El 15 de septiembre de 2023, a las 11:51 de la mañana, María Alejandra Benavides recibió un correo electrónico que hoy es pieza fundamental en las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La remitente era su jefa Andrea Ramírez, la asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien estaba por fuera de su trabajo por una licencia de maternidad. El mensaje tenía, como archivo adjunto, una tabla de Excel que había elaborado Ramírez antes de ausentarse de su puesto de trabajo y que Benavides necesitaba para entender cómo debía moverse en el Congreso para obtener el visto bueno de los congresistas en proyectos que, en ese entonces, estaba tratando de sacar adelante el gobierno Petro.
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Ese documento es hoy una de las pruebas más importantes que tuvo en cuenta la Fiscalía para ordenar una compulsa de copias contra 28 congresistas que, como ocurrió en la Ungrd, serían los dueños detrás de estos proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Es decir, la justicia indaga un nuevo capítulo de corrupción en donde se le habría pagado a parlamentarios para aceitar su maquinaria política en el Legislativo, tal y como parece haber sido el caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo. La evidencia de cómo se habrían entregado esos contratos quedó explícitamente registrada en el archivo que Benavides le entregó al ente investigador cuando empezó a colaborar con la justicia.
El Espectador conoció el documento que Andrea Ramírez elaboró para llevar un minucioso registro de quiénes eran los congresistas beneficiados con cuál contrato, en dónde y cuál era su valor. Por ese cuadro de Excel, Andrea Ramírez fue indagada por la Fiscalía durante su interrogatorio hace un mes. Aunque María Alejandra Benavides fue quien entregó el documento y ha colaborado con información clave sobre este entramado de corrupción, quien tiene los detalles del capítulo del Invías es Andrea Ramírez. Por eso, la defensa de Benavides señaló en un comunicado de prensa que “es necesario precisar que no es cierto que María Alejandra Benavides sea testigo de cargo sobre presuntos hechos de corrupción en contra de los aforados constitucionales que allí se mencionan”.
Ramírez ya rindió una declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la que confirmó la existencia de esta matriz de contrato, pero explicó que solo se trataba de un asunto natural de la manera en que se manejan las relaciones entre el Congreso y el Gobierno. Esa explicación, sin embargo, no parece haber convencido a la Fiscalía, y ahora será la Corte Suprema la que determinará si esos 28 congresistas de las Comisiones Tercera y Cuarta de ambas cámaras del Congreso, eran los beneficiarios a la sombra de proyectos de obras de infraestructura.
Los contratos
El listado lo encabeza el presidente del Senado: Efraín Cepeda (Partido Conservador). De acuerdo con el documento conocido por El Espectador, Cepeda se habría beneficiado con dos contratos de obra que “ya salieron” en el municipio de Fortul (Arauca), por más de $26.075 millones. El primer convenio, según el archivo, se basó en un proyecto de mejoramiento y pavimentación mediante uso de nuevas tecnologías del tramo que conduce de Caño Flores a Sitio Nuevo, en ese municipio, por $12.292 millones. Y un segundo convenio, por $13.783 millones, tendría que ver con la construcción de pavimento flexible en la vía que conduce hacia la vereda Palmarito, también en Fortul. Este diario consultó al presidente de la cámara alta para conocer su opinión al respecto, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
En el cuadro que elaboró Andrea Ramírez hay más nombres y contratos. Por ejemplo, aparece el del expresidente de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur. En el caso del político del Partido Conservador, el cuadro registra un contrato en Cotorra (Córdoba), para la “construcción de pavimento rígido en la vía que conduce de la cabecera municipal hacia los caseríos”. Dicho convenio quedó registrado con el radicado SVR 32802, por $15.605 millones. Manzur también está bajo la lupa de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por presuntos acuerdos ilegales, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en el caso de la Ungrd. Pero hay más.
Dentro del archivo que ya fue enviado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema también aparecen otros nombres de conocidos congresistas investigados por el alto tribunal por su presunta participación en el esquema de corrupción de la Ungrd. Ese es el caso de la senadora del Partido Conservador, Liliana Bitar, quien se habría favorecido a través de una adición de $21.570 millones a un contrato para un proyecto de vías rurales en el municipio de San Pelayo (Córdoba). Lo mismo sucede con el senador del Partido Liberal, Juan Pablo Gallo. Según las pesquisas, el legislador estaría ligado a un convenio interadministrativo para el mejoramiento de concretos en la vía que conduce de Magangué a Achí (Bolívar), por un valor de $14.860 millones.
El exrepresentante a la Cámara por la Alianza Verde, Juan Diego Muñoz, es otro de los nombres que aparece como beneficiado con contratos. En su caso, hay dos: uno que “ya salió” y otro “nuevo”, ambos para obras en Boyacá. El primero, según consta en el cuadro, tenía como finalidad el “mejoramiento de la red terciaria del municipio de Saboyá a través de la construcción de tres tramos de placa huella”, por $3.065 millones. El segundo, que al parecer no se había ejecutado, estaba por $2.000 millones y buscaba el “mejoramiento de las vías terciarias en las veredas San Isidro y San Pedro en el municipio de Santana-Boyacá”. Muñoz es uno de los congresistas que también está en la lista de nombres que indaga la Corte Suprema por el escándalo de corrupción de la Ungrd.
En la información que entregó Benavides a la justicia también se menciona al senador del Partido Liberal, Juan Diego Echavarría. Según el archivo en poder del ente investigador, el congresista se habría beneficiado de dos contratos por $20.000 millones para la construcción de vías terciarias en los municipios de San Pedro de los Milagros y Angelópolis (Antioquia). También sobresale el nombre de Juan Carlos Garcés Rojas, senador del Partido de la U. Según la información que recibió la Fiscalía, el congresista, al parecer, se benefició de un contrato y una adición para un convenio de mejoramiento y rehabilitación de obras complementarias y vías secundarias y terciarias en el Valle del Cauca, que en total suman $31.000 millones.
Otro de los nombres que llama la atención es el de la representante Katherine Miranda. De acuerdo con el documento realizado por Ramírez, la representante de la Alianza Verde, junto a su copartidaria Olga Lucía Velásquez, estarían ligadas a un contrato por $20.000 millones para la terminación de un proyecto de mantenimiento de la vía Topaipí-Naranjal-Yacopi, en Cundinamarca. “No tengo ninguna relación con ninguna obra, ni me he reunido con funcionarios del gobierno para gestionar recursos. No he visitado municipios ni alcaldes con el propósito de agenciar proyectos”, señaló la representante sobre los señalamientos a través de su cuenta de X.
El senador Jose Alfredo Gnecco, miembro del investigado clan político del Cesar, aparece en el listado dos veces en contratos por un valor total de $18.000 millones. El primero de esos convenios está relacionado con unas vías veredales en Becerril (Cesar), y que tiene un valor de $12.000 millones. La segunda aparición del senador del Partido de la U en el listado tiene que ver con una adición de ese primer contrato por un valor de $6.000 millones. En Magdalena, departamento colindante al Cesar, aparecen tres contratos que estarían relacionados con la congresista del Partido Liberal Sandra Aristizábal. La representante a la Cámara, de origen quindiano, aparece como supuesta beneficiaria en las adiciones a contratos de vías en los municipios de Plato, El Banco y Nueva Granada por $6.050 millones.
Los congresistas Julián Peinado y Karina Espinosa, ambos pertenecientes al Partido Liberal, también se mencionan en el documento. Peinado, quien también es investigado por la Corte Suprema por sus menciones en el caso Ungrd, registra dos contratos que juntos sumarian más de $21.000 millones. El primero tiene que ver con la pavimentación de vías rurales en Envigado (Antioquia). Dicho convenio, que ya habría salido, tuvo un valor de $14.000 millones. El otro contrato, de $7.200 millones, tuvo lugar en el municipio de Tarso (Antioquia) para el mejoramiento de vías terciarias “mediante la construcción de 4km de placa huella en las veredas La Arboleda y Chaguaní”. Por su parte, Karina Espinosa también aparece en el archivo como presunta beneficiaria de un contrato de adición de $12.600 millones para el mejoramiento y pavimento asfáltico en la vía que de Varsovia conduce a El Delirio, en Sincelejo (Sucre).
Yamil Arana, el actual gobernador de Bolívar, también habría sido beneficiado con un proyecto de $11.000 millones para pavimentar la vía que comunica al municipio de Planeta Rica con el corregimiento de Providencia (Córdoba). Wilmer Castellanos, representante a la Cámara por Boyacá, habría tenido dos contratos para ese departamento. Uno que “ya salió”, por $3.920 millones, para mejorar una vía terciaria en Sutatenza; y otro de $3.969 millones, para mejoramientos en vías terciarias a cargo del Invías en el municipio de Sutamarchán. Se suma el senador Jairo Alberto Castellanos, de la Alianza Verde, con un contrato de $10.000 millones, que tiene por objeto “aunar esfuerzos para contribuir a la pavimentación del corredor vial troncal del Catatumbo: Astilleros-Tibú-La Gabarra”.
Entre otros nombres que verifican las autoridades judiciales está el de Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, congresista del Partido de la U, quien aparece en el listado con un contrato relacionado con el departamento de donde es oriundo: Norte de Santander. Ese convenio, que tenía un valor de $8.500 millones, tenía como propósito “el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el departamento de Norte de Santander del Programa Colombia Rural”, pero no hace precisión sobre qué municipios iban a ser beneficiados. Este convenio tuvo una adición por $5.400 millones, con la que también es relacionado Carrillo Mendoza. Ahora, la pelota está en cancha de la Corte Suprema de Justicia, la cual revisará estos nombres y determinará si existen méritos suficientes para vincular formalmente a los legisladores a una investigación.
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