Estado explica porqué no asistió a la audiencia de la CIDH por el homicidio de Silvia Duzán
De acuerdo a la Defensa Jurídica del Estado, el asistir afectaría “la garantía al debido proceso de Colombia”.
Redacción Judicial
La Defensa jurídica del Estado informó los motivos por los cuales le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suspender la audiencia en la que se presentarían pruebas y argumentos en el caso por el homicidio de la periodista Silvia Duzán, ocurrido el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander).
La Defensa del Estado argumentó que desde el 20 de mayo del presente año elevó al solicitud ante la CIDH, bajo el argumento de que si se llevaba a cabo, “se afectaría la garantía al debido proceso de Colombia, pues conforme con el Reglamento de la CIDH sólo procede un pronunciamiento del Estado sobre el caso cuando los peticionarios han presentado de manera previa sus observaciones escritas al respecto”, y dijo el Estado, lleva esperando la llegada de dicho documento por cerca de dos años.
Así las cosas, indicó la Defensa del Estado, el primero de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a la solicitud del Estado y canceló la convocatoria de la audiencia, que tendría lugar en Santiago de Chile, en el marco de del 158º Periodo Extraordinario de Sesiones.
Precisó que frente al caso, “el Estado ha actuado conforme a las ritualidades establecidas en el reglamento de la CIDH” y que, por lo tanto, ha cumplido con todas sus obligaciones. A raíz de la inasistencia, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), señaló en los micrófonos de Rcn radio que “ante la impunidad y la inoperancia de la justicia interna en Colombia existe una gran expectativa sobre la justicia internacional”.
La Defensa jurídica del Estado informó los motivos por los cuales le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suspender la audiencia en la que se presentarían pruebas y argumentos en el caso por el homicidio de la periodista Silvia Duzán, ocurrido el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander).
La Defensa del Estado argumentó que desde el 20 de mayo del presente año elevó al solicitud ante la CIDH, bajo el argumento de que si se llevaba a cabo, “se afectaría la garantía al debido proceso de Colombia, pues conforme con el Reglamento de la CIDH sólo procede un pronunciamiento del Estado sobre el caso cuando los peticionarios han presentado de manera previa sus observaciones escritas al respecto”, y dijo el Estado, lleva esperando la llegada de dicho documento por cerca de dos años.
Así las cosas, indicó la Defensa del Estado, el primero de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a la solicitud del Estado y canceló la convocatoria de la audiencia, que tendría lugar en Santiago de Chile, en el marco de del 158º Periodo Extraordinario de Sesiones.
Precisó que frente al caso, “el Estado ha actuado conforme a las ritualidades establecidas en el reglamento de la CIDH” y que, por lo tanto, ha cumplido con todas sus obligaciones. A raíz de la inasistencia, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), señaló en los micrófonos de Rcn radio que “ante la impunidad y la inoperancia de la justicia interna en Colombia existe una gran expectativa sobre la justicia internacional”.