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En la mañana de este martes 7 de abril, se conoció que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le envió una carta al presidente Gustavo Petro, pidiéndole que revoque la resolución con la que designó como delegado de paz a Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, líder de un grupo de las disidencias de las Farc. También, solicita que el jefe de Estado reactive la orden de captura en su contra.
En la misiva de ocho páginas la fiscal Camargo dice que la Corte Constitucional fue clara al decir que el beneficio de suspender las órdenes de captura de jefes y delegados de grupos armados en el marco de la paz total está condicionado. Según resaltó en el documento el ente investigador, el alto tribunal dijo que esa suspensión podrá ser revocada “en caso de incurrir en la comisión de nuevos delitos”.
Ante eso, la fiscal sostuvo en la carta que “todo tratamiento penal especial está condicionado por requisitos de concesión y mantenimiento en el tiempo, cuya inobservancia traería como consecuencia su revocatoria, siendo estos, la participación genuina y comprometida con el proceso de negociación, así como la renuncia a cometer nuevos delitos”.
Asimismo, señaló que “la Fiscalía General de la Nación tiene evidencia de que el señor DÍAZ MENDOZA ha incurrido en nuevos delitos, esto es, cometidos de manera personal y con posterioridad a la fecha en que le fueron suspendidas las órdenes de captura que soportaba en su contra”. Dentro de esos delitos está el homicidio de la lideresa Nasa, Carmelina Yule, perpetrado el 16 de marzo de 2024 en Toribío (Cauca). Dice el ente investigador que este acto “desvirtuó de plano la voluntad genuina del miembro representante de no cometer nuevos delitos, a tan solo dos meses de recibir el beneficio”.
Asimismo, está la masacre de 26 personas en Miravalle (Guaviare), “ejecutada los días 18 y 19 de enero de 2026, donde, además, resultaron víctimas siete menores de edad, hechos que según se ha podido constatar no correspondieron a un enfrentamiento armado”.
Por otra parte, el ente investigador señala la “continuidad de la campaña de terrorismo en el Meta”. Sobre ese punto, resalta que “aunque la investigación inició en 2023, la actividad operativa y judicial certifica la perpetración de actos materiales específicos de terrorismo con explosivos contra el sector comercio ejecutados de manera sostenida a lo largo de 2024 y 2025, corroborando la reincidencia post-suspensión, con 19 eventos registrados, así: 10 en Granada, 5 en Acacias, 2 en Villavicencio, 1 en Mesetas y 1 en Guamal”.
Igualmente, habría evidencia de “la instalación de minas antipersonales como táctica de guerra para atacar un convoy militar, en el que efectivamente perdieron la vida seis soldados en la vereda Coposa, municipio de Valdivia, Antioquia, el 4 de julio de 2024″. La Fiscalía resaltó que el Informe de Análisis Estratégico OT-1021, elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), da cuenta de que “estos crímenes no constituyen hechos aislados ni desobediencias de mandos medios. Por el contrario, el informe técnico acredita de manera concluyente que ALEXANDER DÍAZ MENDOZA, en su rol de máximo cabecilla, ‘ha continuado impartiendo directrices claras para la ejecución sistemática de conductas punibles después de la suspensión de sus órdenes de captura’”.
El informe, dice la fiscal Camargo, “ratifica que alias ‘Calarcá Córdoba’ articula las comisiones armadas para consolidar su hegemonía territorial en Meta, Caquetá y Guaviare”. Asegura que se ha determinado que “las acciones ofensivas ordenadas directamente desde su nivel de dirección abarcan extorsiones continuas, desplazamiento forzado, graves delitos ambientales (deforestación) y ataques militares premeditados, configurando un nexo causal directo entre sus órdenes y la macrocriminalidad documentada”.
Por eso, le pidió al presidente Petro “que se revoque la calidad de miembro representante del ‘Estado Mayor Central FARC-EP’ al señor Alexander Diaz Mendoza con la que fue designado mediante la Resolución presidencial No 419 del 29 de diciembre de 2023, y en consecuencia se solicite la reactivación de las órdenes de captura que se han expedido en contra de dicho ciudadano”.
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