Estado pide perdón por negligencias en caso de desplazamiento forzado

“La situación de desplazamiento provocó que mi familia y yo viviéramos en condiciones sociales y económicas de precariedad”, dijo Nicolasa, este lunes, luego de que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad por no investigar ni haber reparado su desplazamiento forzado que vivió, junto a sus familiares, en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, en el año 2000. (Le sugerimos: Los caminos del desplazamiento forzado)

En el acto, realizado en Cartagena (Bolívar), el Estado también pidió perdón por no investigar, con la debida diligencia, la violación al derecho a la integridad personal de Nicolasa y las amenazas que recibió por su labor como lideresa y defensora de los derechos de las mujeres, en el marco del conflicto armado interno. Este acto se realizó en cumplimiento de un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En dicho convenio, denominado Acuerdo de Solución Amistosa y suscrito el 5 de septiembre de 2017, el Estado pactó medidas de satisfacción, garantías de no repetición y medidas en materia de justicia con el propósito de garantizar la reparación integral de las víctimas. Precisamente, dentro de las medidas acordadas se encontraba la realización del acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado y pedido de perdón. (Lea también: ONU alerta del desplazamiento de más de 400 personas en Nariño)

El acto fue presidido por la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, y contó con la participación de autoridades, víctimas y familiares. Entre ellos se encontraban representantes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Corporación Sisma Mujer, la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –en su calidad de representantes de las víctimas– y organizaciones de derechos humanos de la región.

Nicolasa tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos. “Ha sido la fuerza de la fe y la esperanza de salir adelante con el apoyo de mi familia que nos ha llevado a ser cada día mejor”, comentó. De acuerdo con el Cejil, el Estado igualmente reconoció que las personas desplazadas se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad y situación de riesgo, por lo que requieren una atención especial. (Le podría interesar: Fiscalía identifica a presuntos responsables del homicidio de tres líderes sociales)

Según cifras del Registro Único de Víctimas, citadas por Cejil, 7,3 millones de personas en Colombia han sido víctimas de desplazamientos provocados por el conflicto armado interno, entre 1985 y 2018. “Se espera que la medida contribuya a la reconstrucción de la verdad histórica y a una mayor concientización de la sociedad e instituciones colombianas sobre la necesidad de atender a los reclamos de las personas desplazadas internamente”, afirmó el Cejil.

“La situación de desplazamiento provocó que mi familia y yo viviéramos en condiciones sociales y económicas de precariedad”, dijo Nicolasa, este lunes, luego de que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad por no investigar ni haber reparado su desplazamiento forzado que vivió, junto a sus familiares, en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, en el año 2000. (Le sugerimos: Los caminos del desplazamiento forzado)

En el acto, realizado en Cartagena (Bolívar), el Estado también pidió perdón por no investigar, con la debida diligencia, la violación al derecho a la integridad personal de Nicolasa y las amenazas que recibió por su labor como lideresa y defensora de los derechos de las mujeres, en el marco del conflicto armado interno. Este acto se realizó en cumplimiento de un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En dicho convenio, denominado Acuerdo de Solución Amistosa y suscrito el 5 de septiembre de 2017, el Estado pactó medidas de satisfacción, garantías de no repetición y medidas en materia de justicia con el propósito de garantizar la reparación integral de las víctimas. Precisamente, dentro de las medidas acordadas se encontraba la realización del acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado y pedido de perdón. (Lea también: ONU alerta del desplazamiento de más de 400 personas en Nariño)

El acto fue presidido por la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, y contó con la participación de autoridades, víctimas y familiares. Entre ellos se encontraban representantes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Corporación Sisma Mujer, la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –en su calidad de representantes de las víctimas– y organizaciones de derechos humanos de la región.

Nicolasa tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos. “Ha sido la fuerza de la fe y la esperanza de salir adelante con el apoyo de mi familia que nos ha llevado a ser cada día mejor”, comentó. De acuerdo con el Cejil, el Estado igualmente reconoció que las personas desplazadas se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad y situación de riesgo, por lo que requieren una atención especial. (Le podría interesar: Fiscalía identifica a presuntos responsables del homicidio de tres líderes sociales)

Según cifras del Registro Único de Víctimas, citadas por Cejil, 7,3 millones de personas en Colombia han sido víctimas de desplazamientos provocados por el conflicto armado interno, entre 1985 y 2018. “Se espera que la medida contribuya a la reconstrucción de la verdad histórica y a una mayor concientización de la sociedad e instituciones colombianas sobre la necesidad de atender a los reclamos de las personas desplazadas internamente”, afirmó el Cejil.