacional Guerrillera—, podría derivar en una escalada armada de alto impacto sobre la población civil.
La Defensoría identificó como grupos en riesgo a comunidades afrodescendientes, campesinas, liderazgos sociales y comunales, firmantes del Acuerdo de Paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aldemar Galán; así como mujeres, menores de edad, docentes, ganaderos y comerciantes. De igual forma, alertó sobre la instrumentalización de bandas locales en la cabecera de Patía, que actuarían como milicias del Frente Carlos Patiño en tareas logísticas y ofensivas.
La Defensoría emitió además 15 recomendaciones agrupadas en siete ejes estratégicos a entidades del Estado, que incluyen acciones de prevención, protección, justicia, atención humanitaria e investigación. Entre las medidas urgentes está la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales locales y generar garantías de no repetición.
La alerta también señala que la actual ofensiva militar en la zona —especialmente la Operación Perseo de las Fuerzas Militares en el Cañón del Micay— ha provocado el repliegue de estructuras armadas hacia zonas pobladas, como El Plateado y La Emboscada, lo que incrementa el riesgo para los habitantes.
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Asimismo, se advierte sobre una posible reconfiguración interna del Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOCJA), de las disidencias de Mordisco, luego de la muerte de altos mandos, incluida la del comandante principal, en hechos aun sin esclarecer. Este vacío de poder podría derivar en disputas internas, retaliaciones violentas o acciones armadas como forma de reafirmación de poder por parte de aspirantes al mando.
Las tensiones entre grupos armados y la necesidad de consolidar territorios podrían agudizar la violencia, especialmente si se concretan nuevas alianzas o rupturas entre facciones disidentes y estructuras del ELN.
La Defensoría insiste en que es urgente la intervención del Estado para frenar el escalamiento del conflicto armado, evitar un mayor deterioro humanitario y garantizar la protección de la población civil en esta convulsionada región del suroccidente colombiano.
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