El 21 febrero de 2005, uniformados del Ejército llegaron a las veredas La Resbalosa y Mulatos, del municipio de San José de Apartadó (Antioquia), en compañía de paramilitares del bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas. La justicia tiene claro hoy que los militares presenciaron y no evitaron el asesinato del líder comunal Luis Eduardo Guerra, de su esposa Beyanira Aleiza, de su hijo de 11 años, Deyner Andrés; así como de Alfonso Tuberquia, su esposa, Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, y de Alejandro Pérez, jornalero de la finca. Por estos hechos, y por orden del Consejo de Estado, el Gobierno realizará un acto de perdón en el municipio este sábado.
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En ese fallo, la Sección Tercera del alto tribunal explicó que la condena se daba “a título de falla en el servicio, por cuanto miembros del Ejército Nacional, en un claro desconocimiento de sus deberes legales y constitucionales, omitieron tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. Por eso, a las 10:00 de la mañana de este sábado 28 de septiembre , en el Salón Comunal del municipio, están citados los familiares de las víctimas para recibir las excusas públicas que ordenó la sentencia desde 2015, cuando encontró responsable de la masacre al Ejército y, por ende, a la Nación.
Para esclarecer lo sucedido en 2005 fueron vitales los testimonios de varios desmovilizados del Héroes de Tolová, al mando de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quienes confesaron que para cometer esta masacre contaron con la “colaboración” de casi 300 soldados adscritos al Batallón Contraguerrilla No. 33, Cacique Lutaima, de la Brigada XVII del Ejército. Los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso y el propio Don Berna han dicho en sus declaraciones ante Justicia y Paz que la ayuda brindada por las Fuerzas Armadas fue esencial para llevar a cabo la masacre de San José de Apartadó.
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Así, tras una conciliación, el Estado reconoció en 2015 su responsabilidad en el crimen, que se agrava porque la Comunidad de Paz de Apartadó cuenta con medidas de protección que ordenó en su favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual Colombia se comprometió a reparar a las víctimas de manera económica y simbólica. Cuatro años después, se anunció que el acto de reparación, que encabezarán el Ministerio de Defensa y el Ejército, se llevará a cabo esta semana.
En el municipio deberán ocurrir dos cosas, según ordenó la sentencia: por un lado, ofrecer disculpas y repudiar la masacre que tuvo lugar en febrero de 2005, “con el compromiso contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder” y, por otro, construir una placa con los nombres de las siete víctimas reconocidas judicialmente. La familia de la octava persona que murió en la masacre, Beyanira Aleiza, no participó de la demanda, por lo que no fueron reconocidos como víctimas.
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Los abogados de quienes murieron en este atroz hecho, de la firma Javier Villegas Posada, le contaron a este diario que esta es una de las muchas dilaciones que ha sufrido el proceso, pues dicen que han encontrado dificultades en la forma en que el Ministerio de Defensa vigila las sentencias y órdenes judiciales en su contra, lo que hace todo más “complejo”. Por ejemplo, según supo este diario, a hoy el gobierno no ha pagado la indemnización a la que se comprometió.
Por estos hechos, ya la Corte Suprema de Justicia condenó al coronel (r) Orlando Espinosa Beltrán, al mayor (r) José Fernando Castaño López, a los sargentos (r) Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla Petro; y a los cabos (r) Ricardo Bastidas Candia y Sabaraín Cruz Reina. Según el alto tribunal, “es indiscutible” la colaboración que pactaron autodefensas y militares para cometer este crimen.
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Recién ocurrida la masacre, el entonces presidente Álvaro Uribe dijo que la comunidad de San José de Apartadó tenía relaciones con la guerrilla y, precisamente buscando guerrilleros fue que llegaron lo paramilitares a las casas de los Guerra y los Tuberquia. La justicia, sin embargo, le dio la razón a las víctimas y hasta la Corte Constitucional ordenó una “retractación frente a las acusaciones realizadas contra la comunidad” durante la administración Uribe, la cual realizó su sucesor, Juan Manuel Santos, en 2013.
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Por Redacción Judicial
