El Estado colombiano fue condenado por su responsabilidad en los perjuicios ocasionados a cientos de víctimas de la avalancha que arrasó con parte del municipio de Mocoa (Putumayo) el 31 de marzo y 1 de abril de 2017. Según determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, las autoridades estaban advertidas del desastre que se avecinaba y no tomaron las medidas adecuadas para prevenirlo.
De acuerdo con el tribunal, hubo una falla en el cumplimiento de “los deberes constitucionales y legales de entidades del orden nacional, departamental y municipal”, lo cual contribuyó a la materialización de la tragedia que dejó más de 700 muertos. Además, como resultado del desastre, barrios enteros desaparecieron y hubo daños incalculables en viviendas e infraestructura del municipio.
Dentro de las autoridades que fueron demandadas están la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Ministerio de Ambiente, el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), CORPOAMAZONÍA, el Municipio de Mocoa y el Departamento del Putumayo.
En la decisión, que tuvo como ponente al magistrado Felipe Alirio Solarte, se resalta que distintas entidades contaban con estudios que advertían sobre los riesgos que había en la zona y que, a pesar de eso, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, el tribunal reconoció el derecho a la reparación de las víctimas, ordenando el pago de indemnizaciones por los daños sufridos.
Según se lee en el fallo condenatorio, las entidades demandadas tendrán que pagar COP 89.891 millones como indemnización, dentro de los próximos 10 días.
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